Durante la tarde del lunes y junto a la senadora independiente Fabiola Campillai, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció la presentación de suma urgencia al proyecto de ley que establece una amnistía para los denominados ‘presos del estallido social’ que apuraría su tramitación legislativa en el Congreso Nacional.

La iniciativa parlamentaria impulsada por el actual oficialismo aún está en primer trámite en el Senado, despachada por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta días antes del receso del anterior período legislativo. No obstante, aún no ha sido puesta en tabla por parte del presidente de la corporación, Álvaro Elizalde y, en ese contexto, la suma urgencia presentada por el Ejecutivo permitirá que en 15 días el proyecto se despache a la Cámara de Diputadas y Diputados para seguir avanzando al segundo trámite constitucional.

Sin embargo, la falta de votos que permitan aprobar la iniciativa ha sido una constante en la tramitación del proyecto y, en ese sentido, el senador independiente y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Pedro Araya, aseguró que “el anuncio del Gobierno nos tomó por sorpresa”, ya que la presentación de suma urgencia no fue conversada con senadores de centro izquierda, donde hay parlamentarios que son reacios a apoyar el proyecto de ley.

“Habiendo respaldado la decisión de La Moneda, me sorprendió lo que hizo el Gobierno porque todos sabemos que el proyecto de amnistía, incluso en la centro izquierda, no genera consenso y no estaban los votos para aprobarlo”, señaló Araya, y precisó que “aún cuando se lograra alinear a todos los senadores y senadoras de centro izquierda, se necesitan los votos de senadores y senadoras de derecha para aprobar esta iniciativa”.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado aseguró que, a su juicio, el anuncio realizado por el ministro Giorgio Jackson es bastante complejo, debido a la falta de votos que impedirían el avance legislativo de la iniciativa parlamentaria, salvo que el titular de la Secretaría General de la Presidencia haya realizado un trabajo pre legislativo sobre este proyecto o conversado con parlamentarios de la centro derecha para reunir los votos faltantes. “He podido conversar con otros colegas y, hasta donde sabemos, ellos no están disponibles a apoyar la iniciativa. Entonces nos parece que puede ser un paso en falso que ha dado el Gobierno respecto a colocarle urgencia a este proyecto”, manifestó Araya.

En esa línea, el senador por la Región de Antofagasta sostuvo que “el ministro Giorgio Jackson tiene una tremenda responsabilidad de sacar adelante este proyecto”, ya que la decisión no fue previamente comunicada a los senadores de la centro izquierda para analizar el escenario proyectado por el Ejecutivo. Además, Araya aseguró que lo más prudente para avanzar en el trámite legislativo “era que el Ministerio de Justicia asumiera un rol mucho más activo y pudiéramos consensuar con el Gobierno algunas modificaciones que le dieran viabilidad política”, y agregó que la presentación de la suma urgencia reflejó un apuro “sin saber si tienen los votos”.

Y al referirse al uso desproporcionado de la prisión preventiva, que supera los dos años en muchos casos de los ‘presos de la revuelta’, el senador Pedro Araya reconoció que “el estallido social, entre otras muchas cosas, develó el mal funcionamiento del sistema penal en Chile” ya que, con la aprobación de la Reforma Procesal Penal, se estableció que la prisión preventiva era una norma excepcional que no sería utilizada frecuentemente porque las investigaciones serían rápidas para que las personas imputadas accedieran a un juicio en un plazo razonable. Una aplicación de la normativa que no cumple con su misión original y que reflejaría la necesidad urgente de modificar al Ministerio Público.

“Lo que ocurrió con los presos de la revuelta es lo que le pasa hoy día a miles de personas que pasan por el sistema penal, que están en prisión preventiva durante largo tiempo y después son absueltas. Más allá de la discusión respecto del uso abusivo de la prisión preventiva, debe haber una discusión más de fondo que tiene que ver con el sistema de persecución penal y si el Ministerio Público está cumpliendo o no la función para la cual fue creado. Yo soy de los convencidos que al Ministerio Público, hoy día, hay que modificarlo absolutamente”, subrayó Araya.

Abogado de la Defensoría Popular: “Es un error porque esa ley no beneficia a todas las personas que están involucradas”

Por su parte, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, sostuvo que la presentación de suma urgencia al proyecto de amnistía por parte del Ejecutivo “es un error porque, como está planteada, esa ley no beneficia a todas las personas que están involucradas”, y señaló que la falta de votos generaría un problema político que podría significar el rechazo del proyecto en el Senado.

“Se verá por la sociedad chilena que las personas que están involucradas y perjudicadas por estos procedimientos tienen irreprochable conducta anterior y derecho al beneficio de esta amnistía, pero ya han pasado más de dos años en reclusión y hay una desesperación por parte de los familiares, sobre todo porque se dijo que las soluciones serían en marzo, pero ya finaliza el mes, y no creo que las soluciones sean en marzo de este año”, manifestó Morales.

Lorenzo Morales

Al referirse al retiro de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado por parte de la actual Administración, Morales aseguró que “fue un gesto importante y se valoró como un gesto” y sostuvo que actualmente “estamos contra el tiempo, porque ya han pasado años y muchos que están en prisión preventiva y efectiva podrían optar a algún tipo de beneficio, pero tampoco se han dado gestos en ese sentido”.

En la misma línea, el abogado de la Defensoría Popular aseguró que muchas familias de los ‘presos del estallido social’ conversaron con autoridades del Gobierno y aún esperan una respuesta, y lamentó que las personas protagonistas de los procesos políticos que vive el país “se han olvidado de los presos y, en términos políticos, es una desazón, porque aquí se han vulnerado derechos fundamentales para muchos de los imputados y condenados”.