La Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto a otras organizaciones sociales que luchan a favor de la liberación de los presos políticos en el marco del fenómeno conocido como Estallido Social, interpelaron directamente al Estado a través de un declaración pública en la que, entre otras cosas, exigen el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de DDHH y el indulto a los presos.

Los familiares de presos políticos de “la revuelta”, quienes también se suscriben a estas demandas, se dirigieron principalmente al Poder Ejecutivo para que sea el portavoz de la renovación urgente del Proyecto de Ley sobre Indulto General, el cual aún está en trámite constitucional en el Senado.

En el mismo punto en que se dirigen al poder otorgado al Presidente de la República, solicitan el retiro de todas las querellas interpuestas por el Gobierno. Además, indicaron que en coherencia de lo anterior, el Ejecutivo debe reconocer “que la prisión fue utilizada por la administración anterior como una herramienta de castigo dentro de una política de persecución a la disidencia, con el firme propósito de desincentivar la protesta social”.

De la misma manera, interpelan al Ministerio Público y al Poder Judicial a acelerar las investigaciones y a dictar prontas sentencias. En la declaración se destacó que son muchos los presos políticos que al día de hoy, llevan más de dos años en calidad de formalizados sin que se haya dictado sentencia en juicio, incluso, la gran mayoría se encuentra bajo la medida cautelar más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico, como es la prisión preventiva.

Asimismo, se dirigen al Poder Legislativo para que con celeridad se tramite la mencionada Ley de Indulto y vote a favor de ésta. “El drama de cientos de familias chilenas no puede ser utilizado como “moneda de cambio” ni como elemento de negociación con el Gobierno por parte de sus opositores”, afirmó el comunicado.

A su vez, la Comisión Chilena de DDHH condenó en la misma declaración el Proyecto de Resolución N°19 votado por la Cámara de Diputados y Diputadas, en la cual expresa la preocupación y rechazo por la urgencia que presentó el presidente, en cuanto a la discusión del proyecto de ley que concede Indulto General.

En esa misma línea, las organizaciones advirtieron que “una actitud pasiva” de los poderes del Estado frente a lo declarado, “significaría contribuir a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de octubre de 2019, que de acuerdo a la legislación penal nacional e internacional constituyen crímenes de lesa humanidad”.