Este martes la Comisión Asesora contra la Desinformación hizo entrega de su primer informe a la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, titulado “El fenómeno de la desinformación: Revisión de experiencias internacionales y en Chile”.
Para precisar sus alcances, Radio Universidad de Chile conversó con el abogado y miembro de la comisión, Juan Carlos Lara, quién explicó que este informe procura recoger la situación global y local y en ese sentido identificar “cuál ha sido el análisis desde la academia sobre cómo se enfrenta el fenómeno y cuáles han sido las reacciones tanto de actores privados como desde el mundo de la prensa, gobiernos y entidades supranacionales e intergubernamentales”.
De esta forma, el también co-director de Derechos Digitales declaró que el informe resume las particularidades del fenómeno que necesitan enfrentarse en el contexto nacional porque además “intenta servir como paso inicial a un proceso que puede ser mucho más complejo que es el de adoptar medidas contra la desinformación que puedan ir en el sentido de prevenirla, de combatirla o en el sentido de idealmente sancionarla“.
El abogado recalcó que también el documento detalla los contenidos con “carácter de desinformación” que circulan a nivel nacional. En esa línea, el informe explica que “no solamente se trata de mentiras sino que es un proceso un poco más elaborado en que distintas expresiones van mostrando distintas clases de información tergiversada o inventada o manipulada”.
En el contexto chileno, según el comisionado, “las expresiones de desinformación tienen ciertas características que facilitan su difusión, por ejemplo, un lenguaje accesible, el referirse a fenómenos contingentes y, en segundo lugar, el hecho de que Chile ha estado especialmente expuesto a fenómenos que desde la discusión pública tienden a crear condiciones favorables a la difusión de desinformación”.
“Es decir, un ambiente de polarización política que se retroalimenta de esta clase de expresiones, un ambiente posterior a un estallido social que puso también a la atención política como parte importante de la comunicación del día a día, una pandemia que mantuvo a mucha gente en sus casas conectadas al mundo a través de las mismas redes digitales donde circula esta clase de contenidos”, explicó el abogado.
A lo anterior se suma una serie de procesos electorales que, en palabras de Lara, son “circunstancias sociales en que se exacerban las diferencias entre distintas visiones y, en eso, que haya ciertos contenidos que sean más fácilmente reproducibles porque confirman sesgos, confirman posturas políticas, refuerzan preconcepciones o prejuicios sobre ciertas situaciones, personas o eventos”.
Si bien el informe recoge estudios previos porque “lo que hace es recoger la experiencia que ya existe especialmente de la academia en el estudio (…) incluye también un perfilamiento bastante general de ‘las personas usuarios de redes en Chile‘ y de las razones que motivan también el intercambiar información”.
“Eso incluye, por ejemplo, que existan variables personales, que existan variables psicológicas de las personas, que existan también cierta forma de interactuar con las redes sociales o que existan también ciertas posturas políticas”, detalló Lara.
Sobre los perfiles de usuarios que manifiestan una disposición o predisposición a recibir cierto tipo de contenidos que refuerzan su forma de pensar, es para el comisionado uno de los puntos relevantes para pensar en eventuales recomendaciones o formas de mitigación contra la desinformación.
El informe también abordó la experiencia con la desinformación en instituciones nacionales, punto donde se mencionó las acusaciones en el marco del primer proceso constitucional en el periodo 2021-2022 contra los medios de comunicación.
Para Lara, “una de las cosas que teníamos como parte del contexto previo a la convocatoria de esta comisión era una experiencia en que había acusaciones cruzadas entre actores políticos respecto de la clase de contenidos que circulaban y, de forma bien precisa, el proceso de la Convención Constitucional -que terminó con un texto rechazado- fue objeto de muchas críticas, muchas de ellas implicaban interpretaciones mañosas o interpretaciones poco razonables del texto propuesto y en muchos casos también falsedades”.
“Creo que en ese sentido es importante que tomemos en consideración que no se trata solamente de que, por el hecho de decir mentiras exista un resultado electoral, sino que tomemos esa experiencia para notar cuáles son las características del debate público en general”, aseguró el abogado.
