La instancia evacuó con observación positiva once de catorce propuestas del Ejecutivo. Considerando el pronunciamiento, este miércoles la Sala tendrá que visar las indicaciones en medio de las últimas definiciones de las colectividades.
El abogado y académico de la Universidad Diego Portales aseguró que aún con los cambios del Gobierno, se estaría configurando una “ley tosca”. Además, señaló que faltaron penas especiales para las usurpaciones cometidas por organizaciones criminales.
De todas formas, el senador por la Región Metropolitana afirmó en paralelo que el Gobierno tiene razón al presentar el veto que eliminaría la legítima defensa privilegiada del proyecto porque “podría haber existido abusos en algún minuto”.
El senador PS respaldó el veto presidencial que presentará el Gobierno sobre el articulado que establece la legítima defensa privilegiada. “El Presidente no está actuando fuera de la ley ni se está poniendo en favor de los usurpadores”, señaló.
La bancada del Partido Comunista hizo reserva de constitucionalidad ya que atenta “contra el Estado de derecho porque promueven la autotutela, que es hacer justicia por la propia mano”. La aprobación fue criticada por la ministra del Interior.
El abogado señaló que la regla de la legítima defensa privilegiada es un aspecto que es problemático, no tanto por el texto que finalmente salió, sino por las interpretaciones equívocas que le han adjudicado a la norma.
Durante el debate, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a “dejar atrás la idea de las policías en disputa”. Además, emplazó a trabajar para subir el estándar de la función de las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público.
A juicio del coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el acuerdo alcanzado en el Senado dejó afuera las indicaciones más polémicas, pero mantuvo tal cual la legitima defensa privilegiada, el corazón del proyecto.
En conversación con nuestro medio, el representante de la ONU DDHH reiteró sus críticas a la iniciativa y advirtió que las políticas punitivistas, en otros países de América del Sur, no han conducido a una mayor seguridad pública.
En la sesión, los parlamentarios escucharon la exposición del exsenador Felipe Harboe, del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, y del especialista en derecho penal, Enrique Aldunate.
“Bajo la inminente ley Naín-Retamal las violaciones de derechos humanos podrían volver a ocurrir con mayor frecuencia y con menos posibilidad de ser sancionados”, señaló Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
