Abandono y relajo son los dos elementos que pone en la mesa el gobernador de la Región de Arica y Parinacota Jorge Díaz, a la hora de evaluar la presencia de integrantes de bandas criminales con lazos internacionales como la que fue desbaratada por las policías en conjunto con el Ministerio Público durante la semana en la “puerta norte” de Chile.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la autoridad señala que hubo un descontrol cuando se decretó el cierre de fronteras a raíz de la pandemia del Covid 19, lo que permitió el ingreso irregular de centenares de personas por pasos irregulares.
“Nosotros atribuimos esta situación al relajo que hubo y al abandono del Estado, a este vacío de decisión que existió desde el nivel central respecto de las fronteras”, comenta Díaz al hacer un balance.
“Cuando comenzó la pandemia y se cerraron los pasos fronterizos de Chacalluta y Chungará, hubo una gran cantidad de pasos fronterizos no habilitados irregulares donde ingresaban miles y miles de personas al país sin ningún control, sin ningún registro, sin revisar ningún antecedente y la inmigración dejó de ser selectiva. Y eso provocó que también entraran personas que tenían antecedentes penales, que tenían prontuario y también no solamente tráfico de personas sino que de armas, de drogas, de trata de blanca y otras más”, agrega el gobernador.
Para el representante, “hora que vemos que se desbarata esta banda con 18 imputados, entendemos con claridad que ahí existió una falla enorme porque 17 de ellos son extranjeros indocumentados que ingresaron por pasos irregulares al país. Eso es lo que no debemos permitirnos nunca más, que esta situación ocurra y que no se ponga control ni atajo de manera oportuna”.
En el operativo en el Cerro Chuño de Arica, se detuvo a 18 personas. 17 ingresaron por pasos no habilitados según las autoridades.
Los desafíos de una nueva estrategia
En esa zona del país, la frontera es inhóspita y permeable desde Perú y Bolivia. Con ambos países se comparte una línea de separación que es casi igual a la distancia que existe entre Santiago y Temuco, o de toda la extensión a lo largo de España precisa el gobernador de Arica y Parinacota.
“Pero no porque la frontera tenga características geográficas difíciles o sea tan amplia, el Estado va a renunciar a su resguardo, a su protección. Más aún, debe focalizar esfuerzos y recursos para que una zona extrema como Arica y Parinacota, una región que es bifronteriza y que además es la puerta de entrada al país, deje de tener un rol estratégico”, sostiene Díaz.
En su carácter de central se detiene el gobernador para recordar que si bien el ingreso irregular es por esa zona, luego las personas indocumentadas siguen hacia el resto del país. “Por lo tanto, no tener una mirada estratégica respecto de nuestra región implica las consecuencias que tenemos, no solamente la delincuencia o el factor migratorio esté concentrado en Arica, sino que también en el resto de las regiones de Chile. Hay que tener una mirada estratégica para una región que es estratégica desde lo geográfico, desde lo migratorio, desde lo político y desde también de lo que hemos visto que también tiene consecuencias graves respecto de la delincuencia”, subraya.
Sin embargo, a su juicio esto implica también una mirada que dé cuenta de las particularidades de la región y se tome en cuenta lo que tienen que decir los gobiernos locales que están presentes en el territorio.
“No puede existir la misma solución para todo el país. no puede haber la misma estrategia para todo Chile. Chile es un país diverso, tiene características y peculiaridades desde los territorios. Si bien es cierto esta es una responsabilidad que deben asumirse desde el gobierno nacional, desde el Ministerio del Interior, nosotros creemos con mucha claridad que también deben existir preocupaciones y aportes desde los gobiernos regionales, de los gobiernos comunales. Porque en definitiva nosotros somos los que vivimos en esta región, nosotros somos los que entendemos cuales son las prioridades que se deben dar”, precisa.
Díaz enumera una serie de políticas implementadas desde el gobierno regional, como la compra de drones, la destinación de recursos -entre ellos $1.500 millones para la compra de tecnologías computacionales para los vehículos de Carabineros y la PDI- y la preparación de nuevos planes que permitan la persecución de las bandas criminales. “No solamente se requiere una mayor dotación, sino que también un esfuerzo económico adicional para dotar de mayor tecnología y por sobre todo de una nueva estrategia policial”, indica.
Lo anterior lo sostiene porque las nuevas tecnologías permiten que quienes encabezan este tipo de organizaciones no necesariamente estén en el territorio e incluso dentro del país, sino que pueden dirigir sus actividades desde otras latitudes y también desde una cárcel.
“No importa dónde esté el socio activo de la organización criminal, porque igual sigue operando. Da lo mismo que esté en la cárcel porque igual se van dando las condiciones para que siga operando desde ahí. Y eso preocupa profundamente porque uno veía que una cárcel era un espacio de castigo, de aislamiento para alejar a ese individuo para que siguiera cometiendo este tipo de delitos. Pero vemos que con la tecnología ellos pueden seguir operando desde las cárceles y eso provoca un proceso de repensar, cómo la tecnología también empieza a permear las sanciones sociales como es una pena de cárcel frente a la comisión de delitos”, puntualiza.
Díaz valoró el trabajo de las policías que junto a Gendarmería permitió dar con este brazo del “Tren de Aragua”, labor que a su juicio debe continuar. “Es la manera que la gente de mi región deje de tener miedo, de estar atemorizada frente a los hechos graves de violencia”, comentó el gobernador.
