Ausencia escolar, miedo de salir al patio de juego, desmotivación en clases y vulneración del derecho a la educación y a vivir una vida sin violencia, son algunas de las consecuencias que ha tenido para niños y niñas el anuncio de la instalación de un Contingente Militar cerca de la Escuela República de México de Curacautín, en la región de La Araucanía. 

A comienzos de noviembre el Consejo de Profesoras y Profesores de la Escuela República de México fue informado a través de una sesión extraordinaria que un contingente militar se instalará en el antiguo Internado Municipal, aledaño a la institución educativa. Ante la imposición, un grupo de profesores del colegio señaló a través de un comunicado una serie de consecuencias tanto desde el punto de vista pedagógico, como desde la preocupación por la vulneración de los derechos de niñas y niños. 

Radio y Diario Universidad de Chile, conversó con una docente de la entidad educativa y expertos en el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche sobre la compleja situación que enfrenta la infancia en la región de La Araucanía, a propósito de la  instauración del Estado de Excepción Constitucional, el cual, más que una excepción, se ha vuelto la normalidad. 

La docente de Educación Intercultural de la Escuela República de México, Isabel Cañio, sostuvo que desde que se informó el asentamiento de la base militar han faltado al menos 50 alumnos de orígen mapuche a sus clases. De acuerdo al comunicado del Consejo de Profesoras y Profesores, debido a la carencia de infraestructura del colegio los dos establecimientos comparten un patio común que tiene como separación solo una reja, por lo que la presencia de los uniformados será una constante en el día a día de alumnos y trabajadores. 

“Hay muchos niños mapuches en donde trabajo, la mayoría son de comunidades rurales y todo lo que hemos vivido en la comunidad los atemoriza. Uno vive todos los días la persecución de los militares. Sales de la casa o del colegio y siempre hay micros de milicos cuidándonos”, afirmó Cañio. 

En esa misma línea, la docente aseguró que desde que se dio a conocer la noticia, junto a las notables ausencias en la sala, ha percibido cambios en la actitud de las y los estudiantes. “La mayoría no salen a jugar al patio, sino que me dicen ‘tía yo prefiero quedarme en sala y así no me va a pasar nada, aquí estoy más protegido’, por miedo a que los militares o carabineros le hagan algo”, detalló.

Además de ser docente, Cañio es pareja del Logko Alberto Curamil, quien en conjunto con la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la instalación de la base militar en el recinto educacional. Ambos son padres de dos niños que asisten a la Escuela República de México y quienes en más de una ocasión les han consultado qué han hecho de malo para ser constantemente vigilados por militares y policías.

De la misma manera en que las y los menores sienten miedo de los imponentes vehículos de la Fuerzas Armadas (FF.AA.), madres, padres y apoderados se rehúsan a que sus hijos e hijas crezcan en un entorno militarizado. La abogada, ex defensora penal mapuche y asesora legal voluntaria de las comunidades de Curacautín, Trapilwe y Temucuicui, Manuela Royo, recientemente inscribió a su hija en dicho establecimiento educacional y se ha manifestado en contra de ver a niñas y niños jugar al lado de tanquetas militares.

Asimismo, la también exconvencional constituyente ve con mucha intranquilidad el proyecto del Ejército chileno porque considera que es una gran manifestación de racismo contra los niños y niñas pertenecientes al pueblo originario. “Hay una operación que busca como un populismo penal para instalar una supuesta seguridad, en un pueblo en el que he vivido muchos años y no existen problemas de seguridad tan profundos, como sí hay en otra ciudad. No sé si en Santiago en una escuela en Las Condes alguien pondría un recinto militar en su patio, probablemente no”, destacó. 

Según el artículo Infancia Mapuche: perspectivas del sufrimiento psíquico ante la violencia estructural del neoliberalismo en Chile escrito por el psicoanalista e integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis (ICHPA), José Ignacio Schilling Richaud, no sólo se entiende por violencia aquella que es ejercida de manera física directa, “sino también formas más sutiles que imponen relaciones de dominación y explotación, como es el caso de la violencia ideológica asociada a racismo, odio y discriminación”. 

En ese sentido, las profesoras y profesores identificaron “como un riesgo para el trabajo pedagógico el tener enfrente o al lado de las dependencias de la escuela, personal militar con tanquetas y armamento de guerra, donde niñas y niños deben normalizar una escena que en nada colabora a los aprendizaje de cada uno de ellos”. 

“Esto genera una vulneración importante en el derecho de educación de las niñas y niños y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Evidentemente los espacios militares son espacios de institucionalización de la violencia, (…) hoy parece que hay un abuso en utilizar las fuerzas militares para un control social interno que debiese estar en manos de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones”, comentó Royo. 

Los graves antecedentes de violencia contra la infancia mapuche

En conversación con nuestro medio, el profesor intercultural mapuche e integrante de la Alianza Territorial Mapuche, Miguel Melin, cuestionó que tanto la esfera política como la académica suelen señalar que el conflicto con el pueblo originarios es de varios siglos, cuando en realidad no tiene ni siglo y medio. Además, enfatizó que se ha reproducido una mala comprensión de quienes son realmente las víctimas en este conflicto. 

En acuerdo con Cañio y Royo, el profesor sostuvo que “frente al pueblo mapuche el Estado tiene la responsabilidad histórica de asumir el conflicto como tal“. Igualmente, Melin opinó que el pago de esa deuda debe ser “en términos no solo de la cuantificación de esta deuda sino que en el pago de ésta. Eso incluye al pueblo mapuche en su conjunto, el empobrecimiento, la vulneración de los derechos de la infancia y los ancianos”. 

“Se hacen diagnósticos de la región más pobre de Chile pero los problemas no se abordan de manera estructural y siempre los más afectados han sido los niños y niñas”, expuso. 

El fundado miedo por los niños y niñas mapuches tiene que ver en parte con las experiencias que sus padres han vivido y las que ellos también han enfrentado desmedida e injustamente. Para Isabel Cañio, este episodio de instalación de un Contingente Militar en su lugar de trabajo le recuerda a los allanamientos que sufrió cuando era pequeña. Asimismo, existen múltiples casos de violencia desmedida en contra de niñas y niños que han provocado la acción de la Defensoría de la Niñez. 

De acuerdo al Informe Anual de Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile 2021, el 8 de junio de 2020 el niño S.P.P.M de 12 años, es dejado solo, luego de que Carabineros detiene a su padre y tío en sector de Traiguén. Carabineros también intentó detener al niño, pero los adultos acompañantes les indicaron que era menor de edad. Los funcionarios policiales no dieron aviso del procedimiento a la familia, ni que el niño quedó solo. S.P.P.M. relató que lo patearon y dejaron abandonado a unos 15 km. de su casa, realizando un trayecto de dos horas que le causó miedo, angustia y llantos.

El 7 de enero de 2021 una niña de 12 años, A.A.A.M y una adolescente de 14 años, C.I.V.M, se encontraban en su domicilio cercano a la comisaría de Ercilla, cuando escuchan disparos y deciden trasladarse por temor a casa de su abuela. Durante su trayecto son interceptadas por funcionarios de la PDI y relataron que a la mayor la arrastraron del pelo desde una camioneta del vecino donde alcanzó a subir, mientras a la menor la redujeron violentamente con armas y la dejan en el suelo con rodilla encima, mientras amenazaban de muerte a las dos menores.

El mismo día del caso anterior, la niña G.C.A. de 7 años, fue abordada por la PDI y Carabineros, impidiendo que asistiera a tribunales a escuchar el veredicto sobre el asesinato de su padre, Camilo Catrillanca, junto con su familia. La víctima relató que fue sacada del vehículo con fuerza desmedida, apuntada por un arma, tironeada de sus trenzas y de ambos brazos, para luego ser subida a un vehículo policial por 3 horas. 

Dado el historial de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes del pueblo mapuche y la decisión de instalar la discutida base militar basicamente al interior de la Escuela República de México, la Alianza Territorial Mapuche, el Logko Alberto Curamil, la comunidad mapuche Pancho Curamil y el Movimiento por la Defensa del acceso al Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA) Wallmapu, le enviaron una carta a Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncian que en el marco de la militarización del Wallmapu “funcionarios de Carabineros y de las FF.AA. de manera permanente han incursionado las comunidades haciendo un uso indebido y desproporcionado de la fuerza, que se deriva, de manera particular, en violaciones de derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes”.

Así, por medio de la misiva le solicitaron a la CIDH que “en conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), solicite información al Estado Chileno sobre”: criterios para decidir la instalación de una base militar en un territorio colindante a la escuela, existencia de otros recintos militares y distancia de ellos de la Comuna de Curacautin y medidas de protección respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes mapuche en la Provincia de Malleco.