Junto con la conmemoración del 18 de octubre, esta semana se cumplen cuatro años del incendio en la bodega de la fábrica textil Kayser, comuna de Renca, donde se hallaron cinco personas fallecidas en condiciones que aún no se esclarecen. Como intento de dilucidar si la falta de resolución del caso se vincula a la inacción de organismos públicos, el Congreso Nacional instaló este año una Comisión Investigadora, presidida por el diputado Andrés Giordano (Indp-FA), cuyo informe final fue aprobado con votos de parlamentarios de oposición.
En conversación con Radio Universidad de Chile y como reflexión a cuatro años del 18-O y del caso Kayser, el diputado Giordano señaló que “uno podría, por lo menos, sostener que institucionalmente es poco lo que se ha podido avanzar en la dirección de las causas que motivaron a tanta gente a movilizarse“.
A la par de dicha observación, Giordano lamentó que frente a la respuesta “violenta” por parte del Estado -constatado por organismos internacionales-, en contexto del estallido social, existan todavía “innumerables casos, 10 mil denuncias de las cuales sólo el 0,2% (27 casos) ha tenido una respuesta satisfactoria por parte de la justicia“.
En ese marco aparece el caso Kayser que, a cuatro años, para el diputado “deja más preguntas que respuestas y que, además, evidencia sesgos institucionales por parte de diversas entidades partiendo por el Ministerio Público y Carabineros, pero también pasando por otra serie de problemas que dicen relación con acciones u omisiones que finalmente se transforman en negligencias por parte de otros organismos públicos como el Servicio Médico Legal”.
En detalle, el informe que evacúo la CEI-12-Kayser estableció, dado el análisis del Equipo Chileno de Antropología Forense (ECHAF), que los procedimientos realizados por el SML durante enero del 2022 se caracterizan por “ausencia de reportes que den cuenta sobre la posición de los cuerpos dentro del lugar de los hechos, falta de descripción de los protocolos de análisis y levantamiento de cadáveres, además de la inexistencia de una cadena de custodia o de su correspondiente informe”.
Respecto a dichas conclusiones, Giordano valoró que dentro de la comisión se lograra un convencimiento transversal “con opinión y participación de las diversas fuerzas políticas que componen el fragmentado Congreso que hoy día tenemos. Hubo votos favorables de este informe desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano“.
Paralelo a los cuestionamientos en torno a los factores que afectaron el desarrollo de la investigación, en el informe también se reprochó la falta de acceso a la justicia que se le debió garantizar desde un principio a las víctimas y sus familias, partiendo de la base que declaraciones de Carabineros y del Ministerio Público señalaron, desde el primer minuto, que las cinco víctimas habían muerto cometiendo el delito de saqueo.
Dichas declaraciones, a juicio de Giordano generaron un “manto de prejuicio y de estigma sobre el caso“.
El parlamentario señaló además que el proceso investigativo se encontraba “detenido” hasta que inició el trabajo de la CEI, con un sinnúmero de diligencias que las familias de las cinco víctimas querellantes no habían conseguido que fueran autorizadas por el Ministerio Público.
“Hay un hecho que es innegable. La causa estaba prácticamente detenida antes de que la Comisión Especial investigadora comenzara a hacer su trabajo, y una vez que ésta se constituye efectivamente, lo que nos comunican las familias es que el proceso nuevamente vuelve a andar, las diligencias se autorizan y comienzan todos los procesos y las distintas acciones de las instituciones involucradas”, afirmó.
A modo de ejemplo, la Comisión acreditó que el Ministerio Público no había entregado el informe planimétrico encargado de posicionar los cuerpos y que permite responder cómo llegaron las víctimas al lugar, y que solo estuvo disponible cuando comenzó el trabajo de la Comisión Investigadora.
El próximo paso para el informe de la CEI es avanzar hacia la Sala de la Cámara Baja, donde se espera sea sometido a votación a más tardar este mes de noviembre. En ese sentido, Giordano confía que “cuando esté en sala los 155 parlamentarios y parlamentarias puedan reflejar en ella la votación que también tuvieron quienes representaron esas sensibilidades políticas en la comisión, por tanto, esperamos que se apruebe unánimemente o de manera, por lo menos, muy mayoritaria”.
Entre las recomendaciones que entregó el informe se encuentra legislar para que protocolos como el de Minnesota sean obligatorios, particularmente cuando existan Estados de Excepción Constitucional, además de considerar el levantamiento de un sitio de memoria en las ex bodegas Kayser para reconocer las vulneraciones a los derechos humanos en contexto de estallido social.
