Continuando con la tónica de inicios de semana, la tarde de este miércoles el Pleno de la Comisión Experta aprobó en general y por unanimidad las propuestas de articulados de nuevos capítulos del anteproyecto de la nueva constitución.

En una primera sesión convocada a partir de las 09:00 horas, las y los comisionados analizaron las normas relativas a Justicia Electoral y Servicio Electoral; Contraloría General de la República y Banco Central. Por lo que, con este resultado, las iniciativas serán devueltas a las subcomisiones para que los integrantes puedan discutir el ingreso de indicaciones, de cara a lo que será su posterior revisión en particular.

Así, comenzó el debate con la propuesta sobre materia electoral suscrita por los comisionados Paz Anastasiadis (DC), Catalina Salem (RN), Katherine Martorell (RN), Hernán Larraín (UDI), Leslie Sánchez (PPD) y Domingo Lovera (RD).

Al respecto, la comisionada de Convergencia Social, Antonia Rivas, consideró necesario replantear la composición del Servicio Electoral, cuya propuesta mantiene la designación de un total de cinco consejeros a cargo del Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado, eso sí, por 3/5 de sus integrantes en ejercicio. “De alguna manera aquí hay un resguardo muy importante de imparcialidad, independencia, de pertenencia de estas personas que resguardan cosas tan importantes en esto”, expresó.

Asimismo, Rivas recomendó especificar los motivos con los que se podrían sancionar eventualmente a los consejeros del Servicio Electoral, destacando que “hay una de las causales que habla de ‘mal comportamiento’, no entiendo a qué se refiere eso. Creo que es importante aclararlo con mucha precisión, sobre todo porque es infracción grave a la constitución y las leyes”.

Mientras el comisionado UDI, Máximo Pavez, calificó como “una muy buena noticia” la elevación del Servicio Electoral a rango constitucional.

En ese sentido, el también exsubsecretario de la Segpres sostuvo que “el sistema electoral chileno es un sistema en el cual nosotros confiamos en ciudadanos que ejercen como vocales de mesa, donde la ciudadanía concurre, donde tenemos los resultados temprano, donde se realizan en orden. Eso es gracias, por supuesto, a las virtudes cívicas de nuestro país, pero además porque el Servicio Electoral ha prestigiado nuestra democracia electoral. Creo que fue un error de los señores legisladores no haber incluido el capítulo de justicia electoral y Servel en las bases electorales”.

Ya entrando en la segunda discusión sobre la Contraloría General de la República, uno de los temas que provocó reparos fue la eliminación de la atribución que apunta al examen y juzgamiento de las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo bienes de las entidades sometidas a su fiscalización. Según plantea la propuesta, esto se debe a que dicha función “consiste en una facultad jurisdiccional ejercida por un órgano administrativo y, por tanto, le corresponde a los tribunales ordinarios de justicia”.

Sobre esto, el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, si bien coincidió con esta innovación, apuntó que es esencial establecer normas para la transitoriedad de la medida. Asimismo, sugirió “consagrar abiertamente” el rol y contribución del organismo en el combate contra la corrupción, resaltando, por ejemplo, la posibilidad de incorporar una atribución que le permita fiscalizar el uso de todos los recursos públicos, incluyendo a privados.

“Creo que se debe explicitar que serán fiscalizables también por la Contraloría las personas jurídicas privadas que gestionen recursos o bienes públicos, pues ahí existe un amplio espacio para la opacidad o las prácticas deshonestas que no debiéramos tolerar. Es claro que hay quienes tienen especial preferencia porque los privados provean ciertos servicios públicos; sin embargo, no creo que sea necesario exactamente el mismo trato normativo al proveedor público o privado, pero de lo que estoy seguro es que los fondos públicos deben ser fiscalizados con toda la capacidad que podamos”, enfatizó Cortés.

En cuanto a lo relativo al Banco Central, los comisionados destacaron la incorporación al texto constitucional de algunas normas que actualmente están presentes en la ley orgánica constitucional del ente rector como, por ejemplo, sus funciones, además de haber elevado en este mismo sentido un artículo sobre “transparencia y rendición de cuentas”.

En esa línea, la comisionada Marcela Peredo -patrocinada por Renovación Nacional e integrantes ex PDG- manifestó que esta última norma “contribuye a un adecuado balance entre la autonomía propia de la institución y el debido ejercicio de la transparencia en la toma de decisiones y en sus actividades ordinarias que rige para todos los órganos del Estado”, añadiendo que “respecto de esta debida autonomía es clave que, tal como se manifiesta en la propuesta, los mecanismos de remoción de los miembros del Consejo sean propios de la institución, en otras palabras, que queden fuera de las consideraciones políticas. Me refiero, por ejemplo, a que evidentemente no deben estar dentro de los posibles sujetos de acusación constitucional”.

Desde las 15:00 horas se espera que la Comisión Experta retome el debate sobre los últimos articulados pendientes del anteproyecto de nueva constitución, correspondientes a los capítulos de Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo; y de Procedimientos de cambio constitucional.