Tras permanecer ocho meses en prisión preventiva, hoy el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la cautelar al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y decretó su arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición total de acercarse a los querellantes.

La decisión del órgano judicial tuvo que ver con este lunes el exedil entregó una nueva declaración ante la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en la que reconoció hechos que lo inculpan en el caso. A Torrealba se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. El imputado pagó más $220 millones “con el objeto de reparar el mal causado”, según declaró el fiscal Francisco Jacir, lo que le permitió dejar la prisión preventiva.

A la salida del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, el ex jefe comunal, negó haber reconocido delitos, pero señaló que entregó aspectos hasta ahora desconocidos sobre la investigación.

En ese sentido, el ex militante de Renovación Nacional (RN) dijo haberle “relatado los hechos al fiscal”. “Le aclaré muchos temas que la investigación no les ha permitido conocer aún. Y esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún”, dijo.

Asimismo, recalcó que “hay temas que yo he reconocido desde el primer día, y lo he reconocido el lunes ante el fiscal”.

Al respecto, el diputado de Acción Humanista y miembros de la Comisión Investigadora de las Corporaciones Vita, Tomás Hirsch, comentó que espera que se lleguen a “las sanciones más duras posibles” en este caso.

“Tiene que ser una señal clara y contundente de que no se va a permitir en Chile que personas que han sido instalas como alcalde por el voto popular terminen usando esos cargos para beneficio propio, generando unas brutales pérdidas para la ciudadanía, que cuentan con esos recursos para que se vaya a un mejor destino y no para que se vaya al bolsillo de estos verdaderos delincuentes”, explayó.

Igualmente, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, arremetió con la decisión del juzgado calificándola como “un suceso lamentable”.

“Claramente esto es un incentivo para que otros alcaldes que han caído en acciones corruptas hagan lo mismo, ya que prácticamente no les pasará nada. Esta es la repetición del caso de la señora Barriga donde prácticamente se quedan en sus casas pasando unas hermosas vacaciones de verano. Creo que es pésima la señal que ha dado el Poder Judicial, porque a los corruptos hay que darle sanciones ejemplificadoras para que no las vuelva a cometer nadie más”, enfatizó.

Por otro lado, el diputado de RN, Andrés Celis, aseguró que: “si bien este cambio de cautelar puede sonar fuerte, pero nuestro ordenamiento jurídico así lo establece, uno no debe confundir la justicia con la venganza”.

“Aquí no hay ningún privilegio en especial, sino que está aplicando lo que establece nuestra ley. Por lo mismo, mi llamado es que siempre la justicia debe aplicarse a todas las personas por iguales, para llegar a la verdad y terminar con conductas que atenten a cualquier práctica de corrupción”, subrayó.