Como un ultimátum fue considerada la última declaración del Presidente Gabriel Boric sobre la situación migratoria en el país. En respuesta a una pregunta sobre seguridad y el qué hacer sobre los rucos de Antofagasta, el mandatario apuntó a una solución de orden intersectorial que permita hacer un catastro de las personas y ofrecerles alternativas. Seguidamente afirmó que quienes están en situación de irregularidad “o se regularizan o se van”, cuestión que molestó a representantes de organizaciones pro migrantes y abrió el debate sobre la política migratoria del país.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado del Colectivo sin Fronteras, Francisco Villanueva, consideró que el jefe de Estado “termina por criminalizar de forma generalizada a las personas migrantes” y por “confundir a la opinión pública” en lo relativo a la irregularidad. 

“Termina endureciendo ese discurso diciendo que finalmente o se regularizan o se van y finalmente desconoce una serie de otras variantes que también son sumamente trascendentes de tener en cuenta. Dentro de eso que las personas migrantes irregulares no necesariamente son un peligro para la seguridad nacional o para la seguridad de las personas que habitan en el país, entonces cuando él hace este discurso generalizado en contexto de una situación particular, por supuesto que lo que termina por hacer es criminalizando al migrante irregular”.

A ello agregó que “este endurecimiento termina por desconocer el contexto de por qué ingresan mayormente las personas de forma irregular a nuestro país. O sea, ingresan de forma irregular por una crisis humanitaria en sus países de origen y que deriva a que deban ingresar a nuestro país de forma irregular”.

Como tercer punto Villanueva afirmó que el mandatario “hace casi una suerte de discurso donde pareciera ser que los migrantes son los que escogen no regularizarse, no dando cuenta que los procesos de regularización en nuestro país son altamente burocráticos en cuanto a documentación y también toma un montón de tiempo. En ese sentido la posibilidad que otorga la legislación y la institucionalidad para que las personas se puedan regularizar la verdad son bastante ínfimas”.

En ello estuvo de acuerdo el integrante del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, quien afirmó que vincular la irregularidad con el delito es partir del falso supuesto de que los migrantes prefieren ser irregulares. En ese sentido indicó que existe una  irregularidad sistémica en Chile construida en base a la ausencia de canales para regularizar.

“El problema está en la política migratoria completa” , aseveró. “La gran situación que se da es que hay personas, por las políticas que se establecieron, por el tema de las expulsiones colectivas y masivas que se dieron en el proceso anterior,  que hasta tienen miedo de empezar a hacer los trámites y como los trámites duran dos o tres años, es lo mismo que estar irregular para las personas, entonces no hay un incentivo a la regularización de manera real y en ese sentido entiendo que el Presidente Boric, presionado por la situación en el norte que es resultado de las políticas que no se hicieron durante años, se encuentra frente a una situación, dice lo que dijo, pero la verdad es que no es coherente con la evidencia“, sostuvo.

En tanto, la coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Ximena Poó, consideró desafortunada la frase del mandatario, en cuanto distorsiona una materia que es de bastante complejidad.

“Efectivamente la regularización no depende de los y las migrantes sino de la política que tenga el Gobierno sobre la base de la ley migratoria”, indicó, dando cuenta del rezago del Ejecutivo en esta materia. “La política migratoria tendría que estar ya abierta a discusión en noviembre y el Servicio Nacional de Migraciones está discutiendo esa política o va a empezar a discutirla con organizaciones sociales. Eso me parece que es el plan, no hay mucha claridad al respecto, entonces es bien complejo”. 

A ello agregó las dificultades materiales de los migrantes para regularizar su situación en el país. “Si la persona tiene un rut, un número que la identifica, esa persona ya puede iniciar su regularización pero en muchos casos ni siquiera ha logrado tener un número que la identifique en Chile, entonces están todas las vallas burocráticas, administrativas para no poder regularizarse y eso es el gran problema que existe, además del gran problema de que no existe cooperación internacional en estos temas más allá de declaraciones de principios”, explicó.

Adicionalmente, Poó advirtió que “el Servicio Nacional de Migraciones recién creado ha tenido que hacerse cargo de una tremenda falta de Estado que se produjo durante el Gobierno de Sebastián Piñera donde si bien se empezó el tema de la regularización en esa época, no se dieron las herramientas a los servicios, por ejemplo al Registro Civil para generar esto”. 

Migración y seguridad

Una materia en extremo sensible por estos días es la migración y seguridad. Con ello inició su comparecencia en la XX Conferencia Suramericana sobre Migraciones el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer. “Pido excusas por el mal gusto de partir por esto; creo que nos debemos hacer cargo sin complejos de los desafíos asociados a la seguridad, a la gestión y control de fronteras, a la política de expulsiones, no sólo porque está en nuestro mandato legal sino que también porque son las preocupaciones que tienen las comunidades receptoras y de tránsito”, sostuvo.

Y a ello agregó que “sin señales políticas y medidas concretas en estos ámbitos no vamos a resolver el problema fundamental de falta de cohesión social que aqueja a muchas comunidades de recepción y tránsito de personas migrantes (…) No podemos eludir la responsabilidad de abordar responsablemente estos desafíos pues si lo hacemos vamos a estar obviando una de las preocupaciones centrales de nuestras comunidades y le entregaremos a otros soluciones radicales y populistas”.

Con ello Thayer aseveró que “la seguridad y la gestión de la frontera se puede y debe realizar con el respeto irrestricto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas”.

Al respecto, el jurista del Colectivo sin Fronteras aseveró que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la seguridad para todas las personas es una materia fundamental, “inclusive las personas migrantes irregulares que muchas de ellas son víctimas de delitos.  La mayoría de ellas son víctimas de delitos, no son victimarios”. 

Ahora bien, consideró que “hay otras formas de poder garantizar la seguridad o poder garantizar que las personas que ingresan de forma irregular a nuestro país puedan o regularizarse, habiendo canales de regularización que hoy en día no se otorgan o bien, si también la postura del Gobierno es poder propender a un ingreso regular al país, bueno, hacer otro de mecanismo de seguridad en las fronteras que hoy en día también por supuesto han demostrado grandes falencias”.

A su vez, Cardoza vio voluntad por parte del Gobierno de establecer una nueva política migratoria para el país. No obstante, para ello consideró necesario “despojarse de ese enfoque exclusivamente de seguridad”. “Esto tiene que asumirlo los organismos especializados pero no podemos condenar a la migración porque haya delito internacional, que está habiendo en toda la región, en el mundo y eso se combate de otra forma”, indicó.

Por su parte, Poó dijo necesario enfocar la seguridad y la migración desde una perspectiva intersectorial. “A mi juicio hay que armar una mesa de trabajo pronto y que esté financiado los planes al respecto, porque hay una crisis de vivienda feroz, hay una crisis de no acceso a derechos de educación, de salud y los municipios tienen que tener también un rol relevante en esto porque es la primera línea para trabajar estos temas cuando hay vulnerabilidad de derechos”.

En ello, aseveró que Chile debe trabajar para solventar una migración segura, ordenada y regular de acuerdo al pacto mundial de migraciones que el país, finalmente, no firmó. “Esto mismo que estoy diciendo, el Gobierno de Piñera lo dijo hasta el cansancio pero desde una perspectiva de securitización y no con un enfoque de derechos humanos, en cambio el pacto mundial de migraciones habla de un enfoque de derechos humanos y de colaboración entre los países para ir tratando los temas migratorios desde un espacio donde la movilidad humana esté garantizada en términos de derechos y en términos administrativos”, indicó.