La iniciativa surge en el contexto de las irregularidades detectadas en el “Caso Convenios”, especialmente en relación a las transferencias de recursos realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la fundación “Democracia Viva” en la Región de Antofagasta.Con el propósito de obtener el respaldo del Gobierno, los parlamentarios Manouchehri y Cicardini tienen programada una reunión para este lunes con el ministro de Justicia, Luis Cordero, con el fin de solicitar el patrocinio oficial al proyecto “Fundaciones transparentes”.

El diputado Manouchehri enfatizó la importancia de combatir la corrupción a través de acciones concretas y aseguró que es el momento de contar con fundaciones totalmente transparentes. “Hemos presentado el proyecto ‘Fundaciones Transparentes’ con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información sobre quién ha entregado recursos a las fundaciones, los montos y en qué se gastan esos dineros”, explicó.

El parlamentario señaló la necesidad de evitar la creación apresurada de fundaciones con el propósito de acceder a recursos, y subrayó la importancia de sancionar enérgicamente a quienes incumplen. Además, Manouchehri hizo hincapié en la transparencia total como una exigencia necesaria.

Por su parte, la diputada Daniel Cicardini sostuvo que es fundamental asumir la responsabilidad como legisladores ante el debate en torno a las fundaciones. “No podíamos quedarnos tranquilos ni ajenos al gran debate en torno a las fundaciones, sino que teníamos que hacernos cargo como legisladores, y por ello trabajamos para presentar esta semana nuestro proyecto ‘Fundaciones Transparentes'”, manifestó.

La diputada detalló las medidas contempladas en la iniciativa, como la publicidad total del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, la exigencia de al menos dos años de antigüedad para recibir aportes estatales, la obligación de publicar contratos, montos y destinos de los aportes recibidos, así como las remuneraciones de los directivos y trabajadores. Asimismo, Cicardini destacó la importancia de recuperar la confianza ciudadana y proteger a las fundaciones serias y comprometidas.

El proyecto “Fundaciones Transparentes” busca modificar la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana, estableciendo nuevas obligaciones para las organizaciones con el fin de garantizar el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban.

En esta línea, se propone que el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, actualmente a cargo del Registro Civil, sea de dominio y acceso público.En este contexto, se busca que las entidades solo puedan recibir aportes del Estado cuando tengan al menos dos años de antigüedad, evitando la creación de organizaciones con fines puramente instrumentales.

De la misma manera, se establece la obligación de publicar contratos, montos y destinos de los aportes recibidos, así como las remuneraciones percibidas por los directivos y trabajadores. Estas medidas buscan equiparar las exigencias de transparencia que ya rigen para las empresas estatales en la ley de transparencia. Finalmente, se establece la devolución de los recursos en caso de incumplimiento y la prohibición de recibir fondos públicos durante un periodo de cinco años para quienes no cumplan con las obligaciones establecidas.