Durante la semana pasada, Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, se manifestó en contra del proyecto Naín-Retamal, específicamente en cuanto a las disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada: “No se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”, dijo Jarab. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el representante de la ONU, señaló que lo problemático del proyecto de ley “no es que autorice el uso de la fuerza, es que está reduciendo, o pretende reducir la rendición de cuentas y esto no puede ser un paso bueno”, afirmó.

“Reducir la rendición de cuentas significaría que las víctimas de un eventual abuso tendrían una situación difícil para comprobar que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Traspasaría la carga de la prueba desde el oficial de policía, que tiene que demostrar que usó la fuerza de manera proporcional, a las víctimas que particularmente tienen menos recursos y menos acceso a abogados. Finalmente sería una profunda desventaja”, explicó.

Jarab además aclaró cuál es el papel que Naciones Unidas cumple en Chile y en otros países: “Las Naciones Unidas tienen tratados vinculantes en materia de derechos humanos y los países voluntariamente ratifican estos tratados, Chile entre ellos, y una vez que ratifican estos pactos, hay que respetar que uno ha ratificado”.

“Nosotros como oficina regional basada en Santiago, pero cubriendo seis países de América del Sur, cuando vemos una política o un proyecto de ley que podría no estar acorde a los estándares internacionales, tenemos la obligación de alertar, porque son obligaciones del Estado”, indicó. 

Respecto al tema de la seguridad pública, Jarab aseguró que se trata de un problema a nivel regional y advirtió que las políticas punitivas no son la solución.

“Estas políticas, particularmente en temas de drogas han llevado a un considerable aumento de personas privadas de libertad, y esto no es un buen indicador. Si bien en el imaginario colectivo muchas veces se piensa que cuánto más delincuentes encarcelados, más segura será la sociedad, esto no es así. Está comprobado que una vez que las cárceles se vuelven lugares donde no se puede hacer la resocialización social, están sobrepobladas, hacinadas, con condiciones degradantes, estas cárceles dejan de funcionar como algo positivo, y más bien se vuelven laboratorios del delito”, manifestó.

En ese contexto, Jarab puso como ejemplo a México, que con la declaración de guerra al narcotráfico, no hizo más que aumentar su número de homicidios.

“Cuando en 2006 el presidente Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra las drogas, México tenía un índice de homicidios un poco más alto de lo que hoy tiene Chile y con esta llamada guerra contra la droga, el índice de homicidios se disparó hacia más que 20, es decir, se incrementó la letalidad por todo el país”.

Por último, Jarab hizo un llamado a no tomar decisiones impulsivas en materia de seguridad: “Sin lugar a duda la seguridad es un problema para Chile, que merece toda la atención de las autoridades, pero esta atención no solamente tiene que ser compatible con los derechos humanos, sino que es el único camino para que pueda ser eficaz también”.

“Que sea compatible con los derechos humanos, y por lo tanto que las policías cuenten con mejores herramientas, mejores salarios, mejores carreras, eso sí conduce a mejores niveles de confianza en la sociedad, y por lo tanto de seguridad”, concluyó.

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