El Tribunal Constitucional rechazó parcialmente la petición de senadores de la oposición, que buscaban acceder a los expedientes de siete de las 13 personas que fueron indultadas por el Presidente Gabriel Boric.

El pleno descartó dos de los tres requerimientos realizados a mediados de enero por parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Demócratas, quienes buscan que se revoquen el beneficio entregado a seis condenados por delitos en el contexto del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

El tribunal indicó que “por su especial naturaleza” los datos solicitados “tienen carácter sensible”, por esta razón acogieron una instancia subsidiaria para otorgar ciertas copias de información que puede ser obtenida “a través de los mecanismos que ha previsto el ordenamiento jurídico”

“No resulta posible denegar el acceso a los antecedentes referidos en la primera petición subsidiaria, toda vez que esta puede ser obtenida a través de los mecanismos que, a su respecto, ha previsto el ordenamiento jurídico en los términos que actualmente rigen el régimen de reserva o secreto, respecto de aquella información acompañada a estos autos que, total o parcialmente, es pública y, en esos términos, consta en portal institucional del respectivo órgano”, detallaron.

Asimismo, el magistrado señaló que “no resulta necesario y constituiría una demora injustificada en la tramitación de esta causa, que esta judicatura ejecute el principio de divisibilidad que ya ha sido realizado por la autoridad administrativa, conforme a la legislación vigente”.

“El tribunal dispuso la reserva de los antecedentes con la finalidad de cumplir estrictamente con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el tratamiento de la información solicitada. Esta, por su especial naturaleza, tiene carácter sensible y puede afectar los derechos no solo de las partes involucradas en la resolución del conflicto constitucional que se ha iniciado, sino que, también, de terceros que no están involucrados en el mismo”, informaron en la resolución.

Por su parte, los ministros Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez constataron mediante una prevención, que estuvieron por otorgar copias del Decreto Supremo y el expediente administrativo que se utilizó para la solicitud de indulto de Luis Castillo, quien tiene al menos cinco condenas y 26 causas judiciales previas a lo sucedido en el estallido social, aunque “adoptando los resguardos necesarios frente a la información sensible y protegida”.

En esta línea, manifestaron que no es “constitucionalmente aceptable crear una situación de desigualdad respecto al acceso a los elementos y antecedentes que sean indispensables para sostener la tesis jurídica del sujeto activo en la litis y la confrontación de posición contraria. La igualdad de armas es una condición consustancial a un Estado de Derecho”.