Ad portas de que el proyecto de Ley de Usurpaciones se someta nuevamente a discusión legislativa, esta vez para tramitar el veto presidencial, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, defendió la decisión del Ejecutivo de presentar una observación para que las sanciones a las “usurpaciones pacíficas” queden a criterio del juez que vea la causa.

La propuesta del Gobierno entra este martes en tierra derecha para su debate en la comisión de Seguridad del Senado. A la instancia se ingresarán cinco observaciones supresivas, cinco sustitutivas y cuatro aditivas.

Eso sí, le espera un escenario complejo pues el senador Felipe Kast preside la comisión, uno de los autores del proyecto original y quién ha declarado que es “inaceptable” que el Gobierno denomine a una usurpación como “pacífica”.

En cuanto al cuestionamiento, Elizalde afirmó que “el marco regulatorio vigente, el Código Penal, distingue entre usurpaciones violentas y no violentas, por tanto, dicha clasificación no corresponde a un invento del Gobierno. Corresponde a la forma en que está regulado de acuerdo a nuestra legislación este delito. Y es una clasificación que tiene un tiempo bastante extenso”.

Para el ministro de la Segpres, “llama la atención que se plantee como si esta fuera una distinción que hubiera establecido el Gobierno a través del veto. Al contrario, es una distinción que está establecida de hace mucho tiempo en el Código Penal vigente”.

“Y es más, los autores de la moción que dio origen a este proyecto aprobado por el Congreso Nacional, mantuvieron dicha clasificación”, recalcó Elizalde.

Sobre esa base, el Ejecutivo ingresó un veto para establecer, a diferencia del proyecto original, gradualidad en la forma de aplicación de las penas. Con ello y considerando las circunstancias, un juez -de acuerdo a la observación del Gobierno- decidirá si sancionar con penas de cárcel (presidio menor) o multas.

Elizalde además apeló en esa línea a que antiguos mandatarios han usado el veto presidencial a su favor como una atribución de la Constitución ante diferencias de los entes co-legisladores. Por lo que, afirmó que “aquí lo relevante es que abordemos el contenido de las propuestas, más que estar repitiendo slogans”. 

Ante ese escenario, desde la oposición han manifestado sus reparos. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, señaló que “nosotros tuvimos toda la disposición de poder llegar a un acuerdo y poder avanzar en un veto que tuviera sentido para la ciudadanía, pero que no afectara al corazón del proyecto“.

El parlamentario apuntó a que en el transcurso del debate sobre el veto “pareciera ser que las voces del Partido Comunista del Frente Amplio se terminaron imponiendo”.

Según Longton, “el debate lo habían perdido en el Congreso por amplia mayoría, de que las penas tenían que ser de cárcel y no de multas, pero una vez más el Presidente de la República sucumbe ante una minoría representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, respecto a la ley de usurpaciones para mantener las penas en multas, algo que no va a traer ningún efecto disuasivo, es decir, pareciera ser que esto premia a los usurpadores“.

“No hay usurpaciones violentas o no violentas, son todas violentas“, afirmó Longton, agregando a ello “que hacer la distinción es odiosa y es una falta de respeto a miles de víctimas que a lo largo de Chile están luchando por recuperar su terreno”.

Desde Renovación Nacional, anunció Longton “vamos a insistir de que la pena tiene que ser de cárcel a cualquier tipo usurpación, porque eso va a ser realmente disuasivo y a las policías les va a servir mucho además como antecedente para poder detener a alguien que va a recibir una pena que sea de presidio y no de multa”.

Frente a las acusaciones de haber impuesto su postura sobre el veto presidencial, el timonel del PC, Lautaro Carmona, mencionó que “eso es una caricatura interesada. Nosotros somos uno de diez partidos y en igualdad de condiciones hacemos saber nuestras preguntas, nuestras propuestas y concordamos posición”.

El líder de la tienda declaró que la oposición está apelando a un “viejo truco” al asignarles un rol preponderante en la decisión del Gobierno. “Nosotros no vamos a comprar ese rol que nos quieren asignar, que no sea estrictamente el que nos toca como partido político que tiene compromiso pleno y total con el Gobierno y desde ahí jugamos nuestro papel”, aseguró.

“Creo que hemos demostrado y vamos a seguir demostrando la mayor disposición a ser contribuyente en forma activa a que se abran paso las propuestas, que por ahora están trabadas, dada la posición a priori muy sectaria de parte de la derecha, de casi negarle la sal y el agua a los procesos que quiere llevar adelante el Gobierno”, declaró.

Paralelo a esas declaraciones, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que en el proyecto “ha habido un empecinamiento de algunos de sus autores de no querer oír la evidencia de la academia. Todos los penalistas que han opinado respecto del proyecto de usurpación han recomendado los cambios que le hizo el Ejecutivo y que están consagrados en el veto, todos, sin excepciones, incluso respetados penalistas cercanos a la oposición”.

En ese sentido, Quintana calificó el proyecto de la oposición como un “bodrio jurídico”. “Había una porfía de algunos sectores de plantear que una ocupación violenta es lo mismo que una ocupación no violenta, en circunstancias que el autor del proyecto nunca planteó en la propuesta original pena de cárcel o pena de crimen para la usurpación no violenta”, aseguró.

Imagen de Portada: Agencia ATON