Espectacular fue la primera demolición de las llamadas “narco-casas”. Con una robusta comitiva municipal y contando con la amplia cobertura de los medios de comunicación, el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, encabezó el pasado 9 de febrero la intervención del domicilio ubicado en la esquina de José Miguel Carrera con Monseñor Carlos Casanueva. El objetivo del edil era avanzar en desbaratar la banda “Los Macacos” aplicando la Ley General de Urbanismo y Construcciones -que habilita a las municipalidades a demoler viviendas que no están regularizadas o que no cuentan con permiso de edificación- como una herramienta de la Política de Recuperación de Barrios que llevan los equipos sociales y de Seguridad Ciudadana del municipio.
Hasta la fecha el operativo ya lleva tres construcciones y contempla avanzar hacia otras 16. Mientras la segunda correspondió a una casa ubicada en calle Santa Amalia, cerca de la villa Los Abedules, la última fue una vivienda emplazada en Marigen 9673, lugar vinculado con el homicidio de Lisette Mateluna Ruiz de 21 años. “El país no puede quedar en manos de delincuentes”, señaló entonces el alcalde Carter, defendiendo la iniciativa que le ha significado múltiples cuestionamientos.
Ya en febrero la profesora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, en conversación con nuestro medio, ponía en duda la efectividad de la medida. “No me imagino cuál podrá ser el efecto más allá de estas ideas mediáticas de impactar visualmente”, apuntó, aduciendo que este tipo de iniciativas “más bien tienden a ir incrementando esta sensación permanente de estamos solos e inseguros frente al delito y a merced de esta criminalidad”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, tres expertos en seguridad ampliaron este análisis identificando los claroscuros de una iniciativa, que no por devenir en polémica ha dejado de despertar el interés de otros jefes comunales. “Lo bueno se copia”, dijo el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez -cercano al mundo de Chile Vamos como Carter- a fines del mes pasado.
Para el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Jurídicas, Hugo Frühling, “no hay forma de contestar en blanco y negro” la pregunta respecto a si la demolición de las narco-casas sea una buena política pública en materia de seguridad.
“Yo creo que tiene todos los aspectos negativos que son propios del uso de un resquicio legal. Como el propio alcalde lo mencionó, esto es un resquicio legal en el sentido que se ocupa una norma vigente respecto a las construcciones que entrega atribuciones al municipio -efectivamente quienes son afectados por la medida han incumplido las regulaciones efectivas- pero el sentido de la norma, el objetivo, su finalidad, no tiene nada que ver con la regularización de esas construcciones”.
“Por cierto que tiene el lado positivo de que demuestra vocación, responde a un cierto clamor público en el sentido de que en los barrios más vulnerables efectivamente existe una visión profundamente negativa respecto del microtráfico y todas sus consecuencias, que muchas de esas propiedades se usan con fines ilegales, pero yo creo que sería enormemente preferible que la autoridad pública competente, que no es la alcaldía, tomara una medida general, dictara una norma o se ahondara en una legislación especifica que cubriera esos casos y que fuera aplicable a todo Chile”, añadió.
Y es que el principal dilema de la medida es que queda bajo el criterio de la autoridad de turno, apuntó Frühling. “El problema es que usted aplica una norma sobre la base de argumentos que no son extremadamente claros y después notifica al afectado o afectada”, señaló, precisando que “se toma una medida sobre la base de pruebas que no han sido de alguna manera discutidas ante un tribunal respecto a la relación de esa propiedad y el narcotraficante y por lo tanto es imposible objetarla en una sede judicial. Y luego, cuando usted quiere reclamar, no tiene cómo porque las razones por las cuales se está aplicando permanecen ocultas, no están en el acto administrativo explicito que ha firmado el alcalde”.
En ese sentido, advirtió que “pueden haber cientos de otras construcciones que no han cumplido la norma en La Florida y que les permiten regularizarla y no son objeto de demolición”.
Para el ex director de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, la demolición las llamadas narco-casas derechamente no es una buena política pública, porque para calificarse como tal, éstas “necesitan tener continuidad en el tiempo, necesitan tener un respaldo”, mientras que esta iniciativa puede “encontrarse con distintas limitaciones y efectos muy reducidos”.
“Las políticas públicas se caracterizan por ocupar recursos públicos para resolver un problema social importante para la población y en este caso, si bien esta iniciativa da una señal que pareciera ir en la línea que todos queremos, que es combatir al narcotráfico y el crimen organizado, al final lamentablemente es algo que no se va a poder sostener mucho en el tiempo. Porque uno, tu estás demoliendo y lo que te permite la ley es solo la ampliación de esa vivienda y no la vivienda misma, por lo tanto, eventualmente podría seguir operando ese lugar con aquella parte que no fue demolida”, advirtió.
En segundo lugar, indicó que “se pueden generar conflictos con los vecinos porque en esas poblaciones, y yo conozco esa situación de las poblaciones populares, es que seguramente el 80% de las viviendas tienen ampliaciones que no están regularizadas”, por lo “también tendrías que operar con ese criterio en otras viviendas, cosa que seguramente un alcalde no querrá hacer porque sería muy impopular”.
Bajo estas consideraciones Araya consideró necesario legislar efectivamente sobre el problema. “Diez años atrás o más incluso yo estuve en reuniones con gente de la Fiscalía Nacional, con altos mandos de las policías y ellos ya planteaban el tema que tenían con estas casas, que están investigando a una banda y resulta que esa banda en una población determinada tiene dos o tres casas, entonces para que no los pillen, una casa la ocupan para el depósito y guardar las cosas, o esa casa está conectada en algún lugar en otra casa por donde escapan, entonces es un problema que viene desde hace tiempo y que hay que resolver”.
Sobre cómo avanzar en ello, el académico indicó que “existen normas de que tú ahora puedes requisar los automóviles, algunos elementos que puedes probar que están bajo un enriquecimiento ilícito ligado al narcotráfico, pero hay que perfeccionar esa norma de tal manera que las autoridades puedan requisar, ya no solo automóviles, sino que también una casa o una vivienda, si es que se comprueba que efectivamente ha sido adquirida por el narcotráfico o es usada permanentemente para la comisión de delitos. Ahí hay que buscar una norma que permita resolver ese tipo de situaciones”.
Asimismo, consideró necesario avanzar a “un plan de intervención urbana un poquito más integral, la experiencia que se hizo en La Legua, por ejemplo. Es decir, tú a veces necesitas abrir calles, abrir muros que crean inseguridad y generar condiciones incluso de reconstrucción de determinados barrios”.
Contrario a la medida emprendida por el municipio de La Florida se manifestó el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Diego Palomo, quien consideró que una buena política pública en materia de seguridad es aquella que es “honesta”. En contraste, advirtió que “estas actuaciones, esta espiral de demoliciones, alguna ejecutadas y otras por ejecutar que está a cargo del municipio de La Florida, no cumplen con ese requisito”.
“Aparecen como parte de una estructura de combate al narcotráfico en circunstancias que no tienen nada que ver con al Ministerio Público, no tienen nada que ver con los tribunales penales que actúan en el sistema procesal penal y no tiene nada que ver con la ley de drogas, sino que dice relación con la facultad que le brinda la Ley General de Urbanismo a los alcaldes para generar la demolición de estas ampliaciones que no aparecen regularizadas. Entonces la ciudadanía, que en esto se guía por lo que aparece en los matinales en vivo y en directo, va a estar confundida y con razón o sin razón, va a pensar que esto es parte de una política pública de persecución contra el narcotráfico siendo que no es así”, sostuvo.
Por tanto, sentenció que “estamos frente a algo que es más efectista que efectivo”.
Considerando el complejo fenómeno criminal que se ha venido manifestando en el país, Palomo consideró necesario hacer un llamamiento para que los distintos actores “actúen con mayor contundencia y mayor coordinación” sobre el problema.
“Ahora, si bien ese llamamiento debe existir también, hay que tener presente algo que la gente desconoce que actualmente está en tramitación un proyecto de ley que viene a reforzar o a aumentar las penas involucradas en este tipo de ilícitos penales y en ese sentido el llamamiento tiene que ser directamente al Congreso”, señaló, relevando que “con esas nuevas penalidades aumentadas y reforzadas que contemplaría ese proyecto de ley, los tribunales de justicia, el Ministerio Público tendrían mayores elementos a los cuales echar mano de cara al problema”.
Así las cosas, el académico consideró que “si queremos de verdad abordar el efectivo delictivo general y el fenómeno del delito ligado al tráfico de drogas en particular, lo que hay que hacer es de verdad optar por reforzar el sistema procesal penal en general”.
“Tenemos un déficit de fiscales, que son el mismo número que existía hace 10 años, periodo en que se han aumentado los tipos penales. Por lo tanto, no debiese llamar tanto la atención el atraso o la recarga de trabajo. El aumento de jueces no ha estado en sintonía con las mayores necesidades, con la presión que va generando el sistema para que los juicios no terminen desarrollándose con tanta dilación, porque esa sensación en la ciudadanía, también genera una sensación de injusticia. Ya lo dice el refrán popular: justicia que tarda, no es justicia”.
El dilema de la Publicidad
Una deriva de las demoliciones de “narco-casas” es el problema de la alta mediatización con la que, al menos la primera de estas viviendas, fue intervenida por la municipalidad de La Florida. Un factor adicional que, a juicio de los consultados, socava la calidad de un debate en materia de seguridad pública que viene ya alicaída.
A ese respecto, Frühling, sostuvo que “naturalmente todas las autoridades públicas que dependen del juicio ciudadano utilizan o difunden a través de los medios sus medidas desde las perspectivas que los beneficia más a la luz de la opinión pública, eso es legítimo. Naturalmente que cuando uno exagera a ese respecto, puede producir efectos que son dubitativos en el sentido en que hace dudar respecto a los objetivos últimos de la medida, si ésta apunta a aumentar el apoyo electoral del alcalde o efectivamente solucionar el problema del narcotráfico en el barrio”.
Ahora bien, acotó que “más allá de la medida en cuestión, el debate respecto a la seguridad en general está bastante deteriorado. Yo creo que el acalde contribuye poco a algo que realmente es preocupante”.
Por su parte, Araya señaló que cuando el alcalde de La Florida sale con esto hay un trasfondo que subyace, algo que todo el mundo está comentando: que Carter puede ser un eventual candidato presidencial. Entonces cualquier iniciativa que él tome va a ser considerada como una iniciativa que está tratando de causar el impacto público y que puede estar en el marco de una campaña presidencial”.
“Entonces tú politizas el tema, vas a hacer que cualquier eventual contrincante o sector político van a reaccionar por un tema de competencia política, en contra de eso. Entonces las políticas públicas, especialmente en materia de seguridad, tienen que ser generadas con diálogo y como políticas de Estado”, añadió.
En tanto, Palomo afirmó que “si nuestras autoridades en el afán de satisfacer una agenda electoral personal contingente convocan a matinales o a la prensa para efectos de hacer este show que mezcla la pirotecnia y el populismo penal, estamos en el camino equivocado”.
“Los debates deben producirse en las instituciones que corresponden, en este caso el Congreso Nacional, de cara también a relegitimar el funcionamiento de las instituciones. Ya el estallido mostró una seria desconfianza de las instituciones en general y en la justicia en particular, entonces ésta es una oportunidad, o de lo contrario, no hemos entendido nada de lo que pasó en ese octubre pasado”, cerró.
