Una propuesta sobre la reanudación del proceso constituyente dieron a conocer las tiendas políticas del oficialismo junto a la Democracia Cristiana, ad portas de una nueva reunión de los partidos con representación parlamentaria que versa sobre un acuerdo para abrir la redacción de una nueva carta magna. El documento presentado parte por declarar fundamental continuar con el proceso de redacción de una nueva Constitución, e impulsa un órgano cien por ciento electo para elaborar la propuesta.  

“Resulta esencial al contenido del acuerdo para las presentes fuerzas políticas la determinación del carácter 100% electo del órgano constitucional, tal como lo mandata el plebiscito de octubre de 2020. La soberanía se expresa cuando es la ciudadanía la que define libremente quiénes son las personas mandatadas a la redacción de un nuevo texto que responda a sus propias necesidades y expectativas”, sostiene la misiva.

Además consideran que “que dado el carácter constitucional de las normas a definir, el quórum necesario para la toma de decisiones debe ser supramayoritario”.

A juicio del oficialismo y la DC, el órgano redactor debe ser paritario y contar con la participación de pueblos indígenas “en un número proporcional al registro indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena“. Asimismo, debe incorporar a independientes “mediante mecanismos electorales que posibiliten ser elegidos dentro de las listas en conjunto con los partidos”. 

Por otro lado, el documento expresa los “principios institucionales” en los que se debe asentar el nuevo proceso, aduciendo que este “se sitúa en un trayecto histórico republicano y constitucional que nutrirá todo su desarrollo”.

“El texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter unitario del Estado de Chile, como también su condición de república y su régimen democrático. Esto quiere decir que se respetará la existencia, autonomía e independencia plena del poder judicial, legislativo y ejecutivo”, indican. 

“Asimismo se respetarán las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En este sentido, la nueva Constitución respetará todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, donde encontramos, entre otros, el derecho a la libertad de religión, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad”.

Y añaden que “la nueva Constitución respetará y conservará el Himno Nacional y nuestros emblemas patrios”.

Adicionalmente, los partidos hacen hincapié en el fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso. Por ello, consideran necesario acoger la propuesta por la Asociación Chilena de Municipalidades, donde se dispusieron a ser un canal activo de comunicación entre la ciudadanía y el proceso constituyente. “Proponemos incorporar procesos que permitan a las personas involucrarse en el debate constitucional, informarse sobre sus contenidos y la priorización de sus temas, mediante una fuerte articulación con organismos como municipios y gobiernos regionales, entre otros”, declaran.

En cuanto al comité técnico de expertos y expertas, las colectividades firmantes consideraron oportuno que la instancia se aboque “a la preparación de la instalación del órgano constitucional mediante la sistematización de insumos y el acompañamiento permanente del debate en todas sus fases”. Para su conformación, “el Congreso Nacional deberá definir la integración del comité técnico, respetando estrictos criterios de idoneidad profesional”, señalan. 

Asimismo, llaman a que este sea “paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía para esos fines”.

“Este equipo sistematizará los insumos de debate del órgano constitucional, entendiendo el proceso constituyente como uno que se construye sobre la base de la propia historia constitucional de la República, incluyendo el proyecto constitucional de la ex Presidenta Bachelet, la propuesta de texto de la ex Convención Constitucional, los insumos de las consultas ciudadanas realizadas por las municipalidades el 2019 y el trabajo de la academia”, sostienen.

Como último punto los partidos de Gobierno y la falange exponen su propuesta de itinerario constitucional, llamando a fijar “la elección de representantes durante abril 2023, el funcionamiento del órgano durante un plazo no mayor a 6 meses, además de un plebiscito de salida en diciembre de 2023 con voto obligatorio”. Para su viabilidad indican que “el reglamento de funcionamiento del órgano democrático deberá ser aprobado como parte de la reforma que habilite el proceso constitucional”.

Los partidos firmantes son Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática, Acción Humanista, partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, partido Socialista, partido Liberal, partido Demócrata Cristiano, partido Radical y partido Por la Democracia.