Este martes, el proyecto de Ley de Reglas del Uso de la Fuerza comenzó su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana con críticas de parlamentarios de oposición quienes consideran que “es un retroceso” respecto de la Ley Nain Retamal.

El diputado de RN, Andrés Longton  señaló que la iniciativa “amarra de brazos y piernas a Carabineros y las policías, a las Fuerzas Armadas, es un retroceso respecto a la ley Nain-Retamal, está hecho a imagen y semejanza del octubrismo del 2019“, además calificar la iniciativa de “gatillo difícil o imposible”.

Según el legislador, esta ley “no se ha puesto en situaciones de terrorismo, crimen organizado y en definitiva no se hace cargo de otras cosas que están hoy contempladas no sólo en el Código Penal, sino que también en el Código de Justicia Militar”.

Por su parte, el diputado UDI Felipe Donoso pidió que “el Gobierno, de una vez por todas, aparte a los sectores más radicales de toda discusión en materia de seguridad pública, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar en ninguna protección real hacia los funcionarios policiales”

Desde el oficialismo, las y los diputados del PPD e Independientes defendieron la iniciativa. El diputado integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, afirmó que “necesitamos un proyecto de uso del lenguaje del Congreso Nacional, porque frente a todas las cámaras vimos como lo oposición ametralló un proyecto que es necesario, que es un pago de la deuda que tiene la democracia con las Fuerzas de Orden y de Seguridad, con las Fuerzas Armadas. Ellos hacen uso de la fuerza en virtud de decretos en general, entonces esto que es un tremendo avance democrático, no se merece el trato que le da la derecha“.

“Que me diga la derecha dónde dice que proporcionalidad tiene prevalencia sobre racionalidad, en ninguna parte, entonces tengamos prudencia en el lenguaje, y por favor no sobre-ideologicemos el debate. Aquí lo que se requiere frente a una grave crisis de seguridad es una presencia estatal firme. Hoy el Ministerio Público comienza a transformarse en el pivote de la persecución penal, que es la respuesta que debe dar el Estado. La derecha comete un profundo error al generar una caricatura y tratar de sobreproteger a las policías“, aseguró el diputado Araya.

Por su parte, la también integrante de la Comisión de Seguridad, Alejandra Placencia (PC), afirmó que en la derecha desde hace bastante tiempo “se creen voceros de las policías. Nosotros decimos que son las propias policías las que nos han pedido, hemos escuchado a ambas policías, a Gendarmería, y lo que nos plantean es regulación, un marco legal que les permita tener claridad respecto de cómo actuar en las distintas situaciones en las que se encuentran”.

Agregó que “las reglas del uso de la fuerza no son algo nuevo, pero hoy día tenemos la falencia, la debilidad que ese marco regulatorio que no existe y debemos tenerlo. Por lo tanto, las policías son las que nos han planteado y hagámoslo legalmente establecido dentro del marco de la Constitución actual y esperamos que también sea acogido dentro de la discusión de la actual Constitución, pero no es bueno politizar a las policías”.

Frente a las críticas, la ministra del Interior Carolina Tohá afirmó que “el afán de construir polémicas en seguridad es realmente desconcertante. El país requiere con tanta fuerza que construyamos acuerdo en estas materias, que actuemos unidos, queremos certeza y en materia de reglas de uso de la fuerza, fue un acuerdo transversal solicitado por las propias policías que las reglas del uso de la fuerza se elevaran a nivel legal”.

Agregó que no se pidió que se cambiaran, y “lo que se hizo en esta propuesta, que además está empezando su tramitación, es incorporar muchas observaciones que había por ejemplo respecto a la proporcionalidad. Dejar en claro que la proporcionalidad no implica simetría, lo que se busca es que para inhibir un ataque, se busque una fuerza que sea proporcional, pero que permita inhibir el ataque. Y como está planteado en el proyecto, se dice explícitamente,  primero que la proporcionalidad no es asimétrica y segundo que la proporcionalidad siempre debe garantizar la superioridad del Estado”

No obstante, desde la academia, el profesor de Derecho Penal, Jorge Cabrera, afirmó que no existen “contradicciones normativas con las reglas sobre legítima defensa privilegiada”.

Para el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Jorge Cabrera Guirao, luego de analizar el proyecto del Ejecutivo y respecto de la concordancia de la recién promulgada Ley Nain Retamal “no veo que existan   contradicciones normativas con las reglas sobre legítima defensa privilegiada, amén de su controvertido alcance”.

Agregó que al ser una ley producto del debate democrático, “pueden existir contradicciones normativas y valorativas. El primer tipo de contradicciones no pueden existir dentro del ordenamiento jurídico y este sería el caso, por ejemplo, que el proyecto de reglas de uso de la fuerza contuviera normas incompatibles con las nuevas reglas sobre legítima fuerza privilegiada. Sin embargo, no veo que este sea el caso con el proyecto de ley presentado por el Gobierno”.

El académico, afirmó que es normal que dentro del ordenamiento jurídico existan valoraciones contrapuestas y esto es evidente, por ejemplo, “en absolutamente todas las reglas de legítima defensa que son en el fondo, permisiones excepcionales de homicidio”.

Respecto de la suficiencia de las reglas del uso de la fuerza contenidas en el proyecto, valoró “el intento por sistematizarlas ya que esto resultaba necesario, porque en Chile no existía una regulación sistemática de las reglas del uso de la fuerza. Sin embargo, el proyecto se beneficiaría de una discusión más reflexiva que permitiera que esta regulación fuera efectiva y sistemática”.

Cabrera indicó que, no obstante, dentro de las normas establecidas le parece “preocupante que el proyecto contenga una regla que habilite sin mayores precisiones, el uso de la fuerza potencialmente letal en caso de fuga, por lo que se requiere de un análisis más pausado”.

Cabe recordar que entre los aspectos centrales de los principios contenidos en el proyecto se destacan:

Principio de legalidad: La acción que realicen debe efectuarse dentro del marco de la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y debe efectuarse atendiendo un objetivo legítimo.

Principio de necesidad: Sólo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del objetivo legítimo.

Principio de proporcionalidad: El tipo y el nivel de Fuerza empleada debe determinarse en atención al grado de resistencia o agresión, la que nunca deberá ser excesiva en relación al objetivo legítimo que se pretende alcanzar.

Principio de responsabilidad: El uso de la fuerza, fuera de los parámetros permitidos, conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas y, cuando corresponda, la responsabilidad de los mandos.

Principio de Racionalidad: Constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de esta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y contexto de los mismos, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados.

La iniciativa establece además deberes, grado de resistencia o agresión y las etapas en el uso de la fuerza que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública debe cumplir.

En su fundamento, el proyecto de ley recoge distintos instrumentos internacionales, como  el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir La Ley (ONU, 1979); los principios sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ONU, 1990); orientaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos; la revisión de experiencia comparada de países como Alemania, España, Uruguay, Francia y Reino Unido; los compromisos adquiridos por Chile ante la Comisión Interamericana de DD.HH. en el caso de Alex Lemún contra el Estado de Chile (2018) y distintas mociones parlamentarias en trámite presentadas por legisladores de los distintos sectores políticos.