Decepcionada y desconcertada se encuentra la familia del doctor Hernán Henríquez Aravena, detenido desaparecido desde el 23 de septiembre de 1973, luego que el Tribunal Constitucional decidiera admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad de la defensa de los autores de las torturas, en una semana donde la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema debía confirmar lo resuelto por el ministro en Visita Álvaro Mesa, fallo que fue ratificado el año 2021 por la Corte de Apelaciones de Temuco.

El martes pasado, el tribunal debía revisar el caso relativo a la detención y ejecución de Jorge Silhi Zarzar, Víctor Hugo Painemal Arriagada, Sergio Riquelme Inostroza y de Hernán Henríquez Aravena.

Sin embargo, la defensa de los exfuncionarios de la FACH, Enrique Rebolledo Soteldo y Jorge Aliro Valdebenito, interpusieron un recurso por inconstitucionalidad que fue acogido por el TC y la causa quedó paralizada.

Uno de los hijos del profesional, Marcelo Henríquez Kries, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que el TC “nuevamente pone una traba en un momento en que ya estábamos en los últimos pasos. Han tenido todos estos años para demostrar su inocencia ante todas las instancias posibles y ahora con una nueva artimaña logran ante el TC, en una decisión que no podemos ver sino como política, poner una nueva traba que en el peor de los casos, podría significar retrasar la sentencia otros años más”.

 “Nuestros abuelos en el intertanto han muerto sin saber el destino de su hijo, de nuestro padre, y no sé que está esperando el TC y además, es una forma de entrometerse en las decisiones de un poder del Estado que ha dado todas garantías de un juicio y proceso de acuerdo a las normas. Realmente es muy decepcionante y desconcertante lo que ha pasado”, indicó Marcelo Henríquez.

Agregó que si bien hay preocupación por la decisión, “no pensamos que las instancias anteriores que ya han fallado puedan llegar a ser revertidas porque no hay antecedentes que el TC haya dado paso a la argumentación de fondo de la inconstitucionalidad de alguno de los delitos. En este caso se trata de delitos por torturas contra mi padre y otros dos casos que son parte de un proceso que involucra a cinco víctimas de la región posterior al golpe”.

Henríquez precisó que si bien no hay antecedentes en ese sentido, “sí en muchos casos se ha dilatado y en los últimos dos años, no había decisión del TC de admitir este recurso. Simplemente los había rechazado y nos parecía que debía ser también en este caso”.

Asimismo, indicó que “todavía no hay una decisión del TC de admitir finalmente (el fondo del recurso), pero de todas maneras el hecho que haya suspendido el proceso judicial, la vista ante la Segunda Sala de la Corte Suprema, es muy grave para nosotros”.

 Carta para el TC

El doctor Hernán Henríquez Aravena fue médico salubrista hasta el 11 de septiembre de 1973 y se desempeñaba como jefe zonal del Servicio Nacional de Salud de las provincias de Cautín y Malleco y había sido director del Hospital Regional de Temuco.

En una carta pública enviada a la presidenta del TC, Nancy Yáñez, los familiares señalan que la decisión se adoptó en momentos en que se conmemoraba el Día Internacional de Detenidos Desaparecidos y cuando el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda.

“Como hijo y víctima me resulta incomprensible y de una crueldad infinita el hecho que Usted y sus colegas no solo hayan acogido la solicitud de dos de los acusados, sino que además hayan ordenado a la Corte Suprema suspender todo trámite”, señala la carta firmada por Daniel Henríquez Kries.

Agrega que “desconcierta y decepciona que el Tribunal Constitucional de Chile decida intervenir por primera vez en dos años en un proceso por crímenes de lesa humanidad, al acoger a trámite la solicitud de dos violadores a los derechos humanos, el mismísimo día en que el Gobierno da a conocer un programa de búsqueda y destino de los cuerpos de nuestros familiares”.

El médico Henríquez Aravena fue detenido la noche del 21 de septiembre de 1973, “sacado a gritos y culatazos por uniformados de nuestra casa en Temuco, mientras estos apuntaban con fusiles de guerra a mi madre, la doctora Ruth Kries Saavedra. Todo esto frente a nuestros ojos, sus hijos de 7, 5 y 3 años y el menor de 8 meses. Los militares y sus cómplices civiles le imputaban una supuesta tenencia de armas, recibidas por el doctor Arturo Hillerns en Puerto Saavedra, para ser distribuidas por mi padre desde Temuco en las postas rurales y los monitores de salud formados en los programas”, señala la carta.

Afirma que el profesional fue torturado en el Regimiento Tucapel y en la Base Aérea de Maquehue “hasta dejarlo irreconocible, y luego le aplicaron – ¡a un moribundo!- la llamada ley de fuga, según consta en el bando militar del 5 de octubre de 1973”.

Junto a él, también fueron asesinados el paramédico Alejandro Flores, los médicos Arturo Hillerns Larrañaga, Eduardo González Galeno y a los educadores sanitarios Gastón Elgueta y Jécar Neghme (padre).

En parte de la misiva al TC, se destaca que “nos provoca mucho daño, al hacernos repetir el dolor y el trauma de la pérdida violenta de nuestro padre a manos de agentes del Estado y la falta de justicia”.

“Su actuar demuestra una insensibilidad total con la sociedad chilena, que también fue y sigue siendo víctima de la impunidad”, afirma la carta.