La Corporación Colectivo Sin Fronteras desarrolló una campaña en redes sociales que enfrentó mitos sobre niñeces y adolescencias migrantes con datos oficiales y testimonios, poniendo en el centro el enfoque de derechos de las infancias.
Desde el Ejecutivo reiteraron que los ciudadanos que no concurran a sufragar arriesgan entre $35.000 y $105.000, e informaron que la nómina de quienes deben cumplir labores en las mesas receptoras se publicará este 25 de octubre.
A través de un video protagonizado por ciudadanos y ambientado en espacios cotidianos, el Ejecutivo busca educar a la comunidad sobre la importancia de verificar la información antes de compartirla.
Mientras una de las autoridades del canal público defiende el pluralismo de la televisión estatal ante la arremetida republicana, desde Chile Vamos cuestionaron la decisión de Francisco Vidal: “Es más una huida que una renuncia en la práctica”.
Según el director del proyecto interdisciplinario DEEP de la Universidad Católica de Valparaíso, “después del primer plebiscito de entrada la derecha chilena empezó a anonimizar sus cuentas importantes en redes sociales”.
El aspirante a La Moneda se refirió a las cuentas anónimas en redes sociales y aseguró que las aclaraciones llegarán en el próximo debate presidencial. Sobre la misma, emplazó al actual director de TVN como parte de esta red digital.
Un reportaje de Chilevisión identificó a la cuenta anónima como Patricio Góngora, periodista y miembro del directorio de Canal 13. Según lo publicado, sería parte de una red de desinformación y ataques en favor de Kast y en contra de Jara y Matthei.
Diputados oficialistas anunciaron que presentarán la acción legal ante Fiscalía para que se investigue la existencia de redes organizadas de desinformación que podrían configurar delitos informáticos y asociación ilícita.
La subsecretaria General de Gobierno instó a la oposición a ser responsable frente al debate previsional. Por otro lado, la autoridad abordó la campaña contra las informaciones falsas: “La desinformación viaja porque nosotros la compartimos”.
La iniciativa será difundida por diversos medios y cuenta con un sitio web en el que los usuarios podrán encontrar diversos consejos para el proceso de chequeo de información. “La desinformación debilita la democracia”, señalaron las autoridades.
La académica de la Universidad de Chile aseguró que existe un ánimo de cancelar el debate sobre el derecho a la comunicación. Además, planteó que se necesita educar a la población en materia de tecnologías de la información.
La vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, dijo que se debe enfrentar la discusión sobre desinformación con altura de miras, y que a pesar de que sea un debate complejo “no tenemos que hacerle el quite” a un problema que puede impactar la democracia.
El abogado y miembro de la instancia explicó los aspectos más relevantes que se entregaron en el primer documento emitido por la comisión y titulado “El fenómeno de la desinformación: Revisión de experiencias internacionales y en Chile”.
La parlamentaria fue una de las legisladoras que votó en contra del acuerdo de esa rama del Congreso para ingresar el requerimiento que se revisó durante esta jornada en el órgano.
En sesión especial, las y los diputados discutieron los alcances de la Comisión contra la Desinformación y pidieron al Presidente de la República adoptar medidas con urgencia tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información.
Las senadoras opositoras, María José Gatica y Carmen Gloria Aravena, afirmaron que la instancia es una restricción a la libertad de expresión y de prensa.
Parlamentarios del sector buscan un acuerdo del Senado para recurrir ante el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que el argumento es erróneo y que de prosperar tiene pocas posibilidades de ser acogido en el TC.
