Con las sesiones 31 y 32 terminarán hoy los plenos del Consejo Constitucional que debatió y votó los artículos y enmiendas al texto propuesto por la Comisión Experta. En la mañana corresponde votar el Capítulo XIII de protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, y en la tarde el Capítulo XIV de procedimientos de cambio constitucional.
Culminada esta etapa de plenos del proceso constituyente, que se inició el 15 de septiembre, el consejo entregará el próximo sábado su borrador de nueva Carta Magna a la Comisión Experta de 24 miembros.
Luego, entre el domingo 8 y el jueves 12 de la próxima semana, la comisión podrá hacer sus observaciones. Durante los dos primeros días del plazo, los comisionados podrán formular las propuestas de observaciones ante la Secretaría.
El resto del tiempo quedará para la discusión y votación de las sugerencias, cuya aprobación requiere de 3/5, es decir, de 14 de los 24 expertos. De ese número, la mitad son de oposición y la otra del oficialismo, por lo que ambos requieren de al menos dos votos del otro sector. Finalmente, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional.
Ésta será votada según las siguientes reglas:
– Cada propuesta contenida en el informe se dará por aprobada por un quorum de tres quintos, es decir, 30 de los 51 miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.
– Cada propuesta contenida en el informe podrá ser rechazada por un quorum de dos tercios (34) de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.
El Partido Republicano tiene 23 consejeros, lo que le da poder de veto. Y con los 11 consejeros de la UDI, RN y Evópoli podrían bloquear la nueva propuesta de la Comisión Experta. En ese caso, las propuestas que no se aprueben o que sean rechazadas, deberán ser revisadas por una comisión mixta, formada por seis integrantes del Consejo Constitucional y seis miembros de la Comisión Experta.
La comisión mixta puede proponer soluciones con el voto de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio. Dicho acuerdo podrá ser aprobado por el Consejo Constitucional con el quorum de tres quintos. De no existir acuerdo, la Comisión Experta deberá presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que éste se pronuncie.
Una vez finalizada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar la totalidad de ese texto por los tres quintos de los integrantes en ejercicio del Consejo Constitucional. La fecha tope para el trabajo de consejo es el 7 de noviembre. El texto final será sometido a plebiscito el 17 de diciembre.
Hasta el momento, lo aprobado por el consejo no obtiene respaldo en la opinión pública según las encuestas. La Cadem del domingo pasado, arrojó que en la última semana de septiembre, 30 puntos separan a quienes están a favor (24%), de quienes están por votar en contra (54%) en la consulta de diciembre.
Incluso, el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, aseguró que rechazaría la nueva propuesta de Carta Magna que está elaborando el órgano si es que no se le hacen modificaciones, a propósito del rechazo ciudadano que está causando el proceso.
Entre las últimas actuaciones del consejo destacó el rechazo al Consejo Técnico Asesor que debía ser oído antes de que el contralor tome decisiones y la aprobación de una Fiscalía Supraterritorial para delitos de crimen organizado y de alta complejidad. Además, por primera vez en la historia se incorpora a la Constitución la Defensoría de las Víctimas.
Sin duda, una de las normas aprobadas que generó más polémica fue la de reducir la cantidad de miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas, pasando de 155 a 138. También se rechazó la norma transitoria que buscaba la paridad en el Congreso. Otra que provocó críticas fue la exención del pago de contribuciones para vivienda principal
También generaron polémica las normas sobre libertad de elección en salud, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos y la inexpropiabilidad de los fondos previsionales.
Lo mismo con la norma que establece que las personas condenadas a una pena privativa de libertad que tengan una enfermedad terminal puedan obtener la reclusión domiciliaria total, lo que se estima favorecería a los violadores de derechos humanos. Además, se aprobó la expulsión de migrantes irregulares “en el menor tiempo posible”.
Finalmente, la mayor polémica la generó la norma que establece que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, ya que el oficialismo teme que deje la puerta abierta para la derogación del aborto en tres causales.
