Efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía De Investigaciones (PDI) llegaron este lunes hasta las oficinas centrales de la Compañía de Jesús, ubicadas en pleno centro de Santiago, en el marco de las denuncias de actos de significación sexual contra el sacerdote Felipe Berríos.
Con orden judicial en mano, los detectives allanaron el recinto e incautaron la investigación previa canónica que realizó la abogada María Elena Santibáñez -por encargo de los propios jesuitas- en contra del suspendido sacerdote.
Cabe recordar que la congregación determinó tras dicha indagatoria que las acusaciones realizadas por siete mujeres son “verosímiles”, y podrían ser constitutivas de delitos canónicos.
La denuncia fue patrocinada por la Fundación para la Confianza, en que una mujer de 32 años acusa haber sido víctima de actos de significación sexual cuando era adolescente.
Según se conoció, la Fiscalía Sur habría solicitado varias veces la información para avanzar en la causa penal que se abrió, luego que el religioso se autodenunciara ante la justicia civil y solicitara intervención para demostrar su inocencia.
Pese a las diligencias hechas por el Ministerio Público, los jesuitas negaron los antecedentes basándose en el secreto de la vía canónica. Además, la diligencia del ente persecutor también fue requerida por el abogado defensor de Berríos, Julián López.
Finalmente, la fiscal Yazmín Salech logró una autorización judicial para conseguir el “informe Berríos” donde se estableció la mencionada “verosimilitud” de algunas de las denuncias presentadas en su contra.
Según la Compañía de Jesús, la documentación había sido enviada al Vaticano para continuar con el procedimiento canónico.
