Varias son las querellas que desde el 2019 se han presentado por las autoridades del Ejecutivo, particularmente del Ministerio del Interior, en contra de la Coordinadora Arauco Malleco, las que incluyen la Ley de Seguridad del Estado que agrava las sanciones en caso que se encuentren culpables.
Bajo ese paraguas, en La Moneda esperaban que el Ministerio Público continuara las indagaciones y sumara los nuevos dichos del vocero de la CAM, Héctor Llaitul, quien en una entrevista señaló que las acciones del movimiento van hacia el sabotaje y no a asesinar personas.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, salió entonces a precisar que sin una formalización, la entidad que dirige no podía actuar sobre los dichos que desde el Poder Judicial -también ayer- fueron calificados no como señalamientos amparados en el marco de la libertad de expresión, sino que derechamente como amenazas.
Desde ahí la tesis del Gobierno planteada primero por los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo y luego remachada por la titular de Interior, Izkia Siches, comenzó a desmoronarse y se vieron presionados a actuar.
Porque no es lo mismo las críticas de los parlamentarios de la oposición que desde temprano rechazaron la postura de La Moneda contra el dirigente mapuche al que consideran como uno de los principales responsables de la violencia en las regiones de Los Ríos, Araucanía y el sur del Biobío. Ahora las diferencias las marcaban desde el Poder Judicial su vocera, Ángela Vivanco y la Fiscalía.
Con el transitar de las horas, en la sede de gobierno se terminó por decidir ampliar las querellas y solicitar nuevas diligencias al Ministerio Público, pero siempre en el marco de las acusaciones ya ingresadas en contra de la CAM y su cara más reconocida.
Por la tarde y luego de una reunión donde evaluaron junto a los jefes policiales y del Estado Mayor Conjunto la implementación del estado de excepción constitucional, fue la propia Izkia Siches la que salió a dar a conocer la determinación.
“Hemos analizado a profundidad los dichos que a nuestro juicio son constitutivos de delito donde se atribuye obviamente la participación de ellos”, comentó la jefa de Gabinete, para luego hacer hincapié en que esperaban que la Fiscalía hubiese actuado sin la necesidad de algún trámite del Ejecutivo.
En esto insistió que “queremos reiterar la interpretación que hacemos porque estamos convencidos: desde el 2019 existen distintas querellas por parte del Estado que permiten al Ministerio Público actuar frente a la adjudicación de hechos que atentan contra la ciudadanía de nuestro país”.
De todas formas indicó que “a pesar de ello, hemos querido evaluar el ampliar las querellas en torno a estos hechos que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que nuestro gobierno está comprometido a resolver los conflictos en la zona, como también no va a limitarse a usar ningún instrumento del ordenamiento jurídico”.
Como una forma de poner paños fríos a las declaraciones de Abbott y de Vivanco, Siches precisó también que “esperamos trabajar con las distintas instituciones del Estado, en específico también con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, para poder enfrentar el desafío que enfrentamos en el sur”.
Francisco Chahuán: “Esperamos que se sume a las querellas de Renovación Nacional”
Las declaraciones de la ministra del Interior fueron inmediatamente comentadas en la oposición donde aprovecharon de recaudar con este traspié de La Moneda que busca un equilibrio entre no permitir que se suba el tono de las declaraciones, pero tampoco encender una hoguera que ya tiene material combustible de sobra para convertirse en un gran incendio.
Si bien durante la mañana el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, había expresado que las querellas presentadas por el Gobierno desde 2019 en adelante eran suficientes, la agudización de las críticas de los parlamentarios de su partido, especialmente de la zona de la Araucanía, lo hicieron cambiar el tono posterior a las palabras de Siches en La Moneda.
“El Gobierno nuevamente llega tarde respecto de Héctor Llaitul y también respecto de la violencia en la Región de la Araucanía, del Biobío y de Los Ríos. Hacemos el llamado para que finalmente este anuncio que ha hecho, aunque sea a destiempo, permita devolverle la tranquilidad a los ciudadanos de estas tres regiones del país”, comentó.
El dirigente político agregó que “esperamos que el Gobierno se una a las querellas que ya presentó Renovación Nacional. Nosotros presentamos cinco querellas, una directamente en contra de Héctor Llaitul y esperamos que se sume a cada una de las acciones que ha hecho Renovación Nacional”.
Si bien es cierto que el Ministerio Público necesita una acción del Ejecutivo para actuar en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, también puede iniciar diligencias por oficio ante la presunción de un delito. Con todo, las presiones terminaron por llevar al Gobierno a ingresar una ampliación de las querellas y pedir más diligencias, además de permitir a la oposición hacer un punto político en horas complejas por la renovación del estado de excepción constitucional en el Parlamento.
