El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, denunció que el Ministerio Público “de manera caprichosa insiste en imputarle responsabilidad a Jesús Zenteno” en la elaboración de un artefacto incendiario, “en circunstancias en que no tiene ni una sola prueba que acredite el delito que se le imputa” en el caso Hotel Principado de Asturias, ocurrido en noviembre de 2019 en el contexto del estallido social.

El profesional informó en el Centro de Justicia de la prueba que rindió el Ministerio Público en el marco del segundo juicio contra Zenteno del caso que en su momento fue absuelto, pero ahora se le juzga por el supuesto delito de elaboración de artefacto incendiario el día 12 de noviembre de ese año.

“Desde el día uno nosotros hemos señalado que son pruebas ilícitas, por cuanto dan cuenta de un actuar ilegal de la policía, una coordinación entre la Dipolcar y el OS9  fuera del  marco de la ley, que dio paso al conocido caso de los Intramarcha”, indicó el abogado respecto de las pruebas que rindió el persecutor contra el estudiante de Pedagogía en Música.

Román indicó que por otro lado, “se hacen imputaciones penales en que el Ministerio Público de manera caprichosa insiste en imputarle responsabilidad a Zenteno en la elaboración (de artefactos explosivos) en circunstancia que no tiene una sola prueba que acredite el delito que se le imputa, razón por la cual nosotros creemos que el caso de Jesús tiene que correr la misma suerte que ocurrió con Matías (Rojas) y Benjamín (Espinoza), los otros muchachos que también fueron juzgados por segunda vez y fueron absueltos y debe dictarse un veredicto absolutorio en los próximos días”.

El abogado afirmó que, hasta el momento, “no hay ninguna prueba distinta a la que se presentó y por supuesto que no puede haber decisiones tan groseramente contradictorias porque el mismo tribunal ya señaló que había una insuficiencia de pruebas y eso es insalvable porque el Ministerio Público no aportó, porque no podía aportar más pruebas que ya están reguladas en el primer juicio”.

Román expresó que eso demuestra que “estamos frente a lo que nosotros hemos dicho es prisión política, porque el único sustento que tienen son las razones políticas para mantener a estos muchachos privados de libertad y con la intención de que vuelvan a la cárcel,  como el caso de Matías Rojas que aún cuando fue absuelto en el segundo juicio, hoy día se encuentra en la cárcel en Colina. Entonces nosotros como defensa hemos señalado que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es en los tribunales de justicia ejerciendo la defensa técnica, pero también denunciamos el silencio cómplice de gran parte de la sociedad respecto a los presos políticos que hoy día, en buen chileno, se la están mamando solos”.

Finalmente, el abogado puntualizó que lo más probable que el veredicto se dé a conocer el próximo lunes y, según sea la resolución, están preparados para acudir a los tribunales internacionales, dada la vulneración de los derechos de los jóvenes que han permanecido más de dos años privados de libertad, sin pruebas que acrediten responsabilidad en los hechos que se les imputan.