En el marco de la votación del informe de la Comisión de Medio Ambiente en el Pleno de la Convención Constitucional, expertos y organizaciones relacionadas con la agricultura y la nutrición, destacaron los aspectos positivos y negativos de instalar una soberanía alimentaria en el país. 

Hace algunos días se aprobó con 109 votos el Artículo 17 del borrador de la nueva Constitución, el cual estipula que: “Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables”.

El principio de soberanía alimentaria no es un concepto que sea nuevo en el debate del desarrollo agrícola del país, pero sí es un principio que a raíz de la crisis inflacionaria que vive Chile hoy, se está tomando con mayor seriedad.

El Ministerio de Agricultura anunció en abril la creación del Comité de Seguridad y Soberanía Alimentaria, con el fin de buscar la participación de distintos estamentos tales como el Banco del Estado y el Ministerio de Hacienda.

El senador de la Región de Los Ríos, Iván Flores, tan solo al paso de unos días de haberse anunciado la creación de la comitiva, solicitó que se convocara lo más pronto posible debido al “demoledor informe del Banco Mundial que advierte sobre una catástrofe humanitaria si no se adoptan medidas a la brevedad”, según detalló el parlamentario.

De acuerdo con el Banco Mundial, los precios de los alimentos se podrían incrementar en un 37%, alza que cada vez es más reconocible en los precios de alimentos de la canasta básica tales como aceite, huevos, pollo, tomate, carne de vacuno, pastas, entre otros. Además, el último informe del Índice de Precios al Consumidor del INE detalló que en doce meses la presión inflacionaria escaló a 10,5%, su mayor aumento desde 1994, superando las expectativas del Banco Central, que estimaba un aumento de 4%.

Cabe destacar que los productos que reflejaron un mayor aumento en sus precios son los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Para la representante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), Francisca Rodríguez, lo principal para comenzar el debate es aclarar que “la seguridad alimentaria es garantizada por la soberanía alimentaria y quienes garantizan esa soberanía son los campesinos y campesinas”.

En ese sentido, Rodríguez expuso que esta instancia debe ser con los actores indicados, ya que se debe tomar en cuenta a quienes producen los alimentos y enfrentan los mayores problemas, como es el caso de pequeños y no tan pequeños agricultores y agricultoras nacionales. Además, alertó que el objetivo de la amplia participación de aquel espacio, es asegurar que no se convierta en una “comisión para la exportación”.

“No estamos en contra del comercio internacional, no estamos en contra de las exportaciones que se requieran, pero primero es la alimentación del país”, aclaró la representante de Anamuri.

Soberanía alimentaria y tratados de libre comercio

La preocupación del sector económico, radica en que la implementación de una soberanía alimentaria, puede significar mayores alzas en el precio de los artículos de primera necesidad y en otros también, porque sostienen que los productos obtenidos gracias a la importación suelen ser de menor valor que aquellos de origen nacional.

En ese sentido, el temor se funda a partir de la idea de que al priorizar la producción y distribución nacional de alimentos, pueden verse afectados los acuerdos internacionales en relación a la exportación de las materias primas chilenas, como lo son los tratados de libre comercio con la Unión Europea, por ejemplo. 

El economista y académico de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón, definió la propuesta de soberanía alimentaria como una medida perjudicial para la economía. El experto ejemplificó y cuestionó que “si otro país nos vende naranjas a un menor precio, ¿vamos a preferir las naranjas que se producen aquí y que son más caras?, al final el precio lo pagan los chilenos y chilenas”.

Además, Alarcón sostuvo que los tratados de libre comercio y todo acuerdo que se genere en función de la globalización, son esenciales para eliminar las barreras de exportación, impulsar las reformas internas, aumentar la competitividad industrial y contribuir al aumento de la productividad económica.

Por otro lado, la economista experta en políticas de desarrollo agrícola, Marcela Vera, cuestionó los tratados de libre comercio en función de los avances que aportan al país. “Sin duda, generan desigualdad y quiebre de empresas nacionales”, declaró la especialista y agregó que en cuanto a sus beneficios “éstos se han concentrado en las grandes trasnacionales del país”.

En relación al mismo debate, Vera expuso que someter la soberanía alimentaria y en general la soberanía nacional a los tratados comerciales es un error que ha generado la actual estructura productiva chilena.

“El resultado de generar un plan nacional que de verdad fortalezca el sector agrícola, será la distribución de las ventas de mejor forma y sustentabilidad a la alimentación que hoy está en alto cuestionamiento”, manifestó la actual consultora senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

De la misma manera, Joao Intini, Oficial en Políticas y Sistemas Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, comentó que aquellos países que miran los factores económicos por encima de la preocupación del bienestar de la población, tienen el reto de generar políticas públicas que puedan incidir en el desarrollo del mercado y así solventar los problemas en materia de nutrición.

El reto chileno se enmarca en un contexto de mala nutrición, especialmente en la población más vulnerable, como lo son los niños, niñas y adolescentes. El último Mapa Nutricional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), reveló que el 54% de los menores en el país tiene una malnutrición en exceso, derivada de la falta de control alimentario en las instituciones educativas y resultado del encierro durante la pandemia del Covid-19.

Según planteó Intini, Chile es un ejemplo de un modelo agroalimentario que privilegia el mercado exterior y no logra alimentar adecuadamente a su población. Por lo tanto, expresó la disposición de la FAO de ser parte del Comité de Seguridad y Soberanía Alimentaria propuesto por las autoridades del Gobierno y el Parlamento.

La crisis del sector agrícola

El Estado de Chile está en deuda con el sector agrícola en distintos sentidos. Uno de los factores más críticos es la falta de innovación en la industrialización, en función de renovar las herramientas que van en beneficio de la productividad. Y otro factor, tiene que ver con el desabastecimiento de semillas que denuncian desde la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.

La experta en desarrollo agrícola, Marcela Vera, señaló que las políticas públicas en relación a la sustentabilidad de la agricultura chilena, no tienen que pertenecer a un gobierno, sino que deben tener una trayectoria e impacto mayor.

La pandemia del Covid y la crisis inflacionaria mundial producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores, no sólo incrementó los precios de las materias primas de las y los agricultores del país, sino que también aumentó los desafíos productivos, competitivos y de sostenibilidad.

Por su parte, Franscisca Rodríguez comentó que los mencionados países europeos son responsables de un cuarto de la producción de trigo mundial, mientras que “el granero de América Latina que era Argentina, hoy en día está lleno de soja y el granero de Chile está lleno de pino y eucalipto”.

“La crisis que se viene frente al grano, a lo que significa para los chilenos lo básico, que es el consumo de pan y harina, va a ser tremendo”, afirmó la activista. En ese sentido, Rodríguez expuso que las grandes empresas han acaparado las semillas, lo cual se ve reflejado en el desabastecimiento de esta materia prima de las campesinas y campesinos.