Fue tras la votación de la segunda propuesta de la comisión de Normas Transitorias que el pleno de la Convención resolvió terminar con el Senado en marzo de 2026 y, por tanto, con el mandato de dichas autoridades, incluyendo con el de aquellos que fueron electos en 2021.
Asimismo, se estableció -a modo compensatorio- que los legisladores podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que se realizará en noviembre de 2025, es decir, podrán ser parte del nuevo Parlamento.
Sin embargo, este hecho no fue bien recibido por senadores del oficialismo, especialmente desde Partido Socialista, quienes acusaron al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, de estar “más preocupado de la destrucción de instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país”. Todo esto, mientras se discutía una nueva prórroga del estado de excepción para las regiones de la Araucanía y el Biobío.
De hecho, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tuvo que salir al paso de las críticas, descartando que fuera responsabilidad del Ejecutivo las decisiones de la Convención Constitucional.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, respaldó la determinación del órgano constituyente y comentó que “me parece que era parte de uno de los escenarios absolutamente factibles y en particular aquellos y aquellas que fuimos electos en la elección parlamentaria de 2021 sabíamos que era parte de las posibilidades, porque nuestra elección era con el telón de fondo del trabajo de la Convención Constitucional para la redacción de un texto borrador”.
En ese sentido, la también exministra de la Mujer dijo que “si queremos dar cuenta de un país que hace cambios en su institucionalidad para promover una institucionalidad legislativa más moderna, lo mínimo es que pueda partir todo desde una misma fecha en adelante, con las mismas reglas del juego que sería la nueva Constitución”.
“Es poco entendible para la gente que los senadores duren el doble de tiempo que los diputados y las diputadas, que además se renueve la mitad cada cuatro años. Entonces esos detalles son poco comprensibles y se han transformado también en una situación que lo que hacen es mantener ciertas miradas menos proclives al cambio”, complementó.
También la legisladora consideró como complejos los cuestionamientos al interior del oficialismo tras esta determinación, señalando que “creer que alguien tiene una tecla que digita cada uno de los procesos que se discuten al interior de la Convención me parece que no es justo, ni con el ministro Jackson ni con nadie del Ejecutivo, pero tampoco con las fuerzas representadas en la Convención. Yo creo que aquí hay un enojo, una molestia por parte de varios senadores y senadoras porque se ha determinado que el Senado tal cual lo conocemos hoy no va a continuar funcionando”.
Incluso advirtió que “esa molestia está tiñendo las opiniones, los sentires, las apreciaciones y no me cabe la menor duda que también está tiñendo las votaciones que se puedan estar dando en este minuto en el Congreso”.
Desde esa perspectiva, apuntó que “me parecería una postura muy poco conveniente, por no compartir -que puede ser legítimo- la decisión de la Convención Constitucional termine no valorando en su mérito proyectos de ley e iniciativas legislativas que estén en tu línea de expectativas políticas que presente el gobierno por estar enojado porque la Convención resolvió algo que te afecta a ti directamente, porque es la pérdida de tu espacio como senador o senadora”.
“Creo que no es lo que la ciudadanía espera, espera que sus parlamentarios y parlamentarias tengan en el norte de sus decisiones lo mejor para el país, el sentido y el bienestar común y no si acaso estoy o no en tal o cual espacio de decisión después de 2026”, expresó.
En cuanto la posibilidad de que este hecho pueda marcar un punto de inflexión en la convivencia dentro del oficialismo, sostuvo que “habrá que tener más espacios de conversación. Siempre he dicho que procesemos nuestras diferencias en el marco de la conversación política de los actores involucrados y, en este caso, las fuerzas políticas con sus directivas de partido y con sus representaciones parlamentarias antes que estarnos mandando recados por la prensa”.
Por otra parte, sobre la discusión que ha concitado el proyecto presentado por senadores DC e independientes para reducir el quorum a 4/7 para modificar la actual Constitución, Pascual planteó que “cualquier reforma constitucional que se haga hoy día, que muestre cualquier ánimo de cambio o cualquier ánimo que no quisiste mostrar durante los 30 años anteriores, se llega tarde ¿Por qué hoy día cambiamos los supra quorum y no se hizo en 2019, en 2018, en 2015, en 2005, en 1993? Son medidas que llegan tarde porque hay un proceso constitucional andando”.
“Estamos a muy poquitos meses de que esto termine, con un plebiscito el 4 de septiembre. Por lo tanto, generar ese tipo de alternativas es solo abrir espacio a una alternativa que no existe hoy por el momento, que es la tercera alternativa, el ‘Plan B’ como le han querido llamar algunos. Es como mostrar una voluntad de cambio que en rigor no se había tenido si es que no estuvieras presionado por la Convención”, apuntó.
Sobre la norma aprobada por la Convención en torno a la aplicación de este quorum, junto con un mecanismo de referéndum ratificatorio, dijo sorprenderle “cómo la palabra democracia y antidemocracia se ocupa con tanta facilidad para justificar tu opinión y no como una calificación objetiva del proceso. Si me conviene es democrático, sino, digo que es antidemocrático”.
“Creo que desde esa perspectiva me imagino que fue la mejor mayoría posible la que logró establecer un quorum de modificación en los 4/7, sé que había posturas distintas, lo vimos todos los chilenos y chilenas que hemos estado siguiendo el proceso de debate de la Convención, y estoy muy esperanzada de que la alternativa de Apruebo pueda ganar el 4 de septiembre y que, por la tanto, el texto que conocemos sea Constitución, pueda instalarse y que efectivamente los 4/7 no sean luego una modalidad que antes de que se instale lo que se ha ratificado pueda no respetarse la voluntad de la ciudadanía”, comentó.