En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el juez uruguayo y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, profundizó sobre la celebración de su 157° Período Ordinario de Sesiones que se realizará entre el 24 y 28 de abril en Santiago, tras una invitación del Estado de Chile.

A más de 40 años de existencia, Pérez destacó que la función esencial de la Corte es “juzgar casos en los cuales se denuncia a un Estado por eventuales incumplimientos a derechos recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Después, tenemos otras competencias, (que son) las opiniones consultivas; dictar medidas provisionales, entre otras”.

En esta ocasión, el juez comentó que durante el Período de Sesiones se efectuarán audiencias públicas de tres Casos Contenciosos. “En la Sala del Tribunal Constitucional van a haber tres audiencias, una de Colombia, la otra respecto de Brasil, ambos sobre derechos humanos de pueblos indígenas y tribales. Después, un caso Córdoba versus Paraguay, vinculado con una eventual responsabilidad de Paraguay por no haber resuelto en tiempo una demanda de restitución internacional de menores. El acceso es totalmente libre, gratuito y se va a trasmitir además por las redes sociales de la Corte”.

Consultado sobre las principales falencias en materia de derechos humanos en la región, el también ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay se retrotrajo al período en que comenzó el funcionamiento de la CIDH, en plena Guerra Fría y en el período de guerras civiles en Centro América, y recordó que “la primera sentencia contenciosa de la Corte se llama Velásquez Rodríguez versus Honduras y está referida a una desaparición forzada de personas”.

“Fue una serie de casos de desaparición forzada, donde no se hablaba en el mundo de que había una figura que se pudiera caracterizar por tres o cuatro elementos, como la desaparición de la persona, que el Estado se niega a dar información, la negativa del Estado. Pasó el tiempo y después vino la época desgraciada de las llamadas ‘Operaciones Antisubversivas’ a lo largo y ancho del continente, la Corte se pronunció sobre la justicia de transición, los límites de las amnistías, los derechos de lesa humanidad”, detalló.

En tanto, en la actualidad apuntó que “la Corte está en un momento en el cual están apareciendo muchos casos vinculados ya con derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. La Corte ha modificado su jurisprudencia en ese sentido y ha asumido el juzgamiento de eventuales violaciones a estos derechos. Chile tiene algunos casos recientes sobre derecho a la educación, sobre el derecho a la salud. Esos son los temas que van apareciendo con mucha fuerza”.

También se refirió a temas sobre democracia y Estado de derecho. “La Corte tiene dos opiniones consultivas, una sobre las consecuencias de que un Estado, y el caso más claro ha sido Venezuela se retira del sistema y en qué situación queda respecto a sus obligaciones con los derechos humanos. La segunda, (sobre) la no reelección indefinida de un presidente en un régimen presidencialista cuando la Corte entiende que eso es un riesgo democrático”.

En cuanto a la Supervisión del Cumplimiento de Sentencias que también contempla la visita de la CIDH a nuestro país, Pérez mencionó que en este proceso “el Estado va informando a solicitud de la Corte cómo va cumpliendo con la sentencia. Si no hay informe de cumplimiento, con la participación de la representación de la víctima y de la Comisión Americana, la Corte va realizando este seguimiento”.

Para ejemplificar esta situación, señaló que “en el derecho interno, si yo libro un cheque, tengo una deuda y no pago, mi acreedor puede ir ante un juez nacional y el juez va a decretar un embargo para apoderarse de bienes míos para que el acreedor cobre. Eso se llama Poder de Imperio, el poder que tiene un tribunal de hacer efectiva sus resoluciones”.

“En el ámbito internacional eso no es posible, porque la Corte debería tener un Ejército para obligar a los Estados a cumplir. Entonces, la opción es por este sistema de cumplimiento, en el cual la Corte se constituye en un generador y catalizador de diálogo para ir llegando a cumplimientos. Si vemos el bosque, vemos que muchas cosas importantes se cumplen y que esas cosas cuando se cumplen tienen un efecto que irradia al resto de los países de la región”, explicó.

Por lo mismo, manifestó la relevancia que tendrán estas audiencias que se realizarán en Chile, considerando que “normalmente la Corte no realiza audiencias que incumben al propio país, salvo que el país lo acepte; y, en segundo lugar, para evitar cualquier tipo de suspicacia, La Corte resuelva que allí las audiencias sean reservadas”.