En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Francisca Fernández, entregó detalles sobre el caso de ciberespionaje en contra de ella y otros defensores ambientales por parte del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
Según la activista, los afectados en este caso se enteraron de las acciones de Alto Maipo, luego que el medio electrónico Interferencia les facilitará una serie de informes redactados por una empresa de ciberinteligencia, en los que se investigaba a cuatro personas: Jesús Martínez y Anthony Prior de la Coordinadora por la Defensa de los Glaciares, Maite Birke, exconcejala de San José de Maipo y la propia Fernández.
“Ahí vemos citas de publicaciones nuestras, de nuestros datos personales, de nuestro activismo, de nuestras declaraciones en contra de Alto Maipo. Luego de tener esa información, vimos qué hacer y ahí nos contactamos con Javier Pineda, que está vinculado a la Defensoría Popular de Comunidades y él nos sugiere realizar un recurso de protección”, contó.
De acuerdo a lo relatado por la vocera del MAT, fue en el contexto de este recurso de protección que accedieron a un informe de la propia hidroeléctrica, en el que Alto Maipo reconoció ante la justicia que contrataron a la empresa Felipe Jaque Zamora Asesoría y Consultoría en Computación para que los monitoreara.
“Allí reconocen que nos ciberespiaron, pero al mismo tiempo dicen que es legal, en tanto que toda la información que ellos recopilaron lo era. De todas formas, para nosotras y nosotros lo complejo aquí es que Chile ratificó y es parte del Acuerdo de Escazú, que tiene dos bases: la protección de las y los defensores de la naturaleza y, por otra parte, el acceso a la información respecto a los proyectos extractivos. Si bien puede ser que no incurran en una ilegalidad, está dando cuenta de una persecución y, a su vez, una criminalización respecto de nuestra lucha en este valle”, afirmó Fernández.
Respecto a las acciones judiciales que vendrán en el futuro, la activista señaló que todavía están en estudio, pero que la intención de ella y el resto de las personas que fueron espiadas es focalizarse en Alto Maipo.
En esa línea, insistió en que “para nosotras y nosotros es relevante quién hace el contrato, la empresa que encarga un informe de estas características. Todavía estamos evaluando la estrategia, tendremos que ver todos estos resquicios legales donde uno podría decir: Sí, es una acción legal, pero no es una acción moral lo que están haciendo, tiene un claro matiz de persecución”.
A todo lo anterior, Fernández agregó otro antecedente. Supuestamente, dirigentes de otra región estarían siendo amenazados por un proyecto que, al igual que Alto Maipo, también es de propiedad de la empresa AES Andes.
Sobre esto último, señaló que “tenemos una comunidad en el Bío Bío con la que estamos también articulados como MAT, en que una de sus dirigentas, Vilma, ha recibido amenaza y ciertas persecuciones en el contexto de un proyecto energético a manos de AES Andes. Entonces, estamos hablando acá de un tema mucho más profundo”.
Por último, se refirió al actuar del gobierno de Gabriel Boric que, a juicio de la activista, representa una continuidad en las políticas neoliberales y extractivistas.
“Boric es una continuidad respecto a este proyecto y aunque crea una Oficina de Transición Socioecológica, replica lo que nosotros llamamos las falsas soluciones como la Estrategia Nacional del Litio, la explotación del hidrógeno verde, que sigue degradando los territorios, siguen siendo agentes contaminantes y utilizan de manera ilimitada e intensiva el agua”, cuestionó.
“Yo creo que acá es un tema estructural, porque obviamente la defensa a la naturaleza también está dada por una transformación de las condiciones económicas”, concluyó.
