Son poco más de 5 millones de venezolanos que están concentrados en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, es decir el 70 por ciento de los 7 millones que han salido de la nación llanera producto de la situación humanitaria que vive ese país.

La mayoría de esas personas encuentra una serie de problemas al momento de intentar establecerse en alguno de esos estados, ya sea por la falta de políticas migratorias que les permita desarrollarse e incluso la imposibilidad de acceder al estatus de refugio que les permitiría acceder a una serie de garantías y derechos.

Así lo estableció Amnistía Internacional en un nuevo informe donde se evidencia el incumplimiento según el organismo con sede en Londres de las medidas que aplican para personas que salen de su país en un contexto de emergencia humanitaria y violaciones a los derechos humanos.

En conversación con la segunda edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, comentó que hoy “hay una emergencia humanitaria compleja con violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos” en Venezuela, por lo que “las personas que salen tienen derecho a protección internacional y a ser reconocidas como refugiadas”.

La ejecutiva explicó que Colombia, Ecuador, Perú y Chile “son los que más personas venezolanas reciben y que por una parte no le están garantizando el derecho a solicitar refugio o de reconocimiento como refugiado y, por otra parte, se han creado en mayor o menor medida programas que permiten alternativas al refugio, que permiten regularizar su situación, pero que también son limitados y que no les garantizan sus derechos como se debieran garantizar”.

De hecho, precisó que en “ninguno de los cuatro países se está utilizando de manera masiva y en muchos casos, incluso en Chile, hay dificultades para siquiera acceder a solicitar el refugio”.

Esto se agrava en el caso de las mujeres, donde Piquer advirtió que “la falta de regularidad es un primer problema. Muchas veces el hecho de ser víctima de violencia basada en género no es considerado como una situación especial y cuando lo es como ocurre en alguno de los países que analizamos, tiene requisitos que son revictimizantes”.

Si bien reconoció que los cuatro países tienen un entramado normativo que reconoce y garantiza derechos para los refugiados, Piquer subrayó que en la práctica estos no se implementan por una serie de trabas administrativas.

Por ejemplo, en el caso de Perú los refugiados venezolanos no pueden acceder al sistema de salud, mientras que en Chile ya fueron suspendidos por los plazos aplicados cuando se crearon las normas especiales.

“No existen los programas de regularización vigente. Los que existieron fue en años anteriores y ya dejaron de operar y en este momento las personas venezolanas tienen la posibilidad o de solicitar refugio o básicamente nada”, indicó la representante de AI.

Además, “en el caso de solicitar refugio también tienen una serie de barreras porque se les exige visa de entrada a Chile. Si entran de manera irregular, se les exige hacer la llamada ‘autodenuncia’ para poder siquiera comenzar a solicitar refugio y muchas veces estas solicitudes son rechazadas de entrada”, señaló Piquer.

Propuesta de expulsión en el menor tiempo posible: “Es peligroso y puede llevar a expulsiones masivas”

La representante de Amnistía Internacional para las Américas se refirió también a la aprobación de una medida en la propuesta constitucional que establece la expulsión de migrantes en situación irregular “en el menor tiempo posible”, algo que a su juicio es preocupante.

“Es fundamental que se haga un análisis caso a caso y de acuerdo al debido proceso, con todas las garantías para que la persona pueda apelar ante esas decisiones, pueda presentar antecedentes”, comentó Piquer.

La ejecutiva agregó que “esto del ‘menor tiempo posible’ es peligroso porque puede llevar a que las expulsiones se hagan en forma masiva o en forma exprés, sin garantizar el debido proceso”.

En ese sentido subrayó que “esa situación queda aún más en riesgo para personas en extrema vulnerabilidad de violación de derechos humanos cuando se insta a aprobar una norma de esa naturaleza en la constitución”.

La especialista explicó además que este tipo de medidas “hace desaparecer los derechos de la persona que busca protección internacional. Son personas que están huyendo de situaciones en la cual están en real peligro y devolverlas es contradictorio con las obligaciones que el país ha adoptado de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos”.