En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, abordó la gestión del Gobierno en materia de derechos humanos y las medidas anunciadas y otras reafirmadas por el presidente Gabriel Boric en la primera Cuenta Pública a la nación. Políticas en las que trabajará el Ejecutivo que fueron valoradas por el jurista, no obstante criticó la ausencia de medidas concretas en torno al avance de la justicia por las graves vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. Además consideró pendiente el compromiso adoptado por el mandatario en período de campaña sobre la denuncia que realizaría contra el expresidente Sebastián Piñera y otros presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, ante los Tribunales Internacionales.
Evaluando la Cuenta Pública, el presidente de la CCHDH, destacó el anuncio de un proyecto de ley de protección de defensores de derechos humanos, considerando que el organismo levantó una denuncia ante la ONU por las graves y sistemáticas vulneraciones que han perpetrado Carabineros hacia sus defensores y defensoras, las que se concentran en el año 2020, pero que han continuado bajo esta administración, particularmente en el pasado 1 de mayo.
“Lamentablemente nosotros, particularmente nuestras defensoras de derechos humanos han sufrido permanentemente la represión por parte de las fuerzas policiales de manera que nos parece muy adecuado que se dicte un cuerpo normativo que resguarde debidamente los derechos de los derechos humanos en el ejercicio de su función”, señaló.
Por otro lado, consideró relevante el anuncio de una mesa de reparación integral encabezada por la senadora Fabiola Campillai en la medida que responde “a la obligación que contrae todo Estado después de un período de violación de derechos humanos, como ocurrió en Chile durante el estallido social”, señaló.
Asimismo, y con particular énfasis, Margotta recogió el plan nacional de búsqueda de los detenidos desaparecidos de la dictadura anunciado por el Gobierno, sosteniendo que “es una inmoralidad que después de 32 años de transición permanezcan en la condición de detenidos desaparecidos 1.201 chilenos y chilenas”.
Por lo demás, señaló que “la recomendación y la demanda de la búsqueda de los detenidos desaparecidos ha sido permanentemente representada por los distintos organismos de derechos humanos internacionales, como el Comité de Detenciones Forzadas de Naciones Unidas, que en estos 32 años de transición ha pedido y demandado a los distintos gobiernos que el Estado chileno cumpla con la obligación internacional de encontrar a los detenidos desaparecidos“.
Ahora bien, con respecto al anuncio de una agenda integral de verdad, justicia y reparación, Margotta consideró necesario abundar en el detalle de las medidas concretas por parte del Ejecutivo, sobre todo con respecto a los temas de verdad y justicia, destacando que “hasta hoy sólo nueve agentes del Estado están condenados por violaciones a los derechos humanos, no obstante ninguno está cumpliendo una pena privativa de libertad”.
En esa línea, aseveró que el gran pendiente de la Cuenta fue el cómo se buscará hacer justicia frente a los graves crímenes de derechos humanos cometidos en el estallido social, “muchos de los cuales fueron constitutivos crímenes contra la humanidad, que están sancionados por la comunidad internacional y que deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional atendido a que se dan los requisitos que establece el Estatuto de Roma para que la instancia conozca, juzgue y sancione a los autores de estos graves crímenes“, indicó.
Es por esto que la CCHDH en conjunto a tres organismos internacionales presentó una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional en abril del 2021, contra los altos responsables de los crímenes cometidos, entre ellos el ex presidente Sebastián Piñera. Considerando los anuncios de Boric en período de campaña, el abogado consideró esperable que el Mandatario se sume a la acusación que está en manos de la Fiscalía de la CPI.
“Nosotros esperaríamos que el Estado de Chile se hiciera parte en el proceso que se inició ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional y que el Presidente Gabriel Boric cumpliera su promesa de campaña ¿Por qué? Porque no han variado las condiciones, no hay justicia en nuestro país y por lo tanto esto habilita las víctimas a tratar de obtener justicia ante las instancias internacionales tal como lo establecen los requisitos del estatuto Roma respecto de la competencia de la Corte Penal Internacional, entonces esta es una deuda pendiente de la que lamentablemente no vimos ningún anuncio”, sostuvo.
“Presos del estallido”
Abordando el proyecto de Amnistía de los llamados presos del estallido social, un punto al cual no se refirió el Presidente Boric en la Cuenta Pública pero sí algunos secretarios de Estado, quienes anunciaron la pronta presentación de un proyecto de ley alternativo al Congreso Nacional, el jurista indicó que la CCHDH fue consultada por el Gobierno sobre las temáticas a abordar en esta iniciativa, ante lo cual consideró indispensable una política que aplique, sin excepción, a todos los “presos de la revuelta” y que los fundamentos del proyecto alternativo “tenga a considerar el estallido social como contexto social y político que tuvo como marco la ocurrencia de los hechos que llevaron al encarcelamiento de cientos de jóvenes chilenas y chilenos”.
