El pasado martes 16 de enero, el Presidente Boric anunció que revocará una serie de pensiones de gracia, concedidas a personas calificadas como víctimas del estallido social, luego de que se revelará que al menos 50 de ellas, tiene antecedentes penales.

La medida surgió luego de meses de presiones, en que figuras tanto de oposición como de oficialismo, han instado por marginar de las pensiones reparatorias a quienes han cometido delitos.

En contraste, la abogada experta en derechos humanos, Karinna Fernández, aseguró que la determinación del Gobierno de revocar las pensiones por vía administrativa, es un elemento más de la deficiente reparación que se ha ofrecido a las víctimas del estallido.

“Me parece que son decisiones que evidentemente van en contra de las obligaciones internacionales, particularmente respecto de víctimas de lo que se conocen como crímenes de Estado. Nosotros hemos sido críticos de todo el proceso en general, respecto de las reparaciones y no solo de esta mezquina decisión del Estado y del Presidente. Esto vulnera obligaciones internacionales y de hecho, podría generar una contienda a nivel internacional por parte de las víctimas”, afirmó la abogada.

En esa misma línea, Fernández enfatizó en que el cometer un delito, no le quita a las personas el derecho a ser reparadas por una vulneración.

“Las reparaciones tienen dos requisitos básicos. Que sea una afectación sufrida por un agente estatal y en segundo lugar, que exista un daño a partir de esa agresión. Ninguno de estos dos grandes requisitos que se han señalado por el derecho internacional, establece que la víctima no vaya a tener que cometer delito antes o después. Eso no es un requisito respecto de la calidad de víctima, son hechos en paralelo”, explicó.

“Ni siquiera el derecho penal en sus tiempos más antiguos mencionó como una sanción a un delito que te quiten las pensiones del Estado. Eso no solo no responde al derecho penal, sino que es absolutamente contradictorio y vulnerador de los principios que instaura la reparación”, complementó.

Del proceso de acreditación a las declaraciones de Monsalve

La abogada, representante de varias víctimas de vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido, aseveró que los problemas comenzaron hace bastante tiempo, cuando una glosa del Presupuesto 2021 dio la posibilidad para acceder a pensiones de gracia, a personas previamente acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En ese proceso, dijo Fernández, “nunca quedaron claras las etapas, las posibilidades o no de apelar, de recurrir, o mecanismos adecuados de protección sobre todo de la nómina de víctimas”.

“Además, me gustaría mencionar que de las víctimas que yo represento, ninguna postuló al proceso de reparación, justamente por lo mismo, porque me parecía que no daba las garantías. Tienen que haber salvaguardas adecuadas para la protección de las víctimas en estos procesos y esas salvaguardas no existieron nunca”, señaló.

En paralelo al proceso de acreditación del INDH, el Gobierno también organizó una mesa de reparación presidida por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la senadora independiente, Fabiola Campillai. Dicha instancia, elaboró, en conjunto con las víctimas, un informe con propuestas, que de acuerdo a la abogada de derechos humanos, aún no se toman en cuenta.

“El Gobierno justamente ha contradiciendo la propia mesa de diálogo que ellos organizaron y financiaron. Los resultados de esa mesa de reparación que creó no ha sido escuchada ni incluso por el propio Gobierno que la estableció”, acusó.

A todo lo anterior, sostuvo Fernandez, se agrega la posible revocación de algunas de las pensiones de gracia y unas declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve, sobre el proceso de otorgamiento del beneficio, que la abogada calificó como “complejas”.

“El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, misma institución que tiene a su alero a Carabineros de Chile, a varios de los implicados en estas causas que generaron estas reparaciones, señaló que este mecanismo debió haber protegido al Presidente Piñera y al Presidente Boric. Eso me parece altamente cuestionable, que una autoridad estatal manifieste que las leyes de reparación tienen que atender a proteger a las autoridades gobernantes en lugar de las víctimas. Eso contradice todo el derecho de lo que ha significado la reparación, no solo en Chile, sino que también a nivel internacional”, planteó.