Esta semana, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez ha estado en el centro del debate, debido a unas polémicas declaraciones. Luego de visitar a la familia del cabo Alex Salazar, quien fue atropellado la madrugada del domingo, Yáñez emplazó al Congreso para que apruebe una serie de iniciativas que, él considera, benefician a Carabineros.

Además, el general instó a que se establezcan herramientas para que las policías “puedan tener la certeza de que lo que van a hacer no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades”.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Karinna Fernández, abogada de la organización de defensa a los derechos humanos, Londres 38. A juicio de Fernández, los dichos del general Yáñez no corresponden, porque van en contra de lo establecido en la Constitución.

“Dentro de un estado democrático, las Fuerzas Armadas y de Orden no son deliberantes y tienen que someter su accionar, incluso en términos comunicacionales, a las autoridades gubernamentales”, explicó.

Por otro lado, el llamado de Yáñez a que la Fiscalía no cuestione la labor policial, se condice con otra acción del general.

“Para nosotros es indispensable señalar el contexto en que se dan estas declaraciones. Él no ha concurrido a declarar ante la justicia. Existe una investigación en contra del alto mando de Carabineros, una que investiga la fiscal Ximena Chong, en la que él se ha rehusado a participar en cinco oportunidades”.

Lo anterior, aseguró Fernández, no solo “obstaculiza profundamente una investigación que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos”, sino que también “hace impresentable estos dichos”.

De acuerdo a la abogada, en algunas ocasiones Yáñez se ha excusado, y en otras simplemente no ha asistido para dar su declaración.

“Eso ocurrió en particular con la primera citación de agosto, donde incluso la ministra Vallejo sostuvo que el general iba a aportar antecedentes, que iba a concurrir a declarar, cosa que hasta ahora no se ha dado. Después, siguió dilatando su participación a través de una serie de argumentaciones, como que estaba muy ocupado en septiembre, que tenía que ir a la parada militar, y así han transcurrido los meses. Ya para la última citación, en febrero, dijo que estaba de vacaciones”, indicó.

Frente a ello, Londres 38 ha utilizado distintos mecanismos para exigir que Yáñez cumpla con sus obligaciones legales, desde realizar declaraciones públicas, a otras maniobras de escala internacional.

“Hemos pedido a la Comisión Interamericana que requiera al Gobierno la información de por qué el general no concurre a declarar, y de esas comunicaciones hemos enviado copia a Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado acá en Chile, y a la senadora Fabiola Campillai”.

De todas maneras, Fernández destacó que la no concurrencia de Yáñez, es solo uno más de los múltiples obstáculos que Carabineros ha puesto para que se aclare la verdad.

“Hay una serie de antecedentes que Carabineros no remite, que no envía de manera oportuna, o que lo hace de forma fragmentada. Todos esos son obstáculos para una investigación que justamente tenía que ser realizada de manera oportuna y efectiva, tal como dijo la Comisión Interamericana en su informe sobre Chile”, acotó.

Otro elemento a considerar, es el rol que el el gobierno de Boric ha jugado en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Según Fernández, en ese aspecto, el Ejecutivo ha realizado una labor deficiente.

“Lo que a nosotros nos interesa desde la sociedad civil, es hacer énfasis en la necesidad de que no se genere una impunidad, que además sea observada con beneplácito desde la autoridad gubernamental. Cuando no se hacen las exigencias mínimas, para que autoridades que dependen de su mando, como es el general director de Carabineros, concurran a prestar declaración, el daño que se hace a las investigaciones es demasiado estructural”.

Finalmente, respecto al sector político que, ante las declaraciones de Yáñez, ha hecho un llamado a respaldar a Carabineros, la abogada señaló: “Mientras no tengamos una adecuada rendición de cuentas, de lo que ocurrió en el contexto del estallido, y de quiénes son responsables, no debería haber ninguna situación de salvaguardas institucionales para fuerzas que participaron de estos abusos”, concluyó.