“Por notable abandono de deberes y faltas a la probidad” los consejeros regionales de Coquimbo, decidieron pedir al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) la remoción de la Gobernadora Krist Naranjo.

En un punto de prensa realizado este lunes en el frontis del GORE, los 16 consejeros acusaron a Naranjo de “uso indebido de vehículo fiscal, realización de viajes internacionales (falta de agenda, informe de cometido y cambios de vuelo que generan gasto público innecesario), maltrato a funcionarios y pago por desvinculaciones, incumplir plazos establecidos con ejecución presupuestaria, incumplimientos de los acuerdos por el CORE e incumplimiento de plazo legal para dar Cuenta Pública”.

Según explicó el core Cristian Rondanelli la decisión se basa en un “notable abandono de deberes y faltas a la probidad cometidas por la autoridad”, lo que habría quedado de manifiesto en una exhaustiva investigación de una Comisión Especial Fiscalizadora.

A raíz de esta situación, los consejeros anunciaron una querella criminal contra la autoridad por fraude al Fisco, ante la gran cantidad de viajes realizados al extranjero de los que no existen mayores antecedentes.

El abogado que presentará la acción judicial, Mario Zumelzu, afirmó que “nosotros pensamos que existe un delito muy claro. A la gobernadora la sancionaron con una multa por el maltrato como persona natural, pero se pagó con recursos públicos”.

Añadió que esta “es primera vez que se presenta una reclamación de este tipo contra un gobernador regional”.

Por su parte, la gobernadora Naranjo afirmó que seguirá trabajando “pese a las maniobras oscuras que tanto mal le hacen al país y a las personas. Ser mujer y no provenir de ningún feudo político me está hoy día pasando la cuenta al ser independiente, pero sigo firme y con la convicción intacta de que la democracia la hacen las personas y no el cuoteo político que tiene como eje central, la ambición al poder”.

Los cuestionamientos contra Naranjo se basan en una serie de situaciones que incluso han afectado la implementación de los planes de empleo en una región con alta tasa de desocupación luego de la pandemia además de bajos ingresos generales, así como los problemas para la ejecución del presupuesto 2022 que posteriormente fue entregado en los últimos días del plazo con un cumplimiento superior al 95 por ciento.

A ello se suman las diferencias con los integrantes del consejo regional de todas las colectividades así como las acusaciones contra el delegado presidencial Rubén Quezada y los seremis de gobierno, denunciando una persecución por su calidad de mujer, ambientalista y feminista.

La denuncia contra la gobernadora la suscribieron todos los integrantes del consejo, incluyendo los representantes de la UDI y el Partido Comunista de la región.