Con una mirada crítica el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, se refirió a las reuniones protagonizadas por seis ministros de Estado y parlamentarios en el departamento del otrora alcalde de La Florida, Pablo Zalaquett. Esto, puesto que a juicio del expersecutor “hay pocas dudas de que son actividades de lobby”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Gajardo recordó que la Ley de Lobby “establece nítidamente cuáles son las actividades que se consideran lobby, cuáles son los sujetos obligados y establece las obligaciones que se tienen, sobre todo para hacer públicas, transparentes, las reuniones con personas que solicitan gestionar intereses”.
En esa línea, argumentó que “me parece que claramente estas reuniones en el domicilio del señor Pablo Zalaquett, una persona que se dedica al lobby, caen en esta conducta, porque se trata de reuniones en que se van a discutir temas que le interesan a los privados”.
En cuanto a la manera en que el Ejecutivo ha enfrentado la situación, el exfiscal aseguró que “el Gobierno se ha complicado en exceso para explicar esta situación, básicamente, intentando, desde la lógica jurídica, que estas no son conductas que están cubiertas por la norma. A mí me parece que eso está equivocado”, opinó.
Pese a que Gajardo reconoció que hay aspectos por mejorar en la Ley de Lobby, esto no sería “desde el punto de vista que lo ha señalado el Gobierno. Creo que la insuficiencia está sobre todo porque no hay buenos mecanismos para controlar las infracciones”.
“No recuerdo alguna oportunidad en que a alguien se le haya sancionado por haber infringido la Ley del Lobby y eso ya te dice algo muy nítido. Eso ha pasado muy poco, yo no recuerdo casos y creo que por ahí está la principal falla. Deberíamos tener sanciones más estrictas y métodos de investigación más rigurosos. Eso hace que como no hay mecanismos adecuados de sanción, en definitiva sea bastante gratis no cumplir la ley”, planteó.
Por otra parte, consultado sobre la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y su formalización por el delito de omisión vinculado a las violaciones a los derechos humanos en en el marco del estallido social, Gajardo afirmó que no se ha dejado actuar con normalidad a las instituciones.
“Lo que uno esperaría es el respeto a la institucionalidad para lado y lado, hay que respetar la presunción de inocencia del imputado, pero también hay que respetar la autonomía del Ministerio Público para tomar estas decisiones. En esta segunda parte es dónde estamos quedando al debe”, dijo.
En ese sento, el exfiscal apuntó sus dardos a la reunión en que los senadores de Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón, le entregaron su apoyo al líder de la institución uniformada.
“Ellos tienen una prohibición legal, una prohibición constitucional que impide que el Presidente y el Congreso se inmiscuyan en asuntos judiciales. Lo tienen prohibido por una cosa obvia, que tiene que ver con la separación de poderes, con el respeto a la autonomía de las instituciones. Un civil, un particular, puede hacer las críticas que estime pertinentes, pero un parlamentario eso no lo puede hacer”, recalcó.
