El abogado mapuche, investigador y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, afirmó que una de las complejidades tras el proyecto de Ley de Usurpaciones es que trata de regular -por medio de una sola legislación- “situaciones que son completamente diferentes”.
En conversación con la Primera Edición de Radioanálisis, el jurista señaló que “la situación en La Araucanía, y en otros lugares donde hay tomas de terreno por reivindicaciones territoriales (…) por ciertas comunidades, es diferente de situaciones donde hay tomas de terreno por necesidades habitacionales“, o de escenarios que involucran mafias y extorsiones a los dueños. “Todas estas situaciones son completamente diferentes y se trata de regular de una sola manera“, añadió.
En cuanto a la arista mapuche, el excoordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior afirmó que “la situación de las tomas de terreno es bastante variopinta“. Según las cifras entregadas por Carabineros, “había un nivel bastante importante de usurpaciones hacia el final del gobierno de Sebastián Piñera y a principios de este gobierno. Recuerdo que incluso se llegaron a contar 400 usurpaciones en La Araucanía“.
“Y, cuando se presenta el balance a principios de este año, se da cuenta que habían bajado los delitos en La Araucanía, pero fundamentalmente las usurpaciones”, señaló Millaleo. Esto, a su juicio, se debe a la “sensibilidad a los cambios políticos“.
Abundando en este punto, el académico apuntó que se debió a “comunidades que pierden la esperanza, cuando el gobierno de Piñera deja de comprar tierras, en recuperar tierras por vía institucional. Y en el clima que teníamos en Chile, con el estallido, empiezan a tratar de acelerar esto a través de este proceso de tomas”.
Millaleo agregó que “cuando se dieron cuenta de que por una parte sí se retomaba la compra de tierras en este gobierno y luego que, por las glosas que tiene el presupuesto para esa compra, no se iban a comprar tierras que estuvieran tomadas (…) Entonces, varias o una buena cantidad de esas tomas se depusieron“.
El doctor en derecho indicó que con el escenario vigente vale la pena preguntarse si para regular las tomas en La Araucanía “¿es esta la mejor vía? O, ¿podrían haber otras vías que tengan que ver con políticas públicas?”.
En esa línea, apuntó que en el debate por la normativa de usurpaciones “no ha habido una discusión seria, hay mucho simbolismo (…). Ha habido una escalada en los últimos años de actos violentos (en La Araucanía), pero -dentro de estos actos violentos- que no han descendido tanto, son los ataques incendiarios. Las tomas es lo que ha descendido“.
Consultado si coincide con las palabras del Presidente Boric, quién calificó como “caricatura” las críticas por la distinción de usurpación no violenta, Millaleo declaró que “yo no lo llamaría caricatura, más bien creo que en general el proyecto está animado por un espíritu de populismo penal, de tratar de responder a una alarma de la población, pero con medios que son más simbólicos, sin hacer una reflexión racional más profunda de si esto va a servir o no“.
“Creo también que el Gobierno se anduvo confundiendo al tratar de explicar esto. En el fondo, trató de aplicar esta distinción entre hurto y robo, que el hurto es donde te quitan algo que es de tu propiedad, pero sin violencia, del robo donde te asaltan y te amenazan. Entonces, trató de aplicar esto a las distinciones entre tomas, violentas o no violentas, y eso no es una categoría jurídica clara y se ha confundido en explicarlo”, añadió.
“Lo que estamos viendo es un clásico debate en este marco populista, donde más bien importa lo que se connota con las palabras antes que el análisis jurídico y serio de lo que estamos hablando”, recalcó.
Pueblo mapuche en el Consejo Constitucional
El académico asociado del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia también se refirió al proceso constitucional y los derechos indígenas. En esa línea, Millaleo señaló que “este es el proceso más excluyente de todos los procesos que hemos tenido“.
Lo último en referencia a que “una de las condiciones en que se negoció para dar partida a este proceso, era reducir la participación que habían tenido los pueblos indígenas en la Convención (de 17 consejeros a uno)“.
“Por medio de reducir la representación indígena, se usó a los pueblos indígenas de chivo expiatorio del fracaso de la Convención, cuando -y yo he sido bien autocrítico- hay un conjunto de otras responsabilidades”, aseguró.
Pero adicionalmente, “la esperanza de que hubiera un texto claro que reconociera a los pueblos indígenas, no en ese nivel (de la Convención), tampoco estamos en presencia de eso. Más bien lo que se ha reconocido para los pueblos indígenas es lo mínimo de lo mínimo y de una manera sumamente vaga“.
Esto último en relación a que las mayorías de las enmiendas para los pueblos indígenas se rechazaron en las comisiones y en el Pleno, solo quedando el texto de la Comisión Experta que “en este tema ya era bastante pobre. Entonces, la verdad es bien decepcionante“.
