En medio de la polémica que ha suscitado la Fundación Democracia Viva, producto de la firma de millonarios convenios con el Ministerio de Vivienda de Antofagasta, la directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, dijo esperar que el caso marque un punto de inflexión respecto al tratamiento que tienen los hechos de corrupción en el país.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada vio con buenos ojos la opción de avanzar en mejores políticas de probidad y transparencia en el Parlamento para enfrentar el mal uso de recursos públicos y que, en esta ocasión, tiene bajo la lupa a militantes de Revolución Democrática, cercanos a la diputada Catalina Pérez.

Esto, a propósito de las declaraciones del ministro del Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien destacó diversas iniciativas que ha estado impulsando el Gobierno en estas materias.

“Creo que de las crisis siempre hay que tratar de tomar oportunidades y, en el fondo, no es sólo importante investigar posibles irregularidades y sancionarlas, sino que también hay que generar los cambios institucionales que se requieran para que estos casos no vuelvan a repetirse. Muchas veces estos casos nos demuestran dónde hay debilidades y, por lo tanto, creo que la solución correcta es una estrategia complementaria. Así que esperemos que de esta crisis se pueda fortalecer nuestra institucionalidad”, reforzó Jaraquemada.

Con todo, enfatizó que sobre los mecanismos usados para la asignación de recursos públicos “hay que tener claro que todo trato directo no implica en sí una irregularidad, pero me parece una muy buena respuesta del Gobierno que señale que se investiguen todos los convenios posibles y que se vea si es que hay presuntas irregularidades”.

En esa línea, sostuvo que “hay que tener cuidado, creo que a veces los medios están asociando cualquier tipo de convenio o transferencia a una irregularidad y eso no es así. Lo que sí ocurre es que, efectivamente, cuando hay estas transferencias directas y hay mayor discrecionalidad en la toma de decisiones, perfectamente podría darse mayor posibilidad de irregularidades, pero no es una causa directa”.

Por lo mismo, expresó que “lo que sí nos lleva como aprendizaje es que debiéramos tener mejores mecanismos, tal como existen en la Ley de Compras Públicas, donde los tratos directos son muy excepcionales, estén bien justificados y la regla general sea el concurso y la competencia y, en el fondo, que haya reglas parejas, criterios objetivos y transparentes donde todas las organizaciones puedan postular a estos fondos y que al final se le asignen a quien tenga el mejor perfil, la mejor experiencia y la mayor capacidad para llevar a cabo estos convenios”.

De todos modos, apuntó que “Chile es un país que dentro de la región y para los estándares internacionales tiene una bastante buena evaluación en la lucha contra la corrupción, pero esa lucha tiene que ser permanente. La corrupción es dinámica, va cambiando y va aprovechando los espacios que tenga. Entonces, creo que tenemos que estar también constantemente actualizando nuestra normativa y perfeccionando nuestra institucionalidad porque, si nos dejamos estar, ocurren este tipo de situaciones”.

Para Jaraquemada “es importante avanzar en varias reformas que han quedado pendientes, como la Comisión Engel y comisiones incluso anteriores, pero también otras propuestas que han salido a raíz de los convenios internacionales que Chile tiene suscritos en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, creo que propuestas hay, recomendaciones hay, lo que ahora necesitamos es la voluntad política para efectivamente avanzar”.

En ese sentido, apuntó que “hemos visto que muchas veces hay bastantes casos que impactan a la opinión pública, pero que no generan el mismo impacto en los poderes del Estado que son los que finalmente tienen el poder, valga la redundancia, para generar estos cambios”.

“Puede que este sea uno de esos casos. Hemos visto que en nuestra historia reciente, desde el retorno a la democracia, hemos tenido cuatro comisiones asesoras presidenciales cuando surgen casos de bastante impacto en la opinión pública, vamos a ver si aquí va a ocurrir algo similar o no, pero esperamos que sin duda esto se tome como una oportunidad para generar estos cambios institucionales que se requieren para que estos casos no vuelvan a reiterarse en el futuro”, manifestó.