En auto institucional y con una entrada absolutamente caótica arribó esta mañana el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para su formalización, donde figura imputado como autor de filtración de antecedentes de causas reservadas.
A su llegada no emitió comentarios, sin embargo, su abogado, Juan Carlos Manríquez, afirmó que Muñoz está “absolutamente arrepentido” de filtrar información bajo secreto al abogado Luis Hermosilla.
En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió la prisión preventiva para el ex jefe policial por “indiscutiblemente” advertirse delitos al artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos y del 246 bis del Código Penal.
Esto, pues el Ministerio Público cifró en 12 las filtraciones de causas secretas -vía Whatsapp-, que se habrían llevado a cabo apenas cuatro días después de que Muñoz asumió como máxima autoridad de la PDI, el 23 de junio del 2021, y que se extendieron hasta el mismo mes del 2022.
La persecutora jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente detalló que “nos encontramos al menos con cinco investigaciones, en una de ellas, que es la del ex director de la PDI, Héctor Espinoza, hay cinco revelaciones. En la investigación del Proyecto Dominga hay cuatro relevaciones. Y, además, nos encontramos con tres causas distintas, aquella que lleva el fiscal Jacir por el caso de la Municipalidad de Vitacura, una revelación; la que lleva el fiscal Retamal por el caso del exdelegado (Felipe Guevara), una revelación, y por el caso, del decreto Enjoy que lleva el fiscal Armendáriz también una revelación”.
En concreto, el ex jefe policial habría adelantado pesquisas que aún no se ejecutaban de dichas causas y filtrado oficios reservados por medio de imágenes, principalmente de la investigación sobre Héctor Espinoza.
Todo esto, según la declaración voluntaria que realizó Muñoz este lunes en Fiscalía, habría sido “con el afán de proteger el prestigio de la institución, en el caso de Espinoza, el prestigio de Policía de Investigaciones, y en el caso de otras causas, por tratarse de figuras connotadas y que él (Hermosilla) debía estar en conocimiento de estos antecedentes”.
En esa línea, el fiscal Felipe Sepúlveda dijo: “Consideramos que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y también estimamos que, en este caso, la libertad del imputado también constituye un peligro para diligencias determinadas de la investigación”.
Para la Fiscalía, “está en juego la integridad de las instituciones públicas” y calificaron los actos imputados a Sergio Muñoz como de “la mayor gravedad” y como “hechos de corrupción“. Cabe destacar que el Consejo de Defensa del Estado también se sumó a los pedidos de prisión preventiva aludiendo a “daño de la causa pública”.
Luego, en el turno de la defensa de Muñoz, el abogado Juan Carlos Manríquez, pese a confirmar la existencia de los mensajes, sostuvo que no hay constatación de un grave daño a la causa pública, sino que ello sería una “valoración social inexistente” en clave jurídica.
De esta forma, pidió el arresto domiciliario parcial de 12 horas, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los implicados, puesto que relevó que el exjefe de la PDI no opuso resistencia a las diligencias, que entregó elementos electrónicos, cuentas corrientes, y que incluso ha reconocido las conversaciones, mostrando colaboración con la investigación.
Manríquez apeló también a que Muñoz tiene a su cuidado una menor de edad con una situación médica acreditada y que pronto será sometida a una intervención quirúrgica, por lo que se hace necesario su presencia en el hogar.
En su resolución, la fiscal Francis Fell del Cuarto Juzgado de Garantía resolvió “indispensable” acoger la petición de prisión preventiva.
