Con un llamado a “no levantar fantasmas”, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dieron a conocer una serie de detalles respecto del veto ingresado por el Ejecutivo a la norma sobre usurpaciones que fue despachada del Parlamento.
Ahora el Congreso deberá evaluar la modificación que ingresó La Moneda, en particular en aquella materia que establece la legítima defensa privilegiada que se considera como un retroceso en el estado de derecho ya que permitiría resolver la usurpación de un bien por mano propia.
Tohá emplazó a la oposición a que en este debate no se genere “confusión, no en poner palabras, intenciones o normas en boca del otro. Lamentablemente en estas primeras horas de debate del veto hemos visto mucho de esto último”.
Además, precisó que “el concepto de usurpación no violenta no lo inventó el Gobierno. Está en la ley, en la ley antigua que se quiso despachar y en la que despachó el Congreso”.
La jefa de gabinete insistió en que “ese concepto ha existido siempre en la historia de nuestro derecho y no lo modificó el Congreso cuando despachó el proyecto recientemente”.
Tohá precisó que el veto “implica que todo tipo de usurpación, sea violenta o no violenta, tenga intimidación o daño en las cosas, en todos los casos va a ser delito. Hoy es falta”.
Mientras, “en la usurpación no violenta, lo que hace el Ejecutivo es dejar a la decisión del juez si se aplica una pena de multa o una pena de cárcel. ¿Por qué hacemos esto? Porque las usurpaciones no violentas pueden tener expresiones muy distintas”.
En ese sentido, precisó que la usurpación siempre va a ser un delito y se podrá pedir prisión preventiva ante el tribunal, algo que deberá ser determinado por un juez.
“Entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel. Lo que pedimos es que el debate se plantee en esos términos y no se diga que el Ejecutivo está protegiendo usurpadores o está promoviendo la usurpación o defendiendo delincuentes”, señaló Tohá.
Además, puntualizó que en el veto “lo que el Ejecutivo está haciendo es lo mismo que hicieron los senadores de derecha cuando presentaron sus mociones. Ninguna de las dos mociones presentadas por los senadores de derecha establecía cárcel para la usurpación no violenta. En un caso era multa y en otro caso era trabajo comunitario”.
A juicio de la titular de Interior, “este debate de usurpación se ha exasperado de una manera muy poco prudente. Se han extremado los argumentos, se ha perdido de vista las situaciones que estamos atendiendo y el darle una respuesta que sea contundente del punto de vista de que este tipo de práctica no se siga extendiendo, pero a la vez ponderada”.
Mientras, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde consideró que respecto a este tema “se han dicho en estos días muchas cosas muy inexactas con un tono bastante agresivo”.
Para ejemplificar, el secretario de Estado mostró una moción sobre el tema que presentó el senador Felipe Kast, el que “en la cuarta página, punto número cuatro dice textualmente ‘usurpación no violenta’. No es un concepto que haya inventado el Gobierno. Está en la legislación vigente y está en un proyecto presentado por el senador Kast”.
Por eso, el encargado del nexo entre el Ejecutivo y el Parlamento señaló que “bienvenido el debate democrático y el contraste de puntos de vista en un contexto de respeto, pero no haciendo vinculaciones con grupos que han ejercido la violencia cuyos máximos dirigentes están hoy día detenidos respondiendo ante la justicia por las acciones que ha impulsado el Gobierno”.
Elizalde subrayó además que “el debate democrático debe ser riguroso y siempre con la verdad”.
Las autoridades desecharon además la posibilidad de llevar la nueva normativa al Tribunal Constitucional, a la vez que anunciaron que se ingresará una suma urgencia al Parlamento para que discuta a la brevedad el veto que presentaron desde La Moneda.
