Durante la última semana de junio, el Instituto de Salud Pública (ISP) alertó a las usuarias de las pastillas anticonceptivas Marilow, sobre el retiro del mercado del producto, debido a “la disminución de la potencia de sus principales activos”.

Tras esta nueva falla en pastillas anticonceptivas, el Colegio de Químicos Farmaceúticos sugirió integrar una nueva causal a la ley de aborto en tres causales, precisamente, por falla farmacologica.

Consultadas respecto a esta propuesta, organizaciones feministas valoraron lo planteado por el gremio de farmacéuticos, pero al mismo tiempo aseguraron que lo más adecuado es que Chile cuente con una ley de aborto libre.

La abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, afirmó que la idea “da cuenta de una preocupación en este colegio profesional, de cuáles son los impactos en la vida y la integridad de las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado”. Sin embargo, al mismo tiempo indicó que “la discusión sobre la interrupción del embarazo debería avanzar más allá de un modelo limitado a causales”.

A juicio de Maturana, Chile está retrasado con la ley de aborto en tres causales, “eso considerando los debates que se han dado en otros países de la región, mucho más amplios, en torno a garantizar la autonomía de las mujeres para decidir respecto de su proyecto de vida”.

Desde la Corporación Miles, la directora ejecutiva, Javiera Canales, señaló que no están de acuerdo con la propuesta del Colegio de Farmaceúticos, “porque consideramos que el problema es estructural y no se va cambiando agregando causales”.

“Finalmente, es encapsular el aborto a circunstancias, cuando las circunstancias pueden ser tantas, que no podemos estar legislando todos los años, o cada vez que haya una falla, ir poniendole nombre a las leyes, cuando las circunstancias son variables y multifactoriales”.

En todo caso, Canales propuso como alternativa ampliar la causal de riesgo de vida de la madre: “Que la causal riesgo de vida quizás mute a una causal salud, como el resto de los países de Latinoamérica que tienen causal salud, que no tiene límite la edad gestacional, y que pueda incluir la salud mental (…) Creemos que esa eventualmente puede ser una vía habilitante, más que ir creando nuevas causales, porque las circunstancias van a ser multi factoriales y para eso está el aborto libre o la despenalización”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), Debora Solís, estimó que, en vez de incorporar una cuarta causal, lo más apropiado sería asegurar la correcta implementación de la actual ley de interrupción del embarazo.

“Tuvimos muchísimas dificultades para llevar adelante la ley que hoy día está vigente de tres causales, una ley que tiene una implementación absolutamente débil, básica y que no cumple con las expectativas de las personas que trabajamos en este proyecto”.

“Una cuarta causal ayudaría, pero tenemos un tremendo problema con la implementación de la ley y por lo tanto, creo que tenemos que hacer avances más estructurales, que pongan en el centro la posibilidad de que las mujeres efectivamente podamos decidir libremente sobre nuestra sexualidad y nuestro cuerpo”, aseveró.

El caso Anulette y lo que todavía no se ha subsanado

A tres años de la más dramática falla de anticonceptivos, los Anulette, una pastilla que se distribuía en el sistema público y que terminó siendo la responsable de cientos de embarazos, las organizaciones ven varios elementos de continuidad y aspectos que no se han subsanado.

Camila Maturana, de Corporación Humanas, planteó que: “Si se siguen presentando estas alertas, es porque al parecer los mecanismos de control no se han fortalecido lo suficiente. Otra cuestión, es que no existe un mecanismo que asegure que la mujer usuaria de un método anticonceptivo que pueda tener fallas, reciba la información y el oportuno cambio por otro método”, dijo.

A todo eso, la abogada agregó que: “Una vez que se produce el embarazo no deseado o el embarazo que esa mujer buscaba evitar, no hay ninguna respuesta de parte del Estado”.

La directora de Miles, Javiera Canales, coincidió en que los problemas que persisten son la falta de trazabilidad (no hay forma de saber quienes son las usuarias de la pastilla) y de mecanismos de apoyo estatal luego de que la falla farmacológica produce un embarazo.

“Aún cuando tuvimos un caso gigantesco como es el caso de Anulette, eso no ha generado que el Estado tome un rol más activo. No se trata de un scooter, no es un cuaderno que uno compra, es algo con lo que uno planifica sus proyectos de vida, y el Estado finalmente no se ha metido, no ha ocupado el lugar que le corresponde y ha dejado esto como una relación entre privados”, acusó.

En cuanto a las estrategias que pueden adoptarse para que no se vuelvan a producir fallas farmacológicas, Debora Solís, de APROFA, mencionó una mayor regulación a través del Instituto Salud Pública.

“Hay que mejorar los mecanismos del Estado, y para eso, la base tiene que ser un mayor respeto y una mayor consideración sobre que esto forma parte de un derecho de las personas. Aquí no se está haciendo ningún favor, si no que desde la década del 60 en adelante, Chile cuenta con métodos anticonceptivos para poder regular la fertilidad, y que eso no esté funcionando es una vulneración”, aseguró.