Para las 15:00 horas de hoy está fijada la sesión en que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados podría revisar los seis proyectos de sexto retiro de fondos previsionales, tras un año sin poder tramitarse.

Exactamente el 18 de abril de 2022, la Cámara de Diputados rechazó en general los proyectos unidos para el quinto retiro, junto con uno más acotado del Gobierno, debido a que las iniciativas no alcanzaron los quorum requeridos.

Luego, el 7 de julio, la comisión de Constitución de la Cámara acordó que un nuevo proyecto de retiro de los fondos previsionales de las AFP no se podría presentar hasta abril de 2023.

El informe dado a conocer en esa oportunidad por la comisión consignó el artículo 68 de la Constitución, que señala que “el proyecto que fuera desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.

La diputada Karol Cariola (PC), entonces presidenta de la comisión, manifestó que “esto no tiene que ver con un tema de voluntad. Tal como puse en tabla el retiro anterior, y no tuve ningún problema en hacerlo en la tercera sesión que me tocó presidir, este informe permite ratificar que hoy día no es una decisión política de la presidenta de esta comisión, sino que más bien corresponde a lo que establece el reglamento”.

Pues bien, el plazo se cumplió y el presidente de la comisión ahora es el socialista Raúl Leiva. Ayer anunció que “están citados los patrocinantes de estos seis proyectos de ley para que den cuenta de cada una de estas iniciativas”.

También indicó que “este no es un trámite simple, son seis proyectos de ley e independiente de lo que resuelva la comisión, debieran tomar dos alternativas desde el punto de vista técnico”.

“Uno, que se fusionen para darles una tramitación más ágil, y eso requiere la unanimidad de la sala, que nadie se oponga en la Sala. Y la otra alternativa es llegar un acuerdo para establecer un proyecto como base, para que pueda ser indicado, es decir, modificado a través de indicaciones por los parlamentarios”, detalló.

Según los críticos del nuevo retiro, ya sea parcial o total, agotaría los fondos de al menos 3,3 millones de personas. Se sumarían a los trabajadores más vulnerables, quienes ya no tienen cuenta que agotar.

DETALLE DE LOS PROYECTOS

El primer proyecto es del diputado Eduardo Durán, apoyado por Miguel Ángel Calisto y Érika Olivera. Fue presentado el 5 de abril de 2022, que permite el retiro de hasta un millón de pesos.

Según esta iniciativa, “el ciclo económico mundial se presenta con niveles de inflación al alza y no del todo controladas, lo que incide en el alza de los precios internos, y que afectan mas duramente a las familias más pobres que consumen en mayor cantidad bienes de primera necesidad”.

El segundo es de Pamela Jiles, Félix González y Camila Flores, apoyado por Rubén Oyarzo, fue ingresado el 12 de abril del año pasado y propone un retiro completo de los fondos previsionales.

El tercero fue presentado el mismo 12 de abril, y por los mismos diputados (menos Flores) y pone un límite para el retiro de hasta el 10% de los fondos, con un mínimo de 35 UF, y un máximo de 150 UF. Es similar a los tres retiros aprobados entre 2020 y 2021, y la justificación fue que “la pandemia persiste”.

Un cuarto proyecto también ingresó el 12 de abril de 2022, propuesto por René Alinco. Entre los patrocinadores aparecen Jaime Araya, Jorge Durán y Cristian Tapia. Corresponde a un retiro “desde el 10% o la totalidad del dinero de su cuenta de capitalización individual”.

El mismo martes 12 de abril de 2022 hubo otro proyecto, ahora del diputado Jorge Durán. Propone el retiro de todos los fondos y sostiene que el retiro sería una de las medidas para ir “revitalizando el intercambio de bienes y servicios y dotando de dinamismo y versatilidad nuestro mercado nacional”.

Finalmente, la sexta iniciativa entró el miércoles 13 de abril de 2022. El autor es Gaspar Rivas y se trata de la más breve del grupo. Según su “idea matriz”, solo busca beneficiar a los cotizantes (dejaría fuera a los afiliados que no imponen) y en su redacción no indica que se aplique un embargo para los deudores de pensión de alimentos. Propone el retiro parcial o total de los fondos.