El vicepresidente del Senado, senador Francisco Huenchumilla, remitió este jueves a la presidenta del Consejo Constitucional Beatriz Hevia, una serie de observaciones al anteproyecto constitucional elaborado por la Comisión Experta, planteando su mirada sobre los derechos incorporados y omitidos y materias específicas que apuntan al poder legislativo y a la futura Corte Constitucional.
Las observaciones del senador DC, –quien indicó en su carta a la presidenta del órgano, que las realiza a título personal, no representando a la Corporación, ni en su rol de vicepresidente– plantean en detalle los efectos de algunas normas propuestas, refiriéndose, entre otras materias, al control de constitucionalidad y los nombramientos de una serie de autoridades, incluyendo a la futura Corte Constitucional.
De manera introductoria, y entre las valoraciones del parlamentario al anteproyecto, Huenchumilla destaca que éste instala al Estado Social de Derecho como “pilar de cambio social”, y recalca además que se perfecciona el modelo económico, al exigir una auténtica libre competencia, o que se introducen mecanismos de participación democrática semidirecta.
Huenchumilla destaca, además, la incorporación de cuatro derechos sociales nuevos: vivienda adecuada; derecho al agua y al saneamiento; derechos de los consumidores y derecho a un trato estatal digno, sumando el perfeccionamiento de los derechos sociales especialmente los laborales con la inclusión del derecho al trabajo decente; la igualdad salarial entre hombres y mujeres o el derecho de huelga para funcionarios públicos.
Entre las críticas, el legislador enumera otros aspectos del anteproyecto, como por ejemplo la “insuficiencia” de una “idea central de libertad”; un avance “menor” en perspectiva de género; la omisión de derechos sociales “sensibles”, como el derecho de cuidados, o la advertencia de que el anteproyecto contiene un “riesgo de constitucionalización de las AFPs e Isapres”.
Sobre los acuerdos, Huenchumilla señala que “los amplios y sólidos acuerdos implicaron renuncias para todos los sectores involucrados, aun cuando las renuncias de la derecha pueden ser meramente aparentes porque el Consejo, de mayoría republicana, puede subsidiar esas omisiones.” Agrega al respecto que “las renuncias de centroizquierda no hay cómo recuperarlas, las de la centroderecha todas y por lo mismo el peso político de respetar el anteproyecto reside en ese sector”.
El Congreso y la Corte Constitucional
Las observaciones planteadas por el Vicepresidente del Senado apuntan, en lo sustancial, al control de constitucionalidad sobre vicios en leyes emanadas del Congreso, o cómo se estructuraría el régimen de nombramientos de ministros de la futura Corte Constitucional.
En este sentido, el legislador critica problemas como el “alto precio” que tendría la eliminación del control preventivo y obligatorio de la constitucionalidad de los proyectos de ley, que según el legislador “introduciría a la Corte Constitucional en todo el procedimiento de formación de la ley”.
Otro ejemplo de la crítica que hace el senador, es que la futura Corte tenga injerencia en la creación de leyes, sobre vicios relacionados con faltas a la Ley Institucional del Congreso Nacional. Ante esto, el parlamentario plantea que los recursos a la Corte debieran ser “de ultima ratio, y debería ser descartado para resolver conflictos sencillos” de carácter interno del Congreso.
De esta manera, Huenchumilla hace distintas propuestas como: eliminarle a la Corte la facultad de control de vicios legales y de competencia respecto de la Ley Institucional del Congreso Nacional, dejándole sólo injerencia sobre infracciones a la Constitución; cuestiona el establecimiento del vicio por iniciativa exclusiva del presidente; o eliminar el control del vicio de competencia y la función consultiva de la futura Corte, porque debilitaría el sentido de garantizar la supremacía constitucional en la resolución de conflictos, entre otras ideas.
Finalmente, el parlamentario planteó que la selección de ministros al TC, que actualmente la hace la Corte Suprema, supone un peso “excesivo” para la misma. En este sentido, propone “pluralizar” el proceso de nombramiento de los miembros de la Corte Constitucional, involucrando a la Cámara, al Senado y a la Corte, escogiendo tres miembros cada entidad, y totalizando nueve para el órgano.
