Para abordar cuestionamientos en torno a la instalación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, junto a la ministra de Ciencia y Tecnología, Aisén Etcheverry, asistieron esta mañana a la comisión de Constitución del Senado.

En el discurso introductorio, el senador de Evópoli, Luciano Cruz Coke, señaló a las secretarias de Estado que para la comisión fue sorpresiva la publicación del decreto oficial que dio inicio a la instancia asesora, “dado los cuestionamientos que generalmente existen sobre la base de la participación de los gobiernos en determinar aquello qué es cierto o qué es falso“.

Desde la comisión de Constitución criticaron la designación de los nueve miembros desde el Ejecutivo y a que la instalación sea por decreto oficial y no pase por el Congreso o por una iniciativa desde la sociedad civil y, particularmente, se cuestionó cómo el Gobierno puede asegurar a la ciudadanía de que esto no va a influir sobre la prensa libre y derechos constitucionales como la libertad de expresión.

De esta forma, en la presentación ante las y lo senadores, la ministra Vallejo señaló que “una de las cosas que no hemos querido hacer, entendiendo en que hay que abordar este fenómeno, era simplemente pedir una propuesta de política pública o regulatoria a los asesores gubernamentales, o sea a nuestros propios asesores”.

En un segundo lugar, la Secretaria General de Gobierno evidenció que hay varios proyectos de ley ingresados en el Congreso desde la UDI al Partido Comunista para enfrentar la desinformación o las fake news, pero el problema con esas iniciativas radica en que tienen carácter punitivo al establecer penas de cárcel en caso de compartir una información falsa. “No hemos querido patrocinar proyectos o presentar uno propio sin antes tener una instancia de expertos y expertas que aborda desde la expertis para luego abrir un debate político en la materia”, agregó la ministra.

Por su lado, la titular de Ciencia, Aisén Etcheverry, precisó que lo que busca esta comisión es generar recomendaciones desde el conocimiento sobre la desinformación para también analizar las “manifestaciones locales que están muy arraigadas en la cultura y en las prácticas de nuestro país“. Además, destacó que durante la primera reunión de la entidad se determinó que el primer paso será estudiar el fenómeno en plataformas digitales, excluyendo a medios de prensa.

Luego de la presentación de las secretarias de Estado, el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, realizó una queja al origen de la comisión -mediante decreto- y criticó que “se las arreglaron en el Gobierno para abordar un tema tan complejo y tan importante, de manera sumamente controversial, que en la primera reunión de la comisión el día de ayer tuvieron que dedicarse buena parte del tiempo a decir lo que no iban a hacer”.

“¿Qué costaba haberse reunido, ni siquiera públicamente, con la Asociación Nacional de Prensa (ANP), con los presidentes de los partidos políticos, qué costaba hacer eso para dar un primer paso en un tema tan importante sin ninguna suspicacia?”, cuestionó Galilea.

Por su lado, el senador Luciano Cruz Coke, compartió que el problema no se centra en las intenciones de la comisión, sino que es en la aclaración permanente del límite en sus funciones.

Además, Cruz Coke declaró que existe la sospecha, dado que la secretaría técnica de la comisión está a cargo de la Segegob y es la encargada de las comunicaciones del Gobierno, de que se produzca un “acallamiento” y cuestionó que los temas a los que se debe abocar la comisión estén definidas por la misma cartera y no por los miembros de la comisión asesora, lo que calificó como “formas de censura previa”.

“Yo siento que estamos hoy día ante el germen de la posibilidad de un acallamiento respecto de la posibilidad que tienen la prensa libre y la libertad de expresión de realizarse en un país como es Chile”, comentó el senador de Evópoli.

El parlamentario agregó a su cuestionamiento que “se puede partir con una comisión gubernamental, pero luego no sabemos cómo vamos a terminar porque si eventualmente las políticas públicas, que el decreto señala que esta comisión podría plantear, el día de mañana interfieren con algunos de estos derechos, creo que tenemos un problema del cual tenemos que hacernos cargo“.

Como respuesta a todas las interpelaciones realizadas por las y los senadores de la comisión de Constitución en cuánto a la amenaza sobre libertades y derechos fundamentales, la ministra Vallejo aclaró que “es una preocupación para el Estado y para este Gobierno en particular, cómo nosotros vamos protegiendo y fortaleciendo estos derechos que además están resguardados en distintos cuerpos normativos de carácter internacional”.

“Ni un decreto ni una ley podría llegar a vulnerar eso y si lo hiciera estarían otras instancias para poder cuestionarlas como el Tribunal Constitucional. De hecho, una comisión asesora no tiene la entidad suficiente para vulnerar y limitar derechos fundamentales“, declaró la secretaria de Estado.

A esto último, Vallejo sumó que existe un control de legalidad de los decretos por medio de la revisión que realiza Contraloría pero, incluso, recalcó que si esta comisión inspirara un proyecto de ley que vulnerara algunos de estos derechos, existen organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para controlar estas situaciones.