En una tónica que se ha extendido durante toda la semana, este viernes la Comisión Revisora continuó con el análisis de la acusación constitucional que interpusieron parlamentarios de Chile Vamos contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos. Esta vez con el objeto de escuchar los argumentos de la defensa de la exautoridad, el socialista, José Antonio Viera-Gallo.

En la sesión, que se desarrolló en la sede del Congreso en Santiago, el exministro de la Segpres insistió en la desnaturalización de la acusación constitucional, argumentando que esta apunta más bien a un juicio de mérito y no de legalidad y que, por tanto, “conlleva a un grave trastorno para el sistema presidencial chileno”, dado que la responsabilidad se hace efectiva solo por el jefe de Estado.

En su exposición, el también exintegrante del Tribunal Constitucional mencionó que, respecto al primer capítulo del libelo, que apunta a una presunta responsabilidad de la exministra en el otorgamiento de 13 indultos particulares, al tratarse de una facultad exclusiva del Presidente de la República “lo que parece importante es que es comisión y la Cámara no juzgue el mérito de los indultos del Presidente Boric. Sobre el mérito, la oportunidad, todo eso forma parte del debate político, pero la acusación contra una ministra de Estado, que corre el riesgo de una acusación grave, debe fundarse sobre motivos de legalidad y constitucionalidad, no sobre la ponderación del juicio del presidente”.

En el caso del indulto al exfrentista, Jorge Mateluna, planteó que el razonamiento que se siguió para entregar el beneficio “fue básicamente a su rehabilitación” y que, si bien este motivo ya fue invocado en una primera oportunidad en 2004, que terminó con su reincidencia en un nuevo proceso judicial- “a quien le corresponde juzgar si el señor Mateluna ha cumplido o no con las condiciones o no para su rehabilitación y reinserción en la sociedad es única y exclusivamente al Presidente de la República”.

Asimismo, el exsenador advirtió que al haber ya requerimientos de parlamentarios que buscan invalidar estos indultos tanto en la Contraloría como en el Tribunal Constitucional, “se puede producir una serie de contradicciones en el aparato del Estado que al final no convienen al buen funcionamiento de las instituciones”.

Para Viera-Gallo “lo lógico aquí habría sido, si es que quieren recurrir primero al TC y después a Contraloría, haber esperado tres meses para acusar a la ministra según lo que resolvieran esos organismos, porque la responsabilidad de los ministros de Estado sigue hasta tres meses después que han abandonado su cargo” y planteó: “¿Qué pasaría si se acusara a la ministra y se aprobara diciendo que ha habido violación de ley y la Contraloría dijera que no ha habido violación de ley? O ¿Qué pasaría si lo mismo ocurriera con el TC? Aquí ha habido un cierto desorden creo yo un cierto desorden en lo que es recurrir a una u otra instancia y de por medio está la suerte de la propia ministra de Estado”.

En tanto, sobre el segundo capítulo, que acusa a la ministra de una “falta de control jerárquico” en la concesión de beneficios penitenciarios y traslado de reos de la denominada Macrozona Sur, la defensa afirmó que “por tratarse Gendarmería de un servicio dependiente, pero desconcentrado, las facultades para establecer las condiciones penitenciarias dependen básicamente de los alcaides de los recintos penitenciarios o de los directores regionales del servicio”, graficando para una mejor comprensión de aquello su experiencia en la época en que se desempeñaba como subsecretario de Justicia en el gobierno del ex presidente Salvador Allende.

Además, Viera-Gallo añadió que estos hechos operaron, atendiendo a la resolución exenta N° 3.925 emitida en 2020 y que adecúa el sistema carcelario a reos de pueblos indígenas. Documento que, no obstante, en uno de sus puntos fue impugnado por Contraloría, por a su juicio contravenir el reglamento de establecimientos penitenciarios (decreto N°518), al no aplicar sanciones –como impedir el acceso a beneficios- a internos que iniciaran una huelga de hambre.

“¿Qué hizo la ministra Ríos? Envió un oficio, que está en la contestación, al servicio de Gendarmería, ordenando que de ese momento en adelante no se aplicara más esa resolución en el punto que fue objetada. O sea, ella dio cabal cumplimiento al dictamen del contralor, ella se atuvo a la legislación vigente. Entonces, cae de su peso que no corresponde acusar a la ministra por haber dejado la ley sin cumplir”, expresó.

Tras esta sesión, se espera que el martes de la próxima semana la Comisión Revisora vote el libelo y que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie sobre el mismo el miércoles 25 de enero.