La Tercera Sala de la Corte Suprema habría resuelto por mayoría acoger los recursos presentados por afiliados en contra de los reajustes del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES) de las isapres, lo que implicaría que éstas deberán devolver los dineros a los usuarios afectados por el alza.
Se trataría de 15 fallos reunidos en una sola vista, por tratarse de la misma materia que, en concreto, resolverían que las isapres pueden cobrar un tope de 7,2 UF anuales, en circunstancias que el último reajuste fue de 1,05 UF mensuales en promedio en octubre pasado, un 48,7% de aumento con respecto al reajuste anterior de 0,7% UF mensuales. En promedio, hoy las isapres cobran 12,6 UF anuales.
Los expertos del sector coincidieron en que, de ser efectivo el nuevo pronunciamiento -el cual no se ha emitido de manera oficial- se trataría de la sentencia de muerte definitiva de las isapres, incluso antes de que puedan adecuar sus planes de salud y devolver lo ya resuelto por la Corte Suprema el año pasado con respecto a la tabla de factores.
Este último fallo originó la ley corta que se encuentra actualmente en el Congreso para viabilizar el pago de, según los cálculos de la Superintendencia de Salud, de un millón 112 mil 615 pesos, es decir, más de mil 400 millones de dólares, los que las isapres tendrán que devolver a sus afiliados para restituir los cobros en exceso que se generan al aplicar la nueva tabla de factores. Sin embargo, la industria ha dicho que las isapres caerían antes de que puedan efectuar esas devoluciones.
Por el momento, se desconocen los montos involucrados en este segundo pronunciamiento de la Corte Suprema que, en todo caso, se habría adoptado en votación dividida. A favor de acoger los recursos habrían estado los ministros Adelita Ravanales, Sergio Muñoz, Jean Pierre Matus, y Mario Carroza, mientras que la ministra Ángela Vivanco sería el voto de minoría.
Desde la industria de isapres no se han querido referir al tema, dado que están esperando conocer el fallo de manera oficial. De todas maneras, según lo que ha trascendido, estiman que sería inédito que haya una fijación de precios y por la vía judicial.
