Parlamentarias de la bancada Julieta Kirkwood junto a organizaciones de género y de disidencias sexuales, entregaron una carta en la Fiscalía Nacional para solicitar se informe respecto de los casos de violencia sexual que se llevan en la entidad persecutora y que fueron denunciados durante el estallido social.

Esto porque consideran que no es responsable insinuar que durante las movilizaciones no se cometieron este tipo de abusos por parte de agentes del Estado, tal como han señalado parlamentarios y personeros de derecha que incluso han planteado que el Presidente Gabriel Boric miente cuando señaló este hecho durante su discurso con motivo del tercer aniversario del inicio de las protestas.

La diputada Gael Yeomans comentó que “no se puede borrar de un portazo todo lo que ocurrió en el estallido social. Cuando hablamos de denuncias de carácter de connotación sexual, estamos hablando de desnudamientos forzosos, abusos y distintos delitos que fueron cometidos por parte de la autoridad del Estado y que fueron además presentadas hacia la institucionalidad”.

La legisladora sostuvo que “hay que hacer seguimiento de esas denuncias y no simplemente hacer por parte de un sector político borrar con el codo, dar un portazo hacia las víctimas del país”.

Mientras, la diputada Emilia Schneider indicó que “nos parece inaceptable que diputados de oposición nieguen la violencia de género, nieguen delitos antes de que los procesos lleguen a su fin. Queremos decirles a las víctimas que no están solas, que no vamos a permitir que en nuestro país haya impunidad ante la violencia político-sexual que ocurrió durante el estallido social”.

Además, precisó que “esperamos que los datos que nos pueda proporcionar el Ministerio Público sirvan para agilizar estos procesos y también esperamos que el Ministerio Público investigue y haga su trabajo como corresponde presentando las querellas correspondientes para que efectivamente todos estos procesos se lleven adelante”.

Mariela Infante, directora de Corporación Humanas, señaló por su parte que “nos parece de la máxima gravedad que haya sectores que estén relativizando la violencia político-sexual porque esto significa una revictimización, significa culpar a las víctimas”.

Infante subrayó que “todas las instituciones del sistema de justicia, en particular ahora la Fiscalía, tienen que cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e investigar con la debida diligencia para que estos casos tengan sanción adecuada y la reparación que necesitan las víctimas”.

En tanto, Rodrigo Mallea, activista de Disidencias en Red, recordó que “según los informes que levantamos organizaciones sociales LGBT, hay más de 62 casos de violencia político-sexual hacia disidencias sexuales según consignado en el Reporte de Violencia Policial hacia Cuerpas Disidentes. Son casos de un tenor bastante graves, estamos hablando de tortura sexual, en que a personas las golpearon despiadadamente y eso no lo va a borrar una declaración ni muchas declaraciones de diputados de la derecha”.

Junto a la solicitud al Ministerio Público, las entidades y parlamentarias pedirán información al Instituto de Derechos Humanos y Amnistía Internacional para conocer los casos ingresados a esas entidades y si hubo acompañamiento psicológico y legal.