Un complejo escenario atraviesa Fonasa luego que Clínicas de Chile, agrupación que reúne a 46 prestadores de salud privados de Santiago y regiones, transparentara que la institución pública adeuda 382 mil millones de pesos con las clínicas privadas al 30 de junio de 2023, de los que 32 mil millones son no exigibles, es decir, que están en proceso de facturación.

En concreto, el organismo sostuvo que el comportamiento del sector público por deudas de los servicios de salud resulta “insostenible” y calificaron como “inaceptable” la propuesta presentada por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para sanear la deuda, consistente en el pago del 40% a fin de año y el resto al fin del Gobierno.

A esto se suma la demanda interpuesta por Red de Clínicas Dávila, controlada por empresas Banmédica, contra Fonasa y de los Servicios de Salud Metropolitano Norte y Sur Oriente por millonarias deudas que mantienen con ellas por concepto de Ley de Urgencia (riesgo de muerte o secuela funcional grave que requiere de atención inmediata) y “rebase” (prestaciones otorgadas postestabilización del paciente).

El diputado del Partido Radical y miembro de la comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino, reconoció la complejidad de estos hechos y advirtió el riesgo de que la supervivencia de los prestadores privados se transforme en insostenible, considerando el efecto de arrastre que puede provocar la crisis de las isapres, dada su relación económica.

“Es crítica la situación, no por la deuda o el monto en sí mismo, porque siempre Fonasa y los Servicios de Salud han mantenido deudas con prestadores privados, sino más bien en el contexto en el cual se da, cuando hay una crisis del sistema privado de salud, encabezada por la crisis financiera de las isapres dado por los fallos de la Corte Suprema y esta deuda agrava la crisis del sistema privado de salud”, dijo.

En ese sentido, explicó que “en la medida que las isapres avancen en su insolvencia o, incluso, una eventual quiebra, por cierto que los prestadores privados van a verse afectados por la deuda que tienen las isapres con los prestadores y si a eso en paralelo se lleva a una deuda de Fonasa con los mismos prestadores, la situación puede hacerse insostenible”, considerando que muchas de estas entidades “no solamente entregan atenciones a los afiliados de isapre, sino que también a varios afiliados de Fonasa”.

En cuanto a la propuesta de la Dipres, el legislador consideró que la medida “no necesariamente va a responder a los tiempos para asegurar la solvencia de los prestadores de privados en el contexto de la crisis de las isapres”, por lo que se mostró partidario de buscar un mecanismo que permita la agilización de los pagos.

Por su parte, la diputada PPD y también integrante de la comisión, Helia Molina, si bien discrepó con el monto adeudado por Fonasa, descartó un eventual colapso del sistema privado.

En ese sentido, la exministra de Salud sostuvo que “es cierto que hay una deuda, una deuda de arrastre también desde 2021 en el gobierno anterior, que por supuesto Fonasa tiene que abordar y la obligación de pagar, pero se juntó tanto con la pandemia (que) no es lo habitual que Fonasa deba a la clínicas”.

Molina aseguró que “la intención de pagar está, hay un problema que tiene que ver con la pandemia, que todos de alguna manera tenemos que pagar algún costo y para las clínicas ha sido probablemente porque han atendido mucha gente. Fonasa recibió esta deuda atrasada, tiene que hacerse cargo por supuesto, tienen que conversar la propuesta en Fonasa, negociar y llegar a un acuerdo”.

“No creo que haya ningún tipo de colapso y no creo que el Estado jamás deje colapsar una clínica. Más del 40%, 50% de lo que las clínicas privadas reciben pacientes que son de Fonasa. Entonces, siempre eso se va a pagar y si hay riesgo de colapso eso se va a solucionar”, aseveró.