La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que investiga el robo de madera, espera determinar el rol del Estado en un ilícito millonario, que transporta toneladas de camiones con productos sustraídos que transitan libremente por las carreteras. Al mismo tiempo, los legisladores esperan que ahora que entró en vigencia la nueva ley 21.488 que tipificó como delito el hurto de la madera, las personas que se dedican a este jugoso ilícito, paguen con cárcel.

En el último tiempo, algunos sectores políticos han tratado de vincular este delito con el accionar de organizaciones mapuche que promueven acciones de lucha más radical en la recuperación de sus territorios. Sin embargo, desde la comisión investigadora, descartan esa relación.

Hace un par de semanas, tres sujetos fueron detenidos en la provincia de Arauco con tres camiones con maderas, pero a solicitud de la Fiscalía, el Tribunal de Garantía de Curanilahue los dejó en libertad, con medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al predio robado, San José Colico, de propiedad de Forestal Arauco S.A. Entre los detenidos  se encontraba un sujeto identificado como Rodrigo Ormeño, alias el “Mentolato”, que según las autoridades de la zona, es el cabecilla de una banda que se dedica a este robo.

Sin embargo, el jueves de la semana pasada, la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la decisión del Tribunal de Garantía y decretó la prisión preventiva para el “ Mentolato”, a quien consideró un riesgo para la seguridad de la sociedad.

Millonario negocio

El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, que encabeza la comisión especial investigadora sobre “criminalidad y robo de la madera en la Macrozona Sur”, afirmó que existe una serie de componentes que han contribuido al desarrollo de una “industria” que se ha dedicado al robo de madera y donde los organismos del Estado tienen una gran responsabilidad.

El parlamentario afirmó que esta comisión busca determinar el rol que han tenido los organismos estatales sobre un delito que ha crecido en los últimos años y que en el 2021 el “negocio” llegó a US$92,4 millones, “lo que equivale a aproximadamente 50 mil camiones anuales circulando con madera robada por nuestras carreteras”, según la Corporación Chilena de la Madera (Corma).

Aedo despejó cualquier duda sobre la orientación de la investigación hacia las comunidades mapuche. “Eso no es efectivo y no refleja la realidad”, sino que lo que se busca es aportar más elementos sobre las “acciones que el Estado ha dejado de hacer en el territorio y por tanto, el enfoque es acerca de la ausencia del Estado en un territorio y los efectos que eso genera”, precisó.

En las sesiones de la comisión investigadora, han entregado sus testimonios las víctimas de estos delitos, carabineros, PDI, la fiscal especial de esta investigación, la Corma, gerentes de la Forestal Arauco, entre otros actores. También se realizó una sesión secreta donde se conocieron antecedentes entregados por la Agencia Nacional de Informaciones.

Hasta el momento, según destacó el parlamentario, se ha se ha logrado establecer, de acuerdo a las informaciones de la propia fiscal que investiga los hechos, Marcela Cartagena, que “estamos frente a un crimen organizado y eso hoy día se habla abiertamente. Hasta hace unos meses, este delito se lo interpretaba como violencia rural, que es mover un cerco, robar su par de animales, el abigeato. Esto es lisa y llanamente crimen organizado, con características de narco terrorismo”.

Aedo explicó que  este “crimen organizado” roba al año “más de 5.000 hectáreas de bosques que equivalen a 70 parques O’Higgins por años robados. Esos son los 100 millones de dólares que se habla y que además con ese dinero donde participan quienes cortan la madera, los que la transportan, quienes la comercializan, etc., se compra armamento de alto calibre, fusibles automáticos, armas automáticas, que con esas armas estos  grupos más radicalizados, logran el control territorial en un área, donde el Estado no ingresa y en esa área se genera el robo de madera a una escala industrial”.

De acuerdo a los antecedentes que han recibido en la comisión investigadora, “cada una de esas talas ilegales requiere de un capital inicial de 1.000 millones de pesos, entre la maquinaria que se utiliza para cortar el bosque, los camiones, camionetas para el transporte y la mano de obra que se requiere para hacer esa tala ilegal de eso estamos hablando”, indicó el diputado que precisó que son 2, 5 millones de metros cúbicos de madera los que se roban anualmente.

El legislador afirmó que esas toneladas de maderas circulan por las carreteras a partir de las 19 horas, cuando los controles policiales se han retirado, cuando no hay nadie de Impuestos Internos y tampoco Aduanas hace su trabajo. “Sólo en la ruta P 40 que une la provincia de Arauco, entre Lebu y Tirúa que estamos hablando de una extensión aproximada de 70 km,  hay alrededor de 30 aserraderos clandestinos, 18 de ellos identificados por las víctimas, que están ubicados a la orilla de la carretera. Nadie lo fiscaliza”, señaló el diputado de acuerdo a los antecedentes recibidos en la comisión.

Consultamos al diputado Aedo si la ausencia de Estado se debe a que no hay fiscalizadores, no hay recursos, hay desidia o hay complicidad: “Si fuese la prueba de selección universitaria la respuesta correcta a tu pregunta sería todas las anteriores. Creo que hay una suma de elementos. La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, cuando estuvo exponiendo nos explicaba que en el último año se han hecho más de 5.000 fiscalizaciones a camiones en la carretera y sólo en 26 de esas fiscalizaciones ha estado presente el Servicio de Impuestos”, respondió el diputado.

El presidente de la comisión, indicó que aún quedan muchos aspectos para despejar cómo y de qué manera se comercializa el robo de madera, qué tiene que decir el retail, las grandes empresas forestales, cuáles son las medidas de prevención que se adoptan para no comprar madera robada. Indicó que en el mes de noviembre, la instancia deberá entregar las conclusiones de la investigación sobre este ilícito que está centrado en la macrozona sur.

No hay presencia del Estado

El también integrante de la comisión investigadora, diputado Independiente-PPD, Héctor Ulloa, coincidió en que los antecedentes recabados hasta el momento, evidencian que “el Estado ha perdido presencia. Hay lugares donde no se encuentra presente la fiscalía, tampoco carabineros y donde ni siquiera el estado de excepción constitucional ha servido para llegar a todos los lugares, esa es una realidad”.

El legislador indicó que estos antecedentes también dan cuenta que en los últimos cinco años, más 250 personas son detenidas al año, pero ninguna ha sido condenada por este delito. “Eso pasa fundamentalmente, porque no sólo vale la cantidad de detenidos, sino por qué razón son detenidos y aquí es muy importante señalar que si detienes a una gran cantidad de personas por hurto y por receptación o por comprar un madera robada, lo que vas a tener al día de siguiente es que todas van a quedar en libertad porque ese tipo de delito tienen una pena bastante baja. Pero cuando investigas este delito bajo otra óptica, por ejemplo de la asociación ilícita, puedes conseguir penas más altas y de alguna manera desbaratar este tipo de ilícitos”, indicó el diputado que agregó que para ello, es necesario fortalecer al Ministerio Público con más fiscales, a la policía, la infraestructura y la inteligencia policial.

“Aquí son toneladas, metros cúbicos de madera que se trasladan, personas que se instalan en predios con maquinarias, con máquinas tolva, camiones con aserraderos portátiles, con más de 100 trabajadores. Es un delito que se hace prácticamente a la vista de todos y evidentemente aquí el Estado ha perdido su fuerza y prevalencia en la zona. Prueba de ellos es que son más de 50.000 camiones al año los que transitan sustrayendo madera robada”, dijo Ulloa, quien precisó que también se debe hacer una trazabilidad de las empresas involucradas, con facturas y guías de despacho electrónicas para que los papeles no sean adulterados, porque siguen funcionando con papel.

En relación a la permanente vinculación que hace la derecha entre el robo de madera, con las reivindicaciones del pueblo mapuche, el diputado Ulloa indicó que es necesario “diferenciar el conflicto mapuche que tiene raíces absolutamente distintas al robo y el tráfico de madera que se produce en esta zona, que son dos fenómenos absolutamente distintos y nada tienen que ver. Puede suceder que para buscar la impunidad de este tipo de delitos, los malhechores o delincuentes traten de mezclar ambos temas lo que finalmente produce un distanciamiento del Estado en esa zona, pero son dos fenómenos que no tienen nada que ver”.

La ruta del dinero

En tanto, otra de las integrantes de la comisión investigadora, la diputada (PC) María Candelaria Acevedo, afirmó que es llamativo que la gran cantidad de personas que son detenidas por el robo de madera, pero la mayoría queda en libertad y no enfrenta cargos. “No sabría decir si hay un problema en el Poder Judicial, tal vez en la presentación de cargos que hace la Fiscalía, carabineros y la PDI en cómo entrega los informes a la justicia. Es bastante inusual que se pueda detener a tantas personas y siempre quedan tres o menos detenidos, por lo tanto, hay que evaluar la forma en cómo se están entregando los antecedentes de estos delitos”.

Considerando que son millonarios los recursos que se destinan para mover un ilícito como el que se investiga, la diputada Acevedo afirmó que “se necesita investigar a quienes tienen los recursos para hacer funcionar empresas que se dedican a este ilícito, de esta magnitud. Ojalá dentro de lo que estamos investigando se pueda llegar a una conclusión con respecto a que no sólo se debe atacar a quienes roban la madera, sino que hay que escalar mucho más arriba para saber quiénes son los financistas en este tipo de acciones”.

Indicó que es necesario “perseguir la ruta del dinero que tiene que ver en cómo el Servicio Impuestos Internos hace la relación entre las empresas que se dedican a la venta de madera o de recibir madera, por lo que hay que hacer una triangulación con respecto a los recursos”.

En relación a los intentos por vincular el robo de madera con la lucha del pueblo mapuche, la diputada afirmó que “hay que separar los temas. Creo que hay un tema de narcotráfico por supuesto que sí y es lo que han planteado de parte de la policía, pero colocar como que hay unas bandas narco forestales, lo desconozco. Lo que sí creo es que hay que buscar no solo hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, a los financistas de lo que es el robo de la madera como también a quienes se dedican al narcotráfico en el país”.

 Imagen Agencia Aton