El pasado miércoles se cumplieron cuatro años desde el inicial estallido social, conmemoración que estuvo marcada no solo por la reivindicación de las demandas de las víctimas de violaciones a derechos humanos, sino que también por cuestionamientos de la derecha, que incluso catalogan las movilizaciones de 2019 como un “estallido delictual”.

En conversación con nuestro medio, la cientista política y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, señaló que ha habido una campaña de desprestigio y una resignificación del estallido social, que comenzó durante el trabajo de la Convención Constitucional: “La composición de ese organismo generó mucha desconfianza, quizá una Convención más equilibrada, con grupos políticos más equilibrados, hubiera sido capaz de encauzar mejor la demanda de cambio”, dijo.

La encargada de audiencias públicas del segundo proceso constituyente además se refirió al texto que está preparando el Consejo Constitucional. A su juicio, se trata de una propuesta “muy de extrema derecha”, que no responde al anhelo de la población por fortalecer los derechos sociales.

Esta semana, en el contexto de la conmemoración del 18 de octubre, el énfasis estuvo en los actos de violencia, pero se dejaron de lado las demandas que tuvo la ciudadanía durante esos días, ¿cómo se explica esto?

Yo creo que ha habido toda una resignificación del estallido social, desde hace ya varios años y que ha buscado expresar toda la movilización, desde el 2019 en adelante como pura delincuencia, como pura destrucción y como una acción de grupos extremos. Se ha dejado de lado la gran masividad que tuvieron esas expresiones de descontento, la gran masividad que tuvo la marcha del 25 de octubre y también la gran masividad que tuvo el apoyo a la nueva Constitución.

Si bien es cierto en ese proceso solamente participó un poco más de la mitad del padrón electoral, casi un 80% dijo que quería una nueva Constitución. Por lo tanto, yo creo que había, en el estallido y en el plebiscito de entrada, una clara visión de que el sistema político no estaba respondiendo a algunos anhelos básicos, bastante transversales, que no tenían un color político específico, pero que se relacionan fundamentalmente con demandas redistributivas y con demandas de inclusión política. Con redistributivas me refiero a la red de protección social en temas como salud, educación, pensiones, vivienda, trabajo, también la protección del medio ambiente y, respecto de la inclusión. Había reivindicaciones bastante claras respecto de la necesidad de políticas especiales de inclusión de las mujeres y de otros grupos que han estado subrepresentados en el sistema.

Esas demandas fueron muy importantes en el estallido social y luego, por razones políticas y a través de una campaña mediática, han quedado invisibilizadas detrás de la gran disrupción que generó en la vida normal de las personas el estallido social. No hay ninguna duda de que después del estallido, todos los chilenos y chilenas sufrimos consecuencias muy adversas, hubo un período al principio en que se suspendieron las clases, no podíamos circular por las calles, los semáforos no funcionaban. Es decir, hubo un costo para la vida de las personas con los actos de violencia que estuvieron asociados al estallido y hubo sin duda actos de vandalismo que no sé hasta qué punto estuvieron vinculados con las reivindicaciones sociales.

Entonces, el estallido social fue un evento tan masivo y tan remecedor, que incluyó todas estas dimensiones, incluyó dimensiones de claro carácter delictual, pero también las demandas de carácter más social y de inclusión.

Usted hablaba de un proceso de resignificación de todo lo que se vivió después del 18 de octubre. ¿Cómo es que cierto grupo político logró hacer esa resignificación, que solamente viéramos una parte del estallido e ignoráramos la otra?

Tiene que ver, en parte, con sectores que nunca quisieron el cambio constitucional ni el cambio social más en general, por intereses económicos o razones ideológicas, pero, también creo que sería muy ciego, de una visión muy corta, no considerar que hay personas que tenían mucha esperanza en el proceso al inicio y que fueron perdiendo esa esperanza cuando vieron las reformas que se estaban proponiendo y el tono de la discusión.

Hay que recordar que después del estallido, los sectores más conservadores no estaban en esta campaña de desprestigio. Antes de que se iniciara la Convención, estaban, por el contrario, con una actitud reflexiva, de contrición, diciendo: “Tenemos que ceder, tenemos que compartir nuestros privilegios, buscar un Estado más social”. Sin embargo, después de que se realizó la elección, con una Convención Constitucional con tantos independientes, con tantas personas de movimientos sociales y tan cargadas a la izquierda, esa expectativa de buscar un acuerdo transversal se perdió en los sectores más conservadores y en el centro y ahí adquirió mucha más fuerza la campaña de desprestigio.

No solo se desprestigió el estallido social, también se desprestigió lo que estaba ocurriendo en la Convención y se desvirtuaron los debates por ejemplo, sobre el tema indígena, se levantaron sospechas sobre el derecho de propiedad en la propuesta, se descalificó a los convencionales y la verdad es que había convencionales que tuvieron acciones que generaron escándalos, pero también los había muy serios, muchos abogados constitucionalistas, mucha asesoría de expertos internacionales y todo eso quedó completamente invisibilizado.

Como decía, yo creo que no se puede responsabilizar solamente a una campaña de medios o una campaña de desinformación, que sin duda la hubo, sino que también la composición de la Convención Constitucional generó mucha desconfianza. Quizá una Convención más equilibrada, con grupos políticos más equilibrados, hubiera sido capaz de encauzar mejor la demanda de cambio constitucional.

¿Pero cree que hay alguna posibilidad de revertir la situación, de que en el futuro se vea el estallido y a la Convención Constitucional de otra manera?

Sin duda, yo creo que la historia da muchas vueltas. Hoy día hemos visto como a la luz del auge de la extrema derecha y de los hechos que son anexos al estallido, como la pandemia, la guerra en Ucrania, se ha llegado a una resignificación por ejemplo, de la dictadura y de Pinochet. Vemos sectores que antes condenaban las violaciones a los derechos humanos y la dictadura que hoy día la reivindican y también las encuestas muestran que hay más personas que defienden la dictadura que lo que ocurría hace diez años. Con el estallido social, también puede ocurrir eso, los momentos políticos se leen a la luz de los hechos del presente y yo creo que los hechos de hoy, que están cargados muy a la derecha, tienen esta visión tan negativa del estallido social, pero no hay duda de que en un momento político distinto, estaríamos viendo otros aspectos del estallido.

¿Y en los próximos años podría haber otro movimiento como ese?

Yo creo que sí. Si las tensiones profundas en la sociedad chilena que alimentaron el estallido se mantienen, podría perfectamente ocurrir esto de nuevo. Hay muchos historiadores que dicen que en Chile, cada 50 años, hay un estallido social, porque tenemos un sistema político incapaz de canalizar las demandas. La política existe para canalizar el conflicto, para que el conflicto no termine en estallido, pero históricamente la política no ha funcionado bien en Chile.

Si no recomponemos ese lazo entre representantes y representados, si no recomponemos los sistemas de mediación política, si seguimos con instituciones como las que tenemos, con el peso que tiene el dinero en las decisiones políticas, posiblemente tengamos nuevas presiones sociales extremas como las que causaron el estallido.

Por un lado está el hastío ante la clase política que no logra representar las necesidades de las personas, pero por otro, ¿hay un deseo por un modelo más colectivo?

Yo creo que la sociedad chilena en general es muy individualista. Hay muchos estudios que nos muestran que no han sido en vano todos estos años de neoliberalismo y falta de protección social, de esta sensación de que en realidad uno no le debe nada a nadie, que se las tiene que arreglar siempre solo. Por lo tanto, yo no creo que haya un anhelo social de un modelo más colectivo, pero sí hay una demanda transversal y lo han mostrado las encuestas del PNUD y otras, de mayor protección social y eso requiere un rol más distributivo del Estado. La gente sí quiere tener mejores pensiones y sí quiere que el Estado se involucre en la provisión de pensiones, de salud, de educación, lo que no significa que quieran pasar a un modelo socialista o un modelo de vida colectiva, ni mucho menos.

Hay que aprender a leer estas demandas de una forma más compleja. La representación política no es ofrecer un modelo u otro y por eso se requieren partidos políticos, debate público y deliberación. Aquí la discusión no es entre un modelo de sociedad como los socialismos reales de Europa del este o una propuesta de neoliberalismo extremo como la que ha vivido Chile, sino que hay una gran convergencia centrista, a diferencia de lo que dice mucha gente, de que la sociedad está polarizada. Yo creo que la sociedad chilena tiene un acuerdo muy amplio en avanzar a una sociedad democrática, de mercado, con derechos sociales más robustos y con un rol más activo del Estado en la provisión de derechos sociales. Eso no está representado en la clase política, no ha sido eficaz la mediación política para convertir eso en las alternativas políticas que generan adhesión ciudadana.

“El proceso constituyente no es un fin en sí mismo”

¿Cómo ve el segundo proceso constituyente? ¿Hay alguna posibilidad de que la gente vote a favor de esta propuesta?

Yo creo que este segundo proceso ha tenido el vicio de excluir a la centro izquierda y ha sido cooptado por el Partido Republicano con posiciones muy maximalistas e identitarias, que tienen que ver con un concepto muy particular de la familia, de la nación chilena y también de la no intervención del Estado en derechos sociales. Eso no tiene posibilidades de generar una adhesión transversal. Hoy día todas las encuestas muestran que la gente se inclinaría por el rechazo de la propuesta tal cómo está, aunque todavía no está lista porque falta el trabajo de la Comisión Mixta, pero las señales que ha dado la mayoría en el Consejo, lo que se ha visto hasta ahora, es una total negativa a moderar sus anhelos y sus pretensiones. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos un texto muy de extrema derecha y que no concite el apoyo general de la gente.

En esta oportunidad usted estuvo a cargo de las audiencias públicas. ¿El Consejo tomó algo de ese proceso participativo?

Sí, el Consejo ha tomado elementos, pero como ocurre siempre con estos procesos participativos, lo que toman los representantes tiene que ver con aquellos elementos con los que ellos están de acuerdo. No se puede esperar que un representante de extrema derecha recoja una iniciativa popular de norma de izquierda, pero lo que sí se puede esperar es que los consejeros constitucionales escuchen a grandes rasgos qué es lo que está pidiendo la gente en la participación ciudadana y ahí yo creo que se han seleccionado iniciativas como “Con mi plata no”, las iniciativas más afines a la mayoría del Consejo, pero no se han escuchado otras, como por ejemplo la primera iniciativa popular de norma, que era la de los derechos animales.

Por otro lado, en términos más gruesos, lo que emerge de la participación ciudadana como un mensaje más global, más contundente, es la demanda por derechos sociales. Más de la mitad de las propuestas y de las audiencias públicas tenían que ver con demandas por derechos sociales y eso no está plasmado en el texto que se está presentando hoy día.

Si termina ganando la opción en contra, ¿qué debería pasar? ¿Se debería iniciar un nuevo proceso constituyente?

Yo considero que hay que entender que el proceso constituyente no es un fin en sí mismo, el proceso constituyente es una herramienta para procesar políticamente una demanda social muy mayoritaria. Si este proceso fracasa, lo importante es que se retome esa demanda por las vías que el sistema político estime convenientes, que probablemente no sean un nuevo proceso constituyente, sino que seguramente se busquen acuerdos, por ejemplo, en el Congreso, que lamentablemente hoy día no se ven y no están en el horizonte. Aquí el tema central son los avances que se puedan lograr en materia de derechos sociales y la responsabilidad es de la clase política.