A raíz del proyecto de ley de migraciones anunciado ayer por el Gobierno, la senadora Paulina Núñez, destacó la decisión y consideró que fue un “baño de realidad” que le cayó a las autoridades de La Moneda.

Desde la Región de Tarapacá, la ministra de Interior Izkia Siches, anunció que ingresarán al Congreso un proyecto de ley que modificaría la actual ley de migraciones, con el objetivo de facilitar la expulsión y notificación de migrantes en Chile. Además, declaró que se prorrogaría el Decreto N° 265 del Ministerio de Defensa, cuyo objetivo es disponer la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales en las áreas de logística, transporte y tecnología.

Ante la decisión del Ejecutivo, la senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional en el Senado, Paulina Núñez, sostuvo que  la propuesta se trata de una iniciativa que “algunos de ellos rechazaron cuando eran parlamentarios”.

En ese sentido, la legisladora por la Región de Antofagasta afirmó que “cuando se discutió la nueva ley de migración y extranjería, presentábamos estas ideas como indicaciones y eran rechazadas por los mismos que hoy día la están promoviendo”. Núñez expuso los obstáculos que pusieron quienes hoy son del bloque oficialista para abordar la nueva ley migratoria, las expulsiones y las regularizaciones de visas, pero aseguró que eso no sería razón para negarse a impulsar la medida.

“Nunca es tarde para darse cuenta que estas son normas que el Estado necesita, no un partido político, una coalición o un grupo de parlamentarios. Evidentemente, el norte del país ha estado abandonado en esta materia, por lo que vamos a revisar la iniciativa y tendrán nuestros votos porque es algo que estamos pidiendo hace mucho tiempo”, resaltó la parlamentaria.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora sostuvo que cuando se piensa en los estados de excepción y se habla que la población se arme a modo de soluciones, “evidentemente es un fracaso del sistema en general que no ha sido capaz de resguardar el orden público”.