Este miércoles y con una tensa sesión de la Comisión de Seguridad del Senado, se dio inicio el debate sobre el veto presidencial en contra de la ley de usurpaciones.

La iniciativa, presentada por el Gobierno el pasado viernes, contempla cambios en tres temas: la autotutela establecida en favor de las víctimas de la usurpación; la restitución de los bienes en los casos en que haya una causa judicial en curso; y la graduación de penas para los distintos tipos de usurpaciones, que ha sido ampliamente criticada por la oposición.

Para analizar esta propuesta, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado y profesor de derecho procesal penal, Cristián Riego, quien aseguró que incluso con los cambios contenidos en el veto presidencial, se estaría configurando una “ley tosca”.

“Me parece un proyecto de ley tosco, que no resuelve los problemas y que no da cuenta de un trabajo más fino y detallado. Los riesgos en uno y otro sentido, tanto de que puede haber impunidad, como de que puede haber excesos, todavía están presentes”, afirmó.

En ese misma línea, el académico de la Universidad Diego Portales planteó que con las modificaciones del Ejecutivo, el peligro de enfrentamientos entre civiles o la contratación de grupos para recuperar bienes usurpados, no está del todo descartado.

“Yo creo que en realidad no hay un cambio mayor, porque al declararse que se trata de un delito de ejecución permanente, en que hay flagrancia mientras los ocupantes estén en el lugar, eso habilita la legítima defensa común y la verdad es que la legitima defensa privilegiada no es una diferencia mayor”.

“En realidad, creo que es una polémica un poco artificial. Los privilegios de la legítima defensa, en mi opinión no son demasiado relevantes, sobre todo porque el que alega legítima defensa está cubierto por la presunción de inocencia, por lo tanto, a mí no me parece una cuestión tan central. Al otorgar esos privilegios se está dando una señal, claro y desde ese punto de vista puede ser relevante, pero la verdad es que no me parece un cambio tan sustantivo”, dijo.

Por otra parte, en lo relativo a la graduación de penas y la distinción entre usurpaciones violentas y no violentas, Riego señaló que esperaba que también se establecieran penas específicas para el crimen organizado.

“A mí me sorprende que no haya una pena agravada para la situación que es más real hoy día y más problemática, que es no tanto la usurpación violenta, sino la usurpación hecha por el crimen organizado. Yo pensé que iba a haber una pena más grave aún para aquellas usurpaciones, después podía venir la violenta y la que tiene que ver con daño en las cosas”.

En esa misma línea, advirtió que tanto las usurpaciones cometidas por personas con necesidades habitacionales, como otras organizadas por bandas criminales, podrían quedar bajo la misma “pena residual”.

“Si una familia, sola, ocupa un terreno que no está cerrado y se instala ahí eso es una cosa, pero, si por ejemplo, un grupo de crimen organizado ingresa a un lugar engañando al cuidador, aunque no sea con violencia, también recibiría la misma pena residual. Entonces, yo creo que se están agrupando demasiadas cosas distintas y que probablemente requerirían más distinciones”.

Por último, consultado respecto a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que la ley de usurpaciones, tal como salió del Congreso, posibilitará la detención de personas que viven en campamentos, el abogado aseguró que eso “ya venía resuelto en el proyecto”.

“El proyecto excluía de esta norma a los campamentos que están registrados en el Estado, reconocidos por el Gobierno. Por lo tanto, eso quedaba afuera, pero si hubiese un campamento nuevo que se instala ahora, ese sí podría ser objeto de estas medidas”.

“Claramente están excluidos los campamentos registrados, en eso yo no tengo duda”, insistió.