Quieren y reclaman la renuncia del presidente de izquierda al grito de “¡Fuera Castillo, fuera!”. Es una nueva manifestación -una más- en su contra durante los 12 meses de gobierno, protestas encabezadas por grupos de derecha y ultraconservadores que hasta el día de hoy no reconocen el triunfo electoral del profesor rural que hace un año arribó al Palacio Pizarro.
Por otro lado, los seguidores de Castillo, que representan a sectores sociales marginados, se concentraron frente al Parlamento para expresarle su total respaldo. Son sectores con clara convicción de izquierda que lo apoyan desde la campaña electoral del año pasado y que siguen firmemente a su lado al cumplirse el primero de sus cinco años de mandato bajo un inédito marco de cinco investigaciones por presunta corrupción.
Los opositores de Castillo, por el contrario, han engrosado posteriormente sus filas con la suma de gremios de trabajadores públicos y privados, así como con transportistas y agricultores especialmente agitados en las últimas semanas por el alza en el precio de los combustibles y los fertilizantes. Cientos de ellos marcharon rumbo al Congreso Nacional denunciando: “Estamos marchando porque estamos en contra de este régimen corrupto. No hay nada que celebrar”, según dijo a la AFP Rodolfo Fernández, dirigente del Colectivo social Dignidad y Libertad.
En su mensaje al país, el presidente peruano defendió su gestión y atribuyó las acusaciones de corrupción a una campaña mediática para destituirlo: “Reclaman la vacancia (destitución) no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones, sino por intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir”, dijo Castillo ante un Congreso dominado por la oposición derechista. “Los medios de comunicación difunden mentiras y noticias falsas, pero se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, agregó el presidente.
Pedro Castillo ha enfrentado diversas dificultades desde el primer día de su mandato, pero lo último que le han colgado es un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por parte de la empresa estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior. Las investigaciones contra el mandatario contemplan, además, tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares, acusaciones de corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y, finalmente, la insidiosa acusación de que habría falsificado la tesis para obtener su título universitario.
Por su parte, la fiscalía peruana, que se supone autónoma e impulsa la mega investigación del caso Odebrecht que salpicó a otros cuatro ex presidentes peruanos, ha manifestado que considera que sí hay indicios de que Pedro Castillo encabeza “una organización criminal” que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026. El resultado es que, por estos días, el país debate abiertamente acerca de la conveniencia o no de su salida, mientras la democracia peruana parece estar cada vez más al borde del colapso.
Castillo, un maestro rural que llegó al poder al frente de una improvisada candidatura de izquierda, aparece hoy asediado por una derecha que allí tampoco da tregua, empezando por el derrotado fujimorismo al que ganó la presidencia. El resultado de esa política errática ha sido una lenta erosión del Estado peruano y, al margen de los llamados más acalorados para destituir a Castillo, el fantasma del “comunismo” que sigue agitando una oposición radical. En medio de ese panorama, hay al menos dos iniciativas ciudadanas que piden formalmente el adelanto de las elecciones generales. No obstante, es complicado saber si alguna de las acusaciones en su contra podría conducir a su destitución por parte del Congreso, en la que sería la tercera moción de vacancia contra él. Las dos primeras fracasaron, en gran medida porque las distintas fuerzas del Parlamento tienen intereses divergentes.
Otra cara de la tragedia política peruana es que el descrédito salpica tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En el juego sucio de la política peruana, una reciente encuesta de Ipsos Perú publicada este mes de julio, marca una desaprobación para Castillo de un 74% ¡pero para el Congreso de 79%! Las posiciones extremas que florecen en el discurso político de los dos bandos enfrentados en el espectro ideológico ahorran mayores comentarios.
Quieren y reclaman la renuncia del presidente de izquierda al grito de “¡Fuera Castillo, fuera!”. Es una nueva manifestación -una más- en su contra durante los 12 meses de gobierno, protestas encabezadas por grupos de derecha y ultraconservadores que hasta el día de hoy no reconocen el triunfo electoral del profesor rural que hace un año arribó al Palacio Pizarro.
Por otro lado, los seguidores de Castillo, que representan a sectores sociales marginados, se concentraron frente al Parlamento para expresarle su total respaldo. Son sectores con clara convicción de izquierda que lo apoyan desde la campaña electoral del año pasado y que siguen firmemente a su lado al cumplirse el primero de sus cinco años de mandato bajo un inédito marco de cinco investigaciones por presunta corrupción.
Los opositores de Castillo, por el contrario, han engrosado posteriormente sus filas con la suma de gremios de trabajadores públicos y privados, así como con transportistas y agricultores especialmente agitados en las últimas semanas por el alza en el precio de los combustibles y los fertilizantes. Cientos de ellos marcharon rumbo al Congreso Nacional denunciando: “Estamos marchando porque estamos en contra de este régimen corrupto. No hay nada que celebrar”, según dijo a la AFP Rodolfo Fernández, dirigente del Colectivo social Dignidad y Libertad.
En su mensaje al país, el presidente peruano defendió su gestión y atribuyó las acusaciones de corrupción a una campaña mediática para destituirlo: “Reclaman la vacancia (destitución) no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones, sino por intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir”, dijo Castillo ante un Congreso dominado por la oposición derechista. “Los medios de comunicación difunden mentiras y noticias falsas, pero se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, agregó el presidente.
Pedro Castillo ha enfrentado diversas dificultades desde el primer día de su mandato, pero lo último que le han colgado es un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por parte de la empresa estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior. Las investigaciones contra el mandatario contemplan, además, tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares, acusaciones de corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y, finalmente, la insidiosa acusación de que habría falsificado la tesis para obtener su título universitario.
Por su parte, la fiscalía peruana, que se supone autónoma e impulsa la mega investigación del caso Odebrecht que salpicó a otros cuatro ex presidentes peruanos, ha manifestado que considera que sí hay indicios de que Pedro Castillo encabeza “una organización criminal” que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026. El resultado es que, por estos días, el país debate abiertamente acerca de la conveniencia o no de su salida, mientras la democracia peruana parece estar cada vez más al borde del colapso.
Castillo, un maestro rural que llegó al poder al frente de una improvisada candidatura de izquierda, aparece hoy asediado por una derecha que allí tampoco da tregua, empezando por el derrotado fujimorismo al que ganó la presidencia. El resultado de esa política errática ha sido una lenta erosión del Estado peruano y, al margen de los llamados más acalorados para destituir a Castillo, el fantasma del “comunismo” que sigue agitando una oposición radical. En medio de ese panorama, hay al menos dos iniciativas ciudadanas que piden formalmente el adelanto de las elecciones generales. No obstante, es complicado saber si alguna de las acusaciones en su contra podría conducir a su destitución por parte del Congreso, en la que sería la tercera moción de vacancia contra él. Las dos primeras fracasaron, en gran medida porque las distintas fuerzas del Parlamento tienen intereses divergentes.
Otra cara de la tragedia política peruana es que el descrédito salpica tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En el juego sucio de la política peruana, una reciente encuesta de Ipsos Perú publicada este mes de julio, marca una desaprobación para Castillo de un 74% ¡pero para el Congreso de 79%! Las posiciones extremas que florecen en el discurso político de los dos bandos enfrentados en el espectro ideológico ahorran mayores comentarios.
Quieren y reclaman la renuncia del presidente de izquierda al grito de “¡Fuera Castillo, fuera!”. Es una nueva manifestación -una más- en su contra durante los 12 meses de gobierno, protestas encabezadas por grupos de derecha y ultraconservadores que hasta el día de hoy no reconocen el triunfo electoral del profesor rural que hace un año arribó al Palacio Pizarro.
Por otro lado, los seguidores de Castillo, que representan a sectores sociales marginados, se concentraron frente al Parlamento para expresarle su total respaldo. Son sectores con clara convicción de izquierda que lo apoyan desde la campaña electoral del año pasado y que siguen firmemente a su lado al cumplirse el primero de sus cinco años de mandato bajo un inédito marco de cinco investigaciones por presunta corrupción.
Los opositores de Castillo, por el contrario, han engrosado posteriormente sus filas con la suma de gremios de trabajadores públicos y privados, así como con transportistas y agricultores especialmente agitados en las últimas semanas por el alza en el precio de los combustibles y los fertilizantes. Cientos de ellos marcharon rumbo al Congreso Nacional denunciando: “Estamos marchando porque estamos en contra de este régimen corrupto. No hay nada que celebrar”, según dijo a la AFP Rodolfo Fernández, dirigente del Colectivo social Dignidad y Libertad.
En su mensaje al país, el presidente peruano defendió su gestión y atribuyó las acusaciones de corrupción a una campaña mediática para destituirlo: “Reclaman la vacancia (destitución) no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones, sino por intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir”, dijo Castillo ante un Congreso dominado por la oposición derechista. “Los medios de comunicación difunden mentiras y noticias falsas, pero se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar”, agregó el presidente.
Pedro Castillo ha enfrentado diversas dificultades desde el primer día de su mandato, pero lo último que le han colgado es un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por parte de la empresa estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior. Las investigaciones contra el mandatario contemplan, además, tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares, acusaciones de corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y, finalmente, la insidiosa acusación de que habría falsificado la tesis para obtener su título universitario.
Por su parte, la fiscalía peruana, que se supone autónoma e impulsa la mega investigación del caso Odebrecht que salpicó a otros cuatro ex presidentes peruanos, ha manifestado que considera que sí hay indicios de que Pedro Castillo encabeza “una organización criminal” que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026. El resultado es que, por estos días, el país debate abiertamente acerca de la conveniencia o no de su salida, mientras la democracia peruana parece estar cada vez más al borde del colapso.
Castillo, un maestro rural que llegó al poder al frente de una improvisada candidatura de izquierda, aparece hoy asediado por una derecha que allí tampoco da tregua, empezando por el derrotado fujimorismo al que ganó la presidencia. El resultado de esa política errática ha sido una lenta erosión del Estado peruano y, al margen de los llamados más acalorados para destituir a Castillo, el fantasma del “comunismo” que sigue agitando una oposición radical. En medio de ese panorama, hay al menos dos iniciativas ciudadanas que piden formalmente el adelanto de las elecciones generales. No obstante, es complicado saber si alguna de las acusaciones en su contra podría conducir a su destitución por parte del Congreso, en la que sería la tercera moción de vacancia contra él. Las dos primeras fracasaron, en gran medida porque las distintas fuerzas del Parlamento tienen intereses divergentes.
Otra cara de la tragedia política peruana es que el descrédito salpica tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En el juego sucio de la política peruana, una reciente encuesta de Ipsos Perú publicada este mes de julio, marca una desaprobación para Castillo de un 74% ¡pero para el Congreso de 79%! Las posiciones extremas que florecen en el discurso político de los dos bandos enfrentados en el espectro ideológico ahorran mayores comentarios.
